Espionaje ilegal: buscan pruebas sobre la compra de equipos para espiar a exfuncionarios presos

Por: Néstor Espósito

El juez federal de Lomas de Zamora emitió una orden de presentación a la empresa que importa esos equipos para que entregue voluntariamente documentación sobre cámaras, micrófonos y grabadoras compradas para espiar en el penal de Ezeiza y de Melchor Romero.

El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé ordenó medidas de prueba para determinar cómo fueron comprados los equipos de espionaje ilegal instalados en una cárcel federal y otra bonaerense como parte de la investigación por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos.

El juez hizo lugar a un pedido de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide y establece una “orden de presentación” contra la empresa Radioset S.A., que –según la documentación recopilada en la causa- fue la importadora de los equipos utilizados para el espionaje ilegal.

La medida fue dispuesta para ser llevada a cabo en la sede de la empresa, en la calle Murguiondo al 300, de esta Capital.

El sistema ilegal de espionaje abarcaba al pabellón IRIC de la cárcel de Ezeiza, donde estaban alojados varios ex funcionarios del gobierno 2003-2015 acusados por corrupción, y también el penal de Melchor Romero, presuntamente destinado al encarcelamiento del dirigente sindical Pablo Moyano, que finalmente no se concretó.

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“Si bien los documentos mencionados resultan ser referidos a personas privadas de su libertad en la órbita del Servicio Penitenciario Federal, se detectó que la organización criminal investigada también actuaría dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense al menos por medio de Andrés Rodríguez, quien fuera identificado como ‘Andrés’ en el grupo de Whatsapp Súper Mario Bross”, detectado en los teléfonos secuestrados en el marco de la investigación.

“Se pudo establecer que el importador” de dos lotes de cámaras, micrófonos y grabadoras de DVD fue Radioset.

La orden de presentación es un paso anterior al allanamiento. “Puesto a resolver en punto a lo solicitado y a efectos de obtener copia de toda la documentación relacionada a las operaciones comerciales correspondientes (modalidad de pedido; nota de pedido y/o encargo; presupuestos; remitos; constancias de entrega y/o retiro; comprobantes y forma de pago; datos filiatorios de las personas físicas que realizaron la operación en representación del comprador y el vendedor y quien recibió la mercadería; domicilio y fecha de entrega) de los elementos detallados”.

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Esos elementos, según documentación a la que accedió Tiempo, son “video cámaras marca Smart Pixel, correspondiente a los lotes de importación 000242338361 y 000242337469, equipo DVR marca Alhua, modelo DH-HCVR5104HE-S2, un derivador de 4 canales, Un Power Supply, modelo UP 1210 y una batería marca MicroCell MC7-12”.

La orden de presentación supone una entrega voluntaria por parte de la empresa de la documentación solicitada. No obstante, “para el caso que el requerido se niegue a cumplir la orden de presentación, en forma conjunta, líbrese orden de allanamiento del inmueble en cuestión a efectos de proceder a su registro y al secuestro de los elementos reseñados”.

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