Aníbal Gauto es un ex espía civil del Ejército que se refugió en Israel hasta 2018. Está acusado de crímenes de lesa humanidad en La Cacha, el centro clandestino donde estuvo detenida la hija de Estela de Carlotto.
El reclamo de Gauto se produjo ante el juez Adolfo Gabino Ziulu, quien subroga el Juzgado Federal N°1 de La Plata, luego de que incorporara como abogado a José Losinno, abogado platense con experiencia en la defensa de represores: representó al espía civil de la inteligencia del Ejército Claudio Grande, condenado en el juicio por los crímenes cometidos en La Cacha.
Gauto está acusado de participar en los crímenes cometidos en ese centro clandestino que dependía de la Inteligencia del Ejército. La querella de Abuelas de Plaza de Mayo se había negado al pedido de sobreseimiento que había realizado Losinno antes de ser designado legalmente como defensor, y el abogado de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación habían rechazado la eximición de prisión en junio del año pasado.
El represor pide ser desvinculado de la causa que llegó a juicio en 2014 y que él evadió porque se mantuvo prófugo de la justicia hasta el año pasado, cuando el Juzgado N°1 le otorgó la eximición de prisión. Hasta entonces, pesaba sobre él una recompensa de 500 mil pesos. La decisión de cesar su pedido de captura se produjo luego Israel, donde residía desde 2003 en la ciudad de Haifa con el nombre de Yosef Carmel y casado con una ciudadana israelí, se negara a extraditarlo.
Teodoro Aníbal Gauto está acusado de colaborar con el Ejército prestando funciones en el Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata entre los años 1975 y 1979, como personal Civil de Inteligencia (PCI). Según un informe realizado por la Secretaria de Derechos humanos de la Nación, en ese destacamento, el acusado tuvo “un rol preponderante en el terrorismo de Estado, tanto en lo referente al señalamiento de las personas a detener, como así mismo en la dirección de los interrogatorios que se efectuaban bajo torturas”.
En el juicio de 2014 en el que se condenó a 19 represores por cometer delitos de lesa humanidad en el Centro Clandestino de Detención conocido como “La Cacha”, la sobreviviente Silvia Cavecchia lo reconoció a través de fotografías como uno de los guardias de La Cacha.
El Tribunal Oral Federal N1 no lo pudo sumar al listado de acusados porque Gauto se encontraba en Israel y ese país negó un pedido de extradición.
La Cacha estaba bajo las órdenes del Destacamento de inteligencia 101 de Ejército, pero en su funcionamiento participaban tanto integrantes del servicio penitenciario, la Policía bonaerense y la marina. Se encontraba en un predio lindero a la cárcel de Olmos y actualmente el edificio no existe porque fue derrumbado. Apartir del testimonio de sobrevivientes, la justicia pudo reconstruir una lista con 136 víctimas identificadas que pasaron por La Cacha mientras estuvo en funcionamiento entre los años 1976 y 1978. Se calcula que hay más de doscientas victimas más sin identificar.
A raíz de las investigaciones llevadas adelante por el periodista Argentino-israelí Shlomo Sluzky, sobrino de Samuel Sluzky (detenido-desaparecido visto en el CCD La Cacha), pudo determinarse en el año 2015 que Teodoro Anibal Gauto se encontraba prófugo en Israel, país al que emigro en el año 2003. Ante varios pedidos de extradición por parte de la justicia argentina, todos fueron rechazados por el gobierno israelí a pesar de que quedo demostrado que ingresó de manera irregular a ese país ya que en su declaración jurada manifestó no tener causas penales pendientes, siendo que figuraba en su contra una causa por defraudación a la Administración Publica Nacional Argentina del año 1998.
En el año 2017 Shlomo Sluzky realizó un documental titulado “El vecino indeseado-Aníbal Gauto, profugo de Argentina asilado en Israel” que fue emitido por la TV Publica israelí, y ahí además de presentar el caso se puede escuchar una conversación telefónica entre él y Gauto, donde este ultimo confiesa las causas en su contra. Además en la comunicación, Gauto confesó que ordenaba la información recibida y la rotulaba como “comunista”, “marxista leninista” u otras categorías a los sospechosos que luego eran desaparecidos, torturados y asesinados.
Shlomo Sluzky concluye diciendo que “hay una obligación en indagarlo. La fiscalía tiene el deber establecido por ley de escuchar a las víctimas y a sus familiares antes de decidir la desvinculación del caso. Yo y otros más pedimos ser escuchados”.
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