Eran las 20:15 cuando Sergio, el hermano de la víctima –junto con el perito Alejandro Incháurregui y el juez federal Gustavo Lleral– organizaba la extracción de los restos mortales del río, iluminado solo con linternas y luces de los celulares. En aquellas circunstancias ocurrió el arribo del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, escoltado por el inefable funcionario del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané, y dos asesores de menor rango del Ministerio de Justicia. Por su investidura, el primero pretendía ser atendido en el acto. Y la insistencia del segundo hizo que los cuatro fueran ahuyentados a piedrazos por los pobladores. La estampa gordinflona de Cané logró treparse a la camioneta cuando su conductor ya pisaba el acelerador.
Al día siguiente los restos de Santiago llegaron a la Morgue Judicial de la calle Talcahuano.
“No hay lesiones en el cuerpo”, supo soltar el juez Lleral al concluir la autopsia preliminar. Lo dijo sin añadir que eso de ninguna manera desdibujaba la condición criminal de su deceso. Quizás la parquedad del magistrado haya tenido el loable propósito de no enturbiar las elecciones del domingo siguiente. Pero su antojadiza frase había caído sobre millones de almas con el mismo peso que una gigantesca roca en el océano. ¿Acaso se trató de una “muerte accidental” en medio de una cacería represiva y desaforada? Un dislate únicamente comparable a suponer que alguien puede congelarse en un incendio.
La frase del magistrado obviamente incidió en el acto electoral.
Envalentonada por su victoria en las urnas, Elisa Carrió, la vaca sagrada de la alianza Cambiemos, se apuró en arrancarse el bozal que oportunamente le había colocado el equipo de campaña, para insistir: “Yo no me arrepiento de lo que digo”, y acusó a los familiares de Santiago Maldonado de “construir un desaparecido”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a su vez silenciada por expresa orden presidencial, supo expresarse a hurtadillas al respecto con un “me gusta” en el tuit de una tal @Eugeniamorocha, que exigía al hermano de la víctima un pedido de disculpas por acusar del hecho a los gendarmes. Lo cierto es que cavernícolas de toda laya, y también trolls en idílica armonía con opinadores televisivos y editorialistas de los diarios más influyentes del país, se permitieron pareceres semejantes.
En cambio, más mesurado se exhibió el ministro de Justicia, Germán Garavano, al señalar: “Escuchamos la conclusión del juez y los peritos sobre la ausencia de lesiones. Eso despeja muchas cosas; pone en crisis muchos testimonios que dijeron que hubo golpes y lesiones”. Un desvío “gradualista” de la culpa.
Santiago fue inhumado durante la cálida mañana del 25 de noviembre en el cementerio de 25 de mayo, su ciudad natal. Pero aún así es improbable que descanse en paz.
Lo cierto es que el Cuerpo Médico Forense, cuyo informe definitivo fue avalado por 28 peritos, llegó a la conclusión de que su fallecimiento sobrevino debido a un “ahogamiento por sumersión con un cuadro coadyuvante de hipotermia”, aunque sin establecer la fecha exacta de esa muerte ni habiendo despejado su carácter criminal. No menos cierto es que la víctima fue vista por última vez en medio de una virulenta incursión de la Gendarmería al territorio mapuche. Pero eso es lo de menos. En rigor, esa autopsia algo fragmentada bastó para que las máximas autoridades del país dieran por esclarecido el caso de manera unilateral y consideraran salvado su buen nombre y honor.
Pero el destino quiso que por aquellas mismas horas, en una elevación pegada al lago Mascardi, cerca de Bariloche, una bala de la Prefectura matara a Rafael Nahuel. Vueltas de la posverdad.
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