Con la vuelta a la presencialidad tras la pandemia, el equipo del Archivo y Registro de Leyes del Senado de la Nación comenzó a hacer un relevamiento de todo el material que se encontraba en el edificio cuando se encontraron con una sorpresa: una bolsa de documentos en un depósito del subsuelo con la sigla CAL escrita por afuera. Al revisar los papeles, descubrieron material original sobre el funcionamiento de la Comisión de Asesoramiento Legislativo de la dictadura. A esos documentos se sumó otro hallazgo: cajas con copias certificadas de la CAL que estaban dentro del archivo pero no habían sido clasificadas.

Los documentos encontrados tienen información muy variada. Una parte está vinculada con la labor legislativa, que incluye unas 80 presentaciones que realizaron particulares y entidades que tenían algún interés en un proyecto de ley o una norma ya sancionada. La gran mayoría, sin embargo, son documentos administrativos que permiten reconstruir detalles de funcionamiento administrativo de la CAL y cómo afectaba a los trabajadores que siguieron empleados en el recinto.

Tras casi dos años de trabajo en el análisis y clasificación, el material se hizo público para ser consultado. Quienes quieran acceder, lo pueden solicitar a través de la Dirección de Atención Ciudadana y Documentación ([email protected]).

La CAL comenzó a funcionar un mes después del golpe. Los nueve militares, tres representantes de cada Fuerza Armada, utilizaban el edificio del Senado y buena parte de la planta del Congreso: taquígrafos, mantenimiento, empleados de las diferentes comisiones y de Información Parlamentaria.

«Los documentos permiten ver el nivel de control y de militarización que tuvo ese espacio. El delegado de las Fuerzas Armadas resolvía distintas situaciones, desde una licencia por maternidad a una baja. Hasta para pedir una licencia necesitaban la resolución de un militar», explicó la historiadora Lilian Ortellado, subdirectora del Archivo y Registro de Leyes.

La militarización significó una persecución constante de los trabajadores: les cambiaron sus funciones y muchos fueron cesanteados y despedidos en el marco de un «proceso de depuración del personal del Congreso de la Nación», según señalan los documentos. Hubo, además, trabajadores y trabajadoras secuestrados y desaparecidos, como Sara Ponti, quien había sido asesora de la Comisión de Minoridad y Salud del Senado. Su expediente muestra que dejó de ir al Congreso poco después del golpe, que la investigaron e incluso fueron a buscarla a su casa y en 1978 la cesantearon. Poco tiempo después fue secuestrada y llevada a la ESMA.

A través de los archivos encontrados también se puede reconstruir la transición desde la democracia hacia el régimen autoritario. Las carpetas y expedientes que encontraron tienen tachadas las palabras «Honorable Senado de la Nación» para reemplazarlo por CAL. Lo mismo con los sellos y las cajas. Con el tiempo, todo lo que aludía al período democrático fue reemplazado por material de las Fuerzas Armadas. «Es muy fuerte ver en papel toda esa transición. La imagen que teníamos era que la CAL fue como algo más light pero puertas adentro vemos que realmente se quiso borrar, desterrar la idea de un Congreso bicameral democrático», analizó Ortellado.

La CAL y las leyes de la dictadura

Como publicó Tiempo en 2017 junto a Memoria Abierta y Sin Fin, la CAL tuvo un rol central para el cambio estructural de la sociedad que proyectaba la dictadura cívico-militar y fue el único régimen militar en crear un organismo específico para el dictado de leyes.  Además de esa función principal, funcionó como un lugar de negociación interna, donde se podían resolver las disputas entre las distintas facciones.

De las más de 2000 leyes que se sancionaron entre 1976 y 1983, más de 400 todavía siguen vigentes. Algunas de ellas son muy importantes, como la de Entidades Financieras, el régimen penal juvenil, el Código Aduanero y la ley para el personal de la Policía Federal.

Entre los documentos que refieren a la labor legislativa de la CAL encontrados en el subsuelo del Senado están las presentaciones de diferentes actores que buscaban apoyar o rechazar un proyecto o una ley vigente. Varias de esas carpetas se refieren a la larga discusión sobre la ley de Entidades Financieras en la que federaciones y cámaras que nucleaban a cooperativas de crédito manifestaron su rechazo al proyecto que buscaba prohibir las cajas de crédito cooperativas a partir de un pedido de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA). Las presentaciones fueron acompañadas por movilizaciones y una campaña en medios que logró revertir algunos puntos de la ley, que finalmente no prohibió pero sí limitó las posibilidades de la banca cooperativa.  «