«En 1982 la mayoría de los actores políticos no estaban interesados en juzgar»

“Yo había trabajado mucho sobre la represión y la dictadura. Siempre se dice que la represión tuvo mucho consenso social, de los partidos políticos y también de la población. Eso lo había podido comprobar. Mi gran pregunta, entonces, era cómo se transformó esa idea de que la subversión era el enemigo a aniquilar en la que después primó, que había que investigar y juzgar esos mismos hechos”, expone la historiadora Marina Franco, Magister en Historia por la Universidad de Paris 7 y docente investigadora del IDAES para explicar por qué decidió poner la lupa en el período final del último gobierno militar. En su reciente libro El final del silencio, Franco aborda la realidad argentina entre 1979 y 1983 para intentar comprender cómo fue la transición hacia la democracia, que esta semana cumple 35 años, cuando aun las violaciones a los derechos humanos no eran un tema central en las preocupaciones sociales del último período de la dictadura.

-¿Cómo se dio esa transición?

-A partir de 1979 la dictadura empieza a perder poder. En términos políticos, porque no puede construir un entramado que le asegure su continuidad en el tiempo. Pero sobre todo en términos económicos, por su fracaso en el modelo empieza una lenta caída de la dictadura. Eso hace que el poder pierda legitimidad social. En ese contexto, la guerra de Malvinas profundiza brutalmente ese proceso. La inflación del año 81, 82 y 83 fue sideral. Si nosotros entendemos hoy el impacto político que tiene la inflación para todos nosotros, podés entender también cómo esa inflación y la crisis económica atroz puede haber influido en el clima antidictatorial de la época. Cuando pensamos la dictadura la pensamos tanto en derechos humanos y represión que nos olvidamos cómo el factor económico tuvo que ver en la caída del régimen. En la balanza social tuvo más peso la economía que las violaciones a los derechos humanos. Ese no era un problema relevante.

-¿Cuándo la cuestión de los derechos humanos pasa a ser una cuestión central?

-La represión, en 1983, no era el dato fundamental de la dictadura. Cuando realmente se supo qué pasó, sí fue el dato para pensar en el Terrorismo de Estado. Pero no era un camino obvio para nadie. Creo que el camino más evidente, la tendencia mayoritaria de los partidos hasta mediados de 1983 era negociar la no revisión de lo que los militares llamaron la lucha antisubversiva. La primera respuesta obvia es que el país no se da vuelta de un día para el otro. No es que de repente, todos se pusieron de acuerdo en investigar y juzgar. La mayoría de los actores políticos no estaban interesados en juzgar. Vivimos con una imagen edulcorada de lo que fue la transición a la democracia. La mayoría de los actores políticos estaban absolutamente dispuestos a dar vuelta la página o cerrar el tema. Preferían que las Fuerzas Armadas dieran una mínima información para satisfacer esa demanda de los organismos de derechos humanos y que eso permitiera negociar una salida y un cierre con cierta amnistía para los militares. Cambiar información por amnistía y cerrar el pasado para tener una transición ordenada hacia la democracia.

-¿Cómo se transforma en un reclamo social, entonces?

-En ese contexto empieza a aparecer la información sobre los desaparecidos, los cadáveres NN, la presión internacional se hace cada vez más fuerte. La Iglesia, la prensa y el Poder Judicial empiezan a exigir cuentas al régimen. No porque haya una preocupación auténtica, me parece, sino para pinchar al régimen donde más lo complicaba. El factor represión es un elemento más de la caída, no el elemento fundamental. Cuando más se le pide al régimen que dé explicaciones en la negociación, el régimen sistemáticamente se niega. No sólo no dice nada sino que promete información o listas, que recién da en 1983 sin ninguna autocritica: es el famoso documento final que dice que los desaparecidos están jurídicamente muertos y que lo que se hizo bien hecho está, al punto de que si fuera necesario lo harían de nuevo. Ahí, los partidos políticos empiezan a sentir la necesidad de hacer algo. Y a eso se le agrega la figura particular de Raúl Alfonsín. Yo no soy partidaria de destacar personalidades, pero en ese contexto Alfonsín, con una posición distinta a la del resto, insiste con la necesidad de juzgar.

-35 años después la defensa de los derechos humanos parece una cuestión transversal en la sociedad argentina.

-No se vuelve una visión generalizada tan rápido. Es un proceso de 40 años que nosotros miramos desde el lugar que ocupan hoy los derechos humanos en la Argentina. Creo que en el 83 los organismos de derechos humanos estaban mucho más solos de lo que creemos, quizás con alguna colaboración de una pequeña porción de la clase media urbana y profesional. Con 40 años de conocimiento, de investigación judicial, de movilizaciones, del Nunca Más, del Juicio a las juntas, con las políticas de la década kirchnerista, se construyó un camino que explica por qué las políticas de los derechos humanos se transformaron en un lugar central de la sociedad argentina. Por eso las movilizaciones contra el 2 por 1 fueron tan emocionantes y multitudinarias, fue el efecto acumulado de 40 años de una país que revisó su pasado.

-¿En ese sentido creés que hay pactos o pisos que la sociedad no está dispuesta a ceder?

-Quiero pensar que sí. Es la gran pregunta. Lo podemos comparar con Brasil, que es la pregunta que más surge. Nosotros tenemos un piso de construcción social y política que no permitiría el avance de discursos fascistas como los que hay en Brasil. La reivindicación que hace el partido de Bolsonaro acerca de la dictadura brasileña, creo que no hay base social para que ocurra en la Argentina. Hay un consenso fuerte que seguramente es más flojo de lo que creemos y da espacio a las políticas revisionistas, pero no llegaría al punto de lo que vemos en Brasil. Sí pueden aparecer los Mapuches como enemigos internos, o la protesta social como un enemigo a combatir. Son consensos frágiles, pero existen como no los hay en Brasil, ni en Chile ni en Uruguay.

-¿Por qué no hubo revisión de las dictaduras en los otros países de Latinoamérica?

-La respuesta más brutal es el efecto de las políticas de Estado. Aun con retrocesos, ha habido políticas de estado en términos de construcción de memoria, justicia y reparación social. Y el otro elemento es que esas políticas de memoria permean muchos estratos sociales en la Argentina, entre ellos la escuela: es un espacio fundamental de la construcción de un espacio democrático y repudio de formas dictatoriales y autoritarias. Brasil y Uruguay, por caso, tuvieron presidentes que sufrieron en carne propia la dictadura y sin embargo no impulsaron esas políticas. Argentina pudo haber sido como Brasil, Chile o Uruguay. No fue un caso tan especial: lo que fue muy distinto es la manera desastrosa en la que se fue la dictadura, ese es el dato fundamental. Ni en Brasil, Chile o Uruguay los militares se retiraron con semejante nivel de debilidad, con Malvinas como cereza del postre. Aun así, los partidos políticos estaban dispuestos a negociar pero la visibilidad del desastre puso la escena de una manera distinta. En los diarios, los políticos hacían declaraciones que la lucha antisubversiva fue el éxito del gobierno, que había que dar vuelta la página.