El secretario de Salud del municipio de La Matanza, Alejandro Collia, se sumó a las críticas de los sanitaristas a la intención del gobierno nacional restringir el acceso universal a la salud pública y reconvertir el sistema en una canasta básica de prestaciones médicas. «En Argentina tenemos cobertura universal en salud, ya que todos los ciudadanos acceden o bien a la infraestructura y los servicios públicos, al sistema de la seguridad social o al sistema privado. De manera que la universalidad de la cobertura es algo que ya existe, lo que debemos mejorar y mucho es el acceso, la calidad y la equidad de las prestaciones», sostuvo.

«El año pasado, el gobierno se jactó con la supuesta puesta en marcha de la Cobertura Universal de Salud (CUS), financiado con 8000 millones del Fondo Solidario de Redistribución perteneciente a la seguridad social. Y ahora relanza esa estrategia nunca ejecutada, que es sólo un enunciado de atención, y que al final no tiene contenido», criticó Collia.

Tiempo reveló en su edición del domingo que el ministro del área, Jorge Lemus, dará el puntapié inicial con esta reforma al entregar en Mendoza 120 mil credenciales a personas que, por trabajar en la informalidad o ser desocupadas, no tienen acceso a obras sociales sindicales o a la medicina prepaga.

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El macrismo creará la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de la Salud (AGNET). El organismo, que debe ser creado por ley, está especialmente en la mira del sindicalismo ya que decidirá qué medicamentos y tratamientos serán parte del PMO y definirá la cobertura de los tratamientos de alta complejidad y costo.

«A poco de cumplir dos años, la gestión sanitaria de Cambiemos se caracteriza por un retroceso acelerado en el acceso y la equidad de casi todos los servicios de la red de salud pública. Incluidos los medicamentos, un bien esencial», diagnosticó el sanitarista.

Collia detalló que «lo único cierto y tangible es que hoy la ecuación gestión-costos le ha ganado por completo a la salud como derecho, y se han limitado y hasta eliminado prácticas y tratamientos que brindaba el sistema público, como: la reducción de la provisión y distribución del Plan Remediar, que son los medicamentos esenciales para la población con menores recursos económicos y con mayores problemas de salud; la casi desaparición de la fertilización asistida gratuita; la reducción de trasplantes (disminuyeron 10%), la falta de entrega de preservativos e insumos de Salud Sexual (aumentaron los casos de sífilis, 37% en hombres y 29% en mujeres); la falta de medicamentos para el tratamiento de pacientes con tuberculosis, VIH, hepatitis B y C, y fibrosis quística; la restricción de la prestación de medicamentos para los 5 millones de jubilados afiliados, y el aumento del costo de los medicamentos en un 95% promedio».

«No hay ninguna política para mejorar los recursos humanos, ni para fortalecer los hospitales y los servicios públicos de salud, cuestión clave si se tiene en cuenta que el propio ministro de Salud sostuvo en su presentación que el CUS se iba a ‘apoyar en la infraestructura hospitalaria’. Lejos de los postulados que le dieron vida, las señales emitidas hasta el momento hacen inferir que el CUS irá en detrimento de la financiación y fortalecimiento de la salud pública, y redundará en una mayor inequidad en el acceso y en los resultados sanitarios», concluyó.