Tras el acuerdo firmado con Gran Bretaña, los ex combatientes de la guerra de Malvinas se mostraron enfadados y afirmaron que el gobierno nacional está incurriendo en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, al alejarse del mandato constitucional de ratificar la soberanía sobre las islas del Atlántico Sur.
La política que decide el presidente Mauricio Macri llevar adelante sobre la cuestión Malvinas y ejecutada por su canciller Susana Malcorra se aleja del mandato constitucional que debemos cumplir los argentinos, dijo Ernesto Alonso, secretario de relaciones institucionales del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata.
Desde ese centro de ex combatientes, uno de los más numerosos y activos del país, están analizando la posibilidad de presentar una denuncia ante la justicia por el eventual delito.
Macri y Malcorra están incurriendo en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, al no cumplir con la primera disposición transitoria de la Constitución nacional, sostuvo Alonso, recordando la normativa de la Carta Magna que destaca el reclamo argentino legítimo e imprescriptible de soberanía sobre las islas.
No cumplir con esta disposición es un delito constitucional, además de fomentar la violación de legislación vigente como la ley 26.659 de hidrocarburos que castiga a las empresas que realicen tareas de exploración y explotación sin el permiso del Estado argentino en la plataforma continental argentina y en torno a Malvinas y la ley 26.386 que establece el régimen federal de pesca, agregó.
Se olvidan de las políticas de estado que hacen referencia a la cuestión Malvinas desde la reforma de la constitución, leyes vigentes y la declaración de Ushuaia de 2012 que en forma conjunta los senadores y diputados de la Nación de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, incluido Federico Pinedo del PRO, fijaron políticas en común sobre Malvinas, concluyó.
