Estado de derecho esfumado

Por: Paula Álvarez Carreras

  Al conocerse el veredicto de absolución para Milagro Sala el 27 de diciembre de 2018, sobre un hecho que la sindicaba, como coautora de tentativa de homicidio de Alberto Cardozo; se respiró un nuevo aire en los Tribunales jujeños. Así como con la decisión del Tribunal Criminal n°3, de la causa “Pibes Villeros” que dispuso al día siguiente, el traslado de Milagro a su domicilio real en barrio Cuyaya. Decisión largamente esperada, y en consonancia con lo dispuesto por Organismos Internacionales como la CIDH y la Corte IDH, que ordenaron al Estado argentino morigerar la prisión preventiva de Milagro, para imponer medidas menos gravosas, como en el caso, la prisión domiciliaria.  

La importancia de estas decisiones, trasciende naturalmente por su protagonista: la primera presa política de Argentina, principal opositora del Gobernador jujeño, Gerardo Morales quien la tilda, en cada oportunidad que tiene, de “chorra o corrupta”.

En este último juicio en el que fue absuelta, conocida como causa de “la balacera de Azopardo” –por el nombre del barrio en el que sucedieron los hechos- no podemos dejar de destacar los gravísimos hechos que se conocieron durante el debate, en el que fueron juzgados: Milagro, Alberto Cardozo y Fabián Ávila. Se conoció que dos de los imputados fueron sometidos a torturas, y presionados por un juez, para que declaren contra Milagro; con la promesa de ser beneficiados con su libertad.

Ese ofrecimiento también fue realizado a sus familias en el año 2016, cuando la causa aún tenía como imputados, a Jorge Paes y Fabián Avila, acusados de haber intentado matar a Alberto Cardozo (quien pasó luego de ese año, de víctima a imputado y preso en esta causa). Jorge Rafael Paes, luego de su declaración indagatoria en la que dijo que Milagro “ordenó matar a Beto”; recuperó su libertad y fue sobreseído.

Paes fue testigo en este juicio y llegó como “testigo protegido” ya que el Juez Pullen Llermanos, el que lo sobreseyó de la causa, ordenó esa protección y lo reubicó en otra provincia.

Estos lamentables hechos sucedieron en el marco de la investigación penal que estuvo a cargo del Juez de instrucción Pullen Llermanos y el Fiscal Cussel. Motivo por el que pedimos como defensoras de Milagro que se extraigan copias de las declaraciones de los afectados, y que se investigue a los funcionarios.

Inmediatamente después de conocida la sentencia, emergió aquello que resulta a esta altura indiscutible, que es la constante pretensión desde el poder político de intentar incidir en el poder judicial para mantener presa a Milagro.   

 El Gobernador escribió en Twitter “vergonzoso fallo que absuelve a dos delincuentes como Sala y Cardozo”. Mariano Miranda, Fiscal de Estado, comunicó oficialmente en la página web oficial: “El Gobierno rechaza el fallo absolutorio de Milagro Sala porque es vergonzoso ver cómo se garantiza la impunidad a través de esta sentencia”. Y el Ministro de Gobierno y Justicia, días atrás, opinó sobre la autorización que el tribunal le dio a Milagro para asistir al velorio de una de sus hijas del corazón, dijo: “El tribunal se equivoca porque no se puede andar cambiando las cosas a favor de un solo detenido de la provincia”, y dijo que en Jujuy no debe haber presos VIP.

Recordemos que habiendo asumido el Gobierno radical en Jujuy se aumentó el número de integrantes del Superior Tribunal de Justicia, cargos que fueron ocupados por ex diputados radicales; se creó el Juzgado contravencional, el Poder Ejecutivo nombró a su titular, y se juzgó a Milagro Sala y a la Asociación Túpac Amaru con el código contravencional por el acampe que se hizo frente a casa de gobierno. Entonces, estas opiniones pueden no sorprendernos, desde la sinceridad de Morales, cuando dijo que iba a meter presa a Milagro   y que tenía numerosas causas contra ella.

Pero aun así, el Estado de Derecho no puede quedar esfumado. No pueden los poderes públicos inmiscuirse uno en la función del otro; ni ejercer presiones o manifestar opiniones que avanzan sobre esa división. No al menos, si lo que quiere es dejar actuar a la justicia, como lo manifestó reiteradas veces. Aunque claro, la justicia parece no haber cubierto esas expectativas. Milagro lleva casi tres años presa; enfrentó cuatro juicios y no tiene ninguna condena firme.

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