El cierre anual fue de carácter federal, participaron representantes de distintas provincias. Los problemas comunes en la región y en el mundo.
El conclave lo inició el secretario ejecutivo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), Alan Iud: “Organizamos tres espacios de intercambios temáticos, el primero centrado en el rol de las organizaciones sociales, no gubernamentales y de familiares de personas detenidas; estamos muy contentos de que participen”, expresó.
“Considero muy importante que estén hoy colmando esta sala, porque son las familias y las organizaciones sociales quienes articulan todo el tiempo con los mecanismos locales de prevención de la tortura. Hoy están aquí los representantes de las 15 jurisdicciones que forman parte del sistema”, valoró el secretario ejecutivo.
El segundo espacio estuvo destinado al debate sobre las distintas problemáticas en las cárceles, con eje en los establecimientos penitenciarios, incluidas las alcaidías y comisaria, y el tercero, se dedicó a discutir sobre el uso desmedido de las fuerzas de seguridad durante la protesta social y la violencia institucional en términos generales, explicó Iud.
La Ley 26.827 es la que establece el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en Argentina. Fue publicada en 2013, desde ese momento hasta la fecha se han conformado distintas direcciones y equipos de trabajo que realizan monitoreos.
Juan Manuel Irrazábal, presidente del CNPT aseveró: “Esta asamblea se está realizando en un contexto muy sensible de nuestro país, América y el mundo, donde debemos profundizar en la defensa de los Derechos Humanos. El sentido comunitario que tenemos como pueblo lo tenemos que enarbolar y defender a esta disciplina más que nunca”.
Irrazábal remarcó el trabajo que realiza el Comité. ”Quiero resaltar la labor de las distintas direcciones técnicas y de las y los comisionados, con quienes continuamente visitamos las instituciones de encierro, entrevistamos a las personas detenidas y elevamos informes en los que denunciamos los hechos y planteamos posibles soluciones”.
Y agregó: “Todo el trabajo que producimos está disponible para todos los aquí presentes. Porque la tarea más importante es que pudimos conformar un sistema responsable, ágil e inteligente de prevención de la tortura. El mismo tiene como ejes centrales, la cooperación y solidaridad”.
Este panel también estuvo integrado por Jan Jarb, representante para América del Sur del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). “Muchas de las problemáticas que aquejan a las cárceles de Argentina son similares a las del resto de América Sur y, hasta me animo a decir, del mundo entero, con algunas particularidades propias de cada punto de la región”, resumió.
Cabe destacar que -según los informes de todos los organismos de DDHH- la primera causa de muerte en todas las cárceles del país es la falta de atención médica. Es decir, son muertes evitables. “Por eso, es que las instituciones de encierro representan un gran olvido social y el desprecio por la vida humana de nuestros seres queridos”, expresó una madre, que tiene a su hijo “preso y padece consumo problemático”.
Otra de las problemáticas en todos los penales es la sobrepoblación. En esta línea, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) -que también participó en la jornada- trabajó en la construcción de la Ley de Cupos y realizó una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando la situación.
Durante toda la jornada pasaron distintas mesas de familiares de personas detenidas que expusieron distintas problemáticas de situación de encierro y sufrimiento que se extiende a todos ellos: “Necesitamos una discusión urgente sobre la prisión perpetua. Porque cuando dictan una sentencia de estas características están condenando a todo el grupo familiar a que tenemos que atender y visitar en las cárceles a nuestros seres queridos”, gritó una mujer en la sala.
En este marco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación -dos semanas atrás- dejó firme un fallo en donde declaró la inconstitucionalidad de la prisión perpetua en el país. Por eso los especialistas consideran que una sentencia de esta característica es contradictoria a la Ley de Ejecución Penal 12.256 de la Provincia de Buenos Aires y de la Ley Nacional de Ejecución Penal 24.660, porque rompen con la progresividad de la pena privativa de libertad y con el espíritu del derecho penal en términos generales.
“Una persona que está condenada a prisión perpetua está condenada a muerte, porque no tiene esperanza de rehacer su vida, ni de volver a su seno familiar y social. Sabemos de casos en los que las personas que enfrentan penas de esta magnitud prefieren que les den la eutanasia, es algo muy cruel”, finalizó la representante de los familiares de las personas detenidas.
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