En una carta pública, intelectuales macristas acusan al gobierno de imponer una «infectadura»

De todos los neologismos que pudieron imaginar para atacar al gobierno, unos trescientos intelectuales macristas eligieron “infectadura”. Con ese término buscan referirse a las medidas tomadas por la pandemia del Covid-19,  y los riesgos que implican para las libertades individuales. Alojados en el ala más radical explican que se trata de “un eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones de laboratorio y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones”.

La carta pública, que se titula «La democracia está en peligro», cuenta con las firmas de Juan José Sebreli, Santiago Kovadloff, Luis Brandoni, Darío Lopérfido, Sandra Pitta, Daniel Sabsay, Fanny Maldelbaum, Eduardo Antín (Quintín), entre los más conocidos. El envión probablemente lo tomaron cuando el primero de ellos apareció en un programa de un canal del Grupo Clarín llamando a la desobediencia civil y comparando el operativo sanitario de Villa Azul con el gueto de Varsovia.

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Los firmantes establecen una conexión entre el discurso de Leopoldo Lugones, llamando al golpe de Estado de 1930 (“Ha sonado la hora de la espada”) con la expresión de Alberto Fernández acerca de la necesidad de la actuación estatal para enfrentar la epidemia (“la hora del Estado”) y lo culpan contra toda evidencia de ineptitud: “no controló a tiempo las fronteras y decretó una cuarentena en forma improvisada”. En ese mismo tono, sostienen que Fernández se encontraría en un lugar de excepción y  cierran su carta exhortando a que “acate” las normas de las que alegan se habría apartado: “Es hora que el presidente haga lo mismo”.

“La democracia está en peligro. Posiblemente como no lo estuvo desde 1983. El equilibrio entre los poderes ha sido desmantelado. El Congreso funciona discontinuado y la Justicia ha decidido una insólita extensión de la feria, autoexcluyéndose de la coyuntura que vive el país”, alegan en otro párrafo. Si bien los medios de comunicación se hacen eco de la carta, dada la importancia de hacer escuchar todas las voces, ningún intelectual de porte se sometió a responderles. Aunque sí ha sido ocasión de todo tipo de cargadas en las redes sociales.

Federico Andahazi, Jorge Sigal, Rodolfo Pousá, Néstor Sclauzero, Pablo Ciarlero y otros exfuncionarios macristas también suscribieron el texto.

El texto completo

El mundo enfrenta un momento especial a raíz de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, conocida como COVID 19. Si bien ningún país estaba preparado para esto, la primera reacción del gobierno argentino fue negar la existencia del problema, a pesar de las advertencias desde un sector independiente de la comunidad científica y de la política.

Del mismo modo, se desestimó el planteo de testear, rastrear y aislar casos, no controló a tiempo las fronteras y decretó una cuarentena en forma improvisada, sin presentar ningún plan ni una posible fecha de finalización. Como única explicación se exhibieron logros parciales, al compararse erróneamente con otros países, y mostrando con anticipación supuestos éxitos, cuando debería predominar la cautela y el realismo.

El presidente Fernández anunció que comenzaba “la hora del Estado”, una expresión que recuerda a la famosa frase de Leopoldo Lugones y describe un fenomenal avance en la concentración del poder para eludir cualquier tipo de control institucional.

En nombre de la salud pública, una versión aggiornada de la “seguridad nacional”, el gobierno encontró en la “infectadura” un eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones de laboratorio y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones.

En dos meses, hubo un número alarmante de detenidos y sancionados en nombre de su propia salud. La detención, seguida de muerte, de Magalí Morales y Luis Espinoza se convierte en responsabilidad del gobierno nacional, que ha creado las condiciones para que esto suceda. Miles de argentinos quedaron varados en el exterior y en el interior, mientras provincias y ciudades se han cerrado como condados medievales. Clases suspendidas, enfermos que no pueden seguir sus tratamientos, familias separadas, muertos sin funerales y, ahora, la militarización de los barrios populares.

El desdén por el mundo productivo no tiene antecedente y su consecuencia es la pérdida de empleos, el cierre de comercios minoristas, empresas y el aumento de la pobreza. Los créditos para monotributistas y autónomos y la asistencia a las PYME fueron tácticas publicitarias con requisitos casi inalcanzables para la mayoría de los afectados.

La democracia está en peligro. Posiblemente como no lo estuvo desde 1983. El equilibrio entre los poderes ha sido desmantelado. El Congreso funciona discontinuado y la Justicia ha decidido una insólita extensión de la feria, autoexcluyéndose de la coyuntura que vive el país.

Nosotros, ciudadanos que pertenecemos a varias áreas de la ciencia, al mundo académico, profesional y la cultura general, manifestamos nuestra preocupación y llamamos a grupos y organizaciones de la sociedad civil, partidos, sindicatos, formadores de opinión y medios de comunicación independientes a redoblar una actitud crítica y vigilante hacia al poder gubernamental, aumentando la deliberación y la conversación social sobre las consecuencias del aislamiento obligatorio y exigiendo la presentación de un plan de salida para esta situación anormal.

La sociedad argentina ha mostrado ser responsable a la hora de enfrentar la amenaza de la pandemia. Acató las normas, cumplió los consejos sanitarios y se mostró respetuosa de la ley y sus representantes. Es hora que el presidente haga lo mismo.