Familiares de las víctimas denuncian el vaciamiento de la Unidad Fiscal AMIA

Los familiares y amigos de víctimas del atentado a la AMIA nucleados en la agrupación Memoria Activa denunciaron esta semana que existe un intento por «desmembrar» la Unidad Fiscal (UFI) creada en 2004 para investigar el ataque terrorista e intervenir en causas conexas. En los hechos, la UFI se quedó con sólo uno de los tres fiscales que habían sido designados para reemplazar al fallecido Alberto Nisman. Y no planea quedarse por mucho tiempo más. 

La preocupación quedó plasmada en el discurso que dio Diana Malamud, referente de Memoria Activa, frente al reconstruido edificio de la AMIA, en la calle Pasteur, en el acto que hizo su agrupación a 24 años del atentado. «Pareciera que intentan desmembrar lentamente la Unidad Fiscal AMIA, del mismo modo que ya desarticularon la Unidad de Investigaciones AMIA del Ministerio de Justicia», sentenció.

Con sus palabras durante el homenaje del 18 de julio, Malamud dio a entender que el Ministerio Público Fiscal, bajo las órdenes del procurador interino Eduardo Casal, está en sintonía con la Casa Rosada, que redujo al mínimo la Unidad del Ministerio de Justicia que debía colaborar con la investigación del atentado, luego de que su último titular, el radical Mario Cimadevilla, renunciara al cargo tras acusar al gobierno de intentar ayudar a algunos de los acusados de encubrir el atentado. A diferencia de aquella, la estructura de la UFI AMIA no fue disminuida y sus líneas técnicas siguen activas.

La UFI AMIA, que condujo Nisman hasta la noche en la que fue encontrado muerto en el baño de su casa, está ahora bajo las órdenes de Roberto Salum, fiscal federal de Reconquista, y único de los tres fiscales elegidos por la exprocuradora Alejandra Gils Carbó para hacerse cargo de la fiscalía en febrero de 2015.  Desde la actual conducción de la Procuración aseguran que no encontraron reemplazantes que quisieran ocupar los cargos de quienes fueron desplazados.

El 13 de febrero de 2015, Gils Carbó designó a los fiscales Salum, Sabrina Namer y Patricio Sabadini para hacerse cargo de la UFI AMIA, la Unidad Fiscal con mayor estructura de la Argentina. Pero esa formación duró poco: en octubre de ese año Sabadini volvió a la fiscalía federal de Resistencia que estaba a su cargo. Meses más tarde sería reemplazado por Leonardo Filippini.

A fines de 2016 quien dejó la fiscalía fue Namer, para asumir como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8. Y en su reemplazo, Gils Carbó promovió en marzo de 2017 el fiscal federal de Azul Santiago Eyherabide que además ocupaba un cargo en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que interviene en causas de corrupción.

Los cambios que hoy preocupan a algunos familiares de víctimas de la AMIA comenzaron tras la renuncia de Gils Carbó a fines de octubre de 2017, durante el prolongado interinato de Casal. El primero ocurrió a dos meses del comienzo de su gestión cuando desplazó a Eyherabide de su cargo en la PIA y dispuso que reasumiera sus funciones en la fiscalía federal de Azul. Ese movimiento lo alejó físicamente de la UFI AMIA, ubicada en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, frente a la Plaza de Mayo. 

El segundo cambio se produjo el 5 de julio de 2018 cuando Casal desplazó a Filippini de la UFI AMIA y lo designó como reemplazante del fiscal Pablo Parenti al frente de la Unidad Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado por seis meses. Filippini había aceptado cubrir a su colega por medio año pero, según fuentes judiciales, no imaginó que ese reemplazo implicara su alejamiento del caso AMIA.

Tras esos movimientos, la UFI a cargo de investigar el atentado quedó bajo las exclusivas órdenes de Salum, quien hace tiempo le había comunicado a Casal que, por cuestiones familiares, pretendía volver a su provincia (Santa Fe) lo antes posible. El plan de volver definitivamente a su pago se postergará por lo menos hasta que termine el juicio oral por el encubrimiento del atentado que ya lleva tres años y, según cálculos de fuentes judiciales, se extendería hasta fin de este año.

Desde la Procuración General indicaron a Tiempo Argentino que la actual situación de la UFI AMIA se generó por dos motivos: el primero es que la «transición» hasta la llegada de un nuevo procurador que se hiciera cargo de ese tipo de situaciones se prolongó más de la cuenta, y el segundo es que no consiguieron otro fiscal que quisiera asumir el compromiso pleno de dedicarse al caso.

Fuentes judiciales informaron a este medio que el fiscal general Pablo Ouviña, especializado en causas  por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, habría sido tentado por la Procuración para ocupar un lugar en la UFI AMIA, pero que, por lo pronto, no aceptó la propuesta. «

Dudas sobre la nueva fiscalía antiterrorista

Otro de los movimientos realizados por el procurador Casal que preocupó a los familiares de las víctimas del atentado fue el lanzamiento de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional que, según la resolución de su creación, colaborará con la UFI que investiga el atentado contra la mutual judía perpetrado en 1994. Esa secretaría dependerá de la Procuración Fiscal Penal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que encabeza el propio Casal y que seguirá a su cargo aun cuando concluya su interinato al frente de la Procuración.

“Hace pocos días el Procurador Interino de la Nación, Eduardo Casal, firmó una  resolución para crear una nueva fiscalía ‘antiterrorista’. Del texto no se desprende cuál sería la relación ni la intervención dentro de la causa AMIA», se quejó Malamud. Desde la Procuración tampoco explicaron a la UFI AMIA como sería la interacción entre ambas estructuras.