“La aplicación del 2x1 en los juicios por crímenes de lesa humanidad implica grandes riesgos respecto de la obligación del Estado Argentino”, dice el informe.
La aplicación del beneficio 2×1 en los juicios por crímenes de lesa humanidad implica grandes riesgos respecto de la obligación del Estado Argentino, señalaron en una comunicación oficial enviada al Gobierno nacional, fechada ayer y divulgada hoy en el sitio en Internet de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh).
La nota pidió a la Corte Suprema que reconozca la extrema gravedad de los crímenes de lesa humanidad y el requisito de imponer penas apropiadas y proporcionales a las personas condenadas por estos delitos, y que revise el fallo que otorgó el 2×1 en un caso por crímenes del terrorismo de Estado.
La liberación anticipada de una persona condenada por crímenes de lesa humanidad con fundamentos contrarios a estándares internacionales, constituye un agravio a las víctimas, señalaron Houria Es-Slami, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y Pablo de Greiff, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
La exhortación de los expertos se concretó cuando la Corte Suprema considera la posibilidad de emitir un nuevo fallo sobre el beneficio conocido como 2×1, una norma derogada hace años que computaba el doble del tiempo transcurrido bajo el régimen de prisión preventiva a partir de los dos años.
El 3 mayo último, un fallo de la Corte, por mayoría de tres a dos, declaró aplicable la derogada ley 24.390 (2×1) en una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura.
Pocos días después, en el contexto de grandes manifestaciones populares de rechazo a ese fallo, el 12 de mayo el Congreso Nacional sancionó la ley 27.362, según la cual el 2×1 no es aplicable a delitos de lesa humanidad.
La Corte Suprema debe ahora emitir un nuevo fallo aplicable en casos en curso y solicitó a las partes que se expresen sobre la aplicación de la ley 27.362.
Los expertos de la ONU subrayaron que, al reducir la severidad de las penas impuestas, desconociendo la especial gravedad de estos delitos, (el fallo del 2×1) viola los principios que exigen la proporcionalidad de las sanciones y podría generar una situación de impunidad de hecho.
La búsqueda de beneficios y privilegios para quienes han sido declarados responsables de este tipo de violaciones es difícil de entender para las víctimas y la sociedad, y socava los esfuerzos en favor de la memoria y la reparación de las víctimas, puntualizaron.
Los expertos insistieron en señalar esos efectos del fallo de la Corte «no sólo porque estos delitos son particularmente graves, sino también porque esta decisión ocurre en un contexto donde la lucha contra la impunidad ha sido larga y difícil, y que no sólo en Argentina sino globalmente, está lejos de ser ganada.
Los expertos también hicieron un llamado al Gobierno argentino a reducir la demora en los juicios por crímenes de lesa humanidad y fortalecer las instituciones que dan apoyo a estas causas.
En la nota, hicieron además un reconocimiento a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en las que el Estado argentino ha demostrado «avances considerables», también destacaron avances anteriores de la Corte Suprema y en ese contexto subrayaron su preocupación por el fallo del 2×1 en el caso Muiño, por delitos de lesa humanidad, y pidieron a la Corte que lo revise.
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