Luis Federico Arias había sido suspendido de su cargo de juez en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata acusado de 21 cargos. Uno de ellos fue tipificado como “abuso de autoridad e intromisión en causas ajenas”. Fue el que utilizó el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, quien llevó adelante el proceso que terminó con la polémica remoción del magistrado, por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense.

Arias se había convertido en un escollo para María Eugenia Vidal, a partir de varias decisiones que le resultaron adversos a la gobernadora bonaerense. Por ejemplo, falló a favor de los trabajadores docentes cuando determinó que no debían recuperar los días de paro y, del mismo modo, en su momento rechazó aumentos de tarifas determinados por las autoridades.

Pero no sólo eso: también su accionar había resultado controvertido para Daniel Scioli, cuando gobernaba la provincia. En esa ocasión, por ejemplo, investigó la cifra de muertes en la inundación del 2 de abril de 2013 en La Plata, entre otras sentencias. Con la Provincia bajo la administración Vidal también tuvo enfrentamientos, 

Durante el proceso, el propio Arias había asegurado que estaba «siendo juzgado por haberle requerido al fiscal (Jorge) Paolini que no oficialice el número de muertos de la inundación” de abril de 2013. Y enfatizó: «No tienen causales contra mí, por eso han inventado todas estas cosas. Las verdaderas razones por las cuales yo estoy siendo juzgado no están explícitas en este juzgado, que a mi juicio tienen que ver con mi intervención en materia tarifaria, en el conflicto docente y de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Hemos tratado de poner límites al Poder Ejecutivo cuando consideramos que avasallaban los derechos de los trabajadores». En su ocasión, Arias recibió el apoyo de organismos como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales. El Colegio de Abogados de La Plata había elegido en 2017 a su juzgado como uno de los mejores del fuero en lo Contencioso Administrativo. 

El veredicto estaba pautado para el mediodía en el edificio Anexo del Senado bonaerense. Fue sospechosamente postergado en varias oportunidades, pero finalmente al anochecer se hizo público. Y se confirmó que sería condenatorio.

Julio Pettigiano, presidente de la Suprema Corte, estuvo a cargo del jury, que fue integrado además por los diputados Jorge D’Onofrio y Pablo Garate (Frente Renovador) y Santiago Révora (Unidad Ciudadana). Por Cambiemos, lo integraron el senador Roberto Costa y el diputado Walter Carusso. En representación de los abogados, lo integraron Fabián Ramón González (Morón); Diego Alejandro Molea (Lomas de Zamora); Osvaldo Enrique Pisani (San Isidro); Ambrosio Luis Bottarini (Pergamino) y José Alberto Apaz (San Martín).