En la Provincia hay una «consolidación de políticas criminales regresivas»

Por: Pablo Roesler

Así lo remarcaron en la presentación del Informe Anual de la Comisión por la Memoria sobre cárceles y políticas de seguridad en la Provincia. Duras criticas a la gestión de María Eugenia Vidal.

En el primer año de gobierno de María Eugenia Vidal, murieron 385 personas que estaban bajo custodia del Estado provincial bonaerense. Esos números se desprenden del XI Informe Anual «El sistema de la crueldad» sobre lugares de encierro y políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó este miércoles en La Plata. «Asistimos a la consolidación de políticas criminales regresivas», dijo el secretario de la entidad Roberto Cipriano García en el acto de presentación del seguimiento anual que reflejó la realidad del primer año de gestión de Cambiemos.

La presentación se realizó en el edifico anexo de la Cámara de Senadores y estuvo a cargo de un panel integrado por los presidentes de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, Cipriano García, la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora e integrante del organismo Nora Cortiñas y Cristina Gramajo, madre de uno de los jóvenes muertos en la Masacre de Pergamino.

«Este es el primer informe que se presenta sobre la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri», remarcó Cipriano García al presentar el informe. Y remarcó «la desaparición de Santiago Maldonado es el punto más alto de la escalada discursiva y represiva que implementó el gobierno». En esa línea pidió a la gobernadora que no evada más el tema: «El gobierno provincial no puede seguir manteniendo el silencio sobre la desaparición forzada», dijo.

También fue crítico con la política penitenciaria y recordó que «al igual que (Carlos) Ruckauft, (Felipe) Sola y (Daniel) Scioli, la gobernadora Vidal declaró la emergencia del servicio penitenciario» y apuntó que «sólo sirven para profundizar la crisis que dice atacar y para actuar sin la intervención de la justicia».

Además, denunció que la Policía bonaerense sigue regulando y siendo parte de los delitos en los territorios. «En los barrios, la policía está desatada, sin ningún órgano de control. Muchas de las víctimas son niños y adolescentes», completó.

Los números del informe indican que las cárceles y comisarías bonaerenses tienen 41.729 detenidos, lo que constituyó un «récord histórico»; que la sobrepoblación involucró en 2016 al 73,5% de las 61 unidades y alcaidías, lo que marcó un incremento de seis puntos respecto de 2015, y que de las 385 muertes de personas bajo custodia del Estado provincial 156 casos ocurrieron en cárceles, lo que implica que hubo 13 fallecimientos por mes, a razón de más de tres por semana, once más que en el año anterior. También informaron sobre la “práctica sistemática» de la tortura: recibieron 16.403 denuncias que afectaron a 3054 detenidos en el SPB. Los casos de torturas y malos tratos motivaron 4.051 acciones judiciales.

La presentación del Informe Anual 2017 se realizó “en un marco de profundización de políticas criminales regresivas desde la perspectiva de los derechos humanos». Ese contexto quedó plasmado en la introducción del estudio del organismo provincial, que señaló «la desaparición forzada de Santiago Maldonado», causa por la que son querellantes, y que señalaron como «la expresión más dramática de las orientaciones de la política criminal y de seguridad que ha definido la gestión de Cambiemos: tiene un claro sesgo regresivo y de mano dura en el modo de intervención del Estado en los diversos conflictos sociales y políticos».

Al presentar el panel, la directora general de la CPM, Sandra Raggio remarcó que «hace 15 años, la Comisión creo el Comité Contra la Tortura porque la memoria tenía que vincularse con la defensa de los derechos humanos de hoy», y agregó que «la disputa por los DD.HH es la disputa por la democracia que queremos construir».

El Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, reseñó el trabajo de la Comisión que preside y remarcó la gravedad que implica la desaparición de Maldonado para la democracia. «Hay que pensar la formación de los agentes de las fuerzas de seguridad que se convierten en agentes de represión», reflexionó. E indicó que «ningún miembro de las fuerzas de seguridad puede cumplir con órdenes injustas que no sean la defensa del pueblo».

«La transformación de este sistema sólo es posible, en estas democracias delegativas, cuando el pueblo es protagonista», concluyó.

«¿Alguien sabe dónde está Santiago Maldonado? Lo tiene Gendarmería», dijo Nora Cortiñas, encargada de cerrar el acto. Y concluyó: «Pedimos que el juez Otranto deje de mentir. Lo mismo que le hacen a la familia de Santiago nos hacían a nosotros».

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