«El voto electrónico es un sistema que sirve para democratizar el fraude»

Mientras Mauricio Macri volvió a insistir esta semana en que quiere que el año que viene se vote con boleta única electrónica (BUE) con chip, los diputados de Cambiemos y los senadores del PJ hacen oídos sordos a las advertencias de los especialistas informáticos y de derecho electoral. Éstos advierten una y otra vez sobre el alto nivel de vulnerabilidad de cualquiera de los sistemas tecnológicos que proponen los dos proyectos de ley de reforma electoral. Por lo pronto, Sergio Angelini, presidente de la empresa Magic Software Argentina (MSA), proveedora de la BUE, concurrirá este martes al plenario de comisiones del Senado a defender su producto. Allí lo están esperando los informáticos, que harán una demostración en vivo de la falibilidad de su propuesta.

En el Congreso hay dos proyectos dando vueltas. Uno es el que envió el Poder Ejecutivo, y que cuenta con media sanción en Diputados, que pretende que en 2017 se vote en todo el país con la boleta única electrónica con chip. Se trata del mismo sistema que mostró sus debilidades en la ciudad de Buenos Aires el año pasado, cuando fue atacado desde direcciones IP anónimas desde Estados Unidos. El otro proyecto lleva la firma de los senadores peronistas Juan Manuel Abal Medina y Omar Perotti. Propone una boleta única “sin chip”, pero con la máquina que imprime el voto. Sin embargo, ninguna de las dos iniciativas despeja las dudas sobre la privacidad o la seguridad del voto de los ciudadanos.

Vulnerable

El jueves pasado, en el Senado, especialistas como Delia Ferreira Rubio y Beatriz Busaniche denostaron ambas propuestas en danza. Sin embargo, desde Santa Fe, Macri pidió no «seguir con un sistema tramposo» y pidió dejar de “robar” con el modo manual en vigencia.

En respuesta a esta afirmación, Sebastián Uchitel, investigador del Departamento de Computación, Premio Houssay 2014 en Física, Matemática y Ciencias de la Computación, explica de modo pedagógico que con el voto electrónico “agrandaste el robo de boletas o de urnas a todo el país, la escala del problema cambia”. “La pérdida de derechos y de transparencia que introduce cualquiera de estos sistemas al acto eleccionario se basa en que poca gente puede controlar el resultado y tendrá la tarea de decirle al pueblo argentino quien ganó, ya que no habrá un sistema transparente que todo el mundo puede entender”, remarcó.

Rodrigo Iglesias, abogado e investigador de la UBA en el área de ciencia y tecnología, especialista en derecho informático, recordó que el año pasado, en la ciudad de Buenos Aires, desde una dirección anónima de IP, que se encontraba en Estados Unidos, se vulneraron 536 mesas. Los tickets correspondientes a cada urna terminaron siendo trasportados en taxi al centro de cómputos.

El ataque internacional que se produjo desde direcciones anónimas ubicadas en Estados Unidos tuvo la clara intención de mostrar cuán débil es el sistema que se usó. Por ese caso terminó “allanado y sobreseído”, tal como él se presenta en Twitter, Joaquín Sorianello, el especialista informático que avisó que el sistema había sido hackeado el año pasado, en la elección porteña. Ese caso, que en su momento apenas trascendió, ahora, a la luz de las intenciones de Macri de imponer este sistema en todo el país, vuelve a tomar cada vez más notoriedad. “Atacaron el servidor que contaba los votos. No se trató de la máquina que los imprimía sino directamente de los votos. Fueron por el servidor y nunca se auditó ni se peritó. Tampoco sabemos donde están. Ni la jueza María Luisa Escrich ni la fiscal Silvana Rivarola se encargaron de buscarlos”, recordó Iglesias.

El Informe Final de la Defensoría del Pueblo de la CABA sobre la elección para Jefe de Gobierno de 2015 señala que “una vez cerrada la mesa, el 83,9% de los presidentes pudo realizar el escrutinio sin inconvenientes. Durante el conteo de votos, sólo el 10,1% de las mesas contó con fiscales que realizaron algún reclamo”. Esto representa una cantidad de votos significativa en el caso de una elección reñida. Asimismo, surge del mismo informe que un 26,2% de los votantes dijo no haber verificado que el voto impreso coincidiera con lo que había elegido.

Falta de privacidad

Por los pasillos del Congreso, un senador peronista quería rebatir con picardía el argumento de que la boleta electrónica es delatora del voto. Sostenía que también con la boleta tradicional se pueden hacer marquitas en el papel para avisarle al puntero que lo obedeció dentro del cuarto oscuro. “Lo que los senadores no saben es que esa trampita ahora va a tomar escala nacional”, se alarmaron los informáticos.

Para los especialistas es pueril el proyecto de Abal Medina. La iniciativa no incluye el chip. Es para evitar que se modifique el voto con un dispositivo desde fuera del cuarto oscuro. Pero sí propone que se use una máquina con pantalla táctil que muestre toda la oferta electoral e imprima el sufragio. “Esa máquina que proponen es una computadora que se puede intervenir. Hay mil maneras de truchar un resultado y también de descubrir quién votó qué. La pérdida del secreto del voto induce a la corrupción, al voto comprado. Es perder un pilar fundamental de la democracia. En cuanto tenés una computadora que registra tu orden de llegada y tu voto, ya no es más secreto”, explica Uchitel.

El ministro del Interior Rogelio Frigerio sostuvo el martes que no sabe cuál va a ser el sistema porque la ley no indica cuál será la tecnología. Sin embargo, las empresas interesadas están tienen un lobby muy activo.

Otra de las interesadas en que el año que viene toda la ciudadanía use su tecnología para votar es Unitec Blue, propiedad de Matías Eurnekian. La firma ofrece servicios de grabado de datos en chip. Es por eso que desde las universidades públicas de todo el país docentes e investigadores lanzaron esta semana la campaña #NoAlVotoElectronico.

Nicolás Wolovick, profesor de la facultad de Matemática, Astronomía y Física Universidad Nacional de Córdoba, que viajó especialmente a Buenos Aires para hacerles entender a los senadores qué era lo que ellos mismo estaban proponiendo, sostuvo: “Al poner en manos de pocas empresas privadas el proceso electoral y el control en una población muy pequeña, que somos los que entendamos esta tecnología, va a salir más barato dar vuelta una elección”. “Ahora, para hacer trampa tenés que poner punteros que hagan un trabajo por lo menos de tres años. Hay que prometer puestos en alguna municipalidad para los familiares, en cambio, la computadora acelera todo el sistema clientelar. Que haya tres fiscales informáticos por cada una de las 90 urnas es tan imposible como quemar cada una de ellas en todo el país. En cambio, en una elección con todas las urnas centralizadas en uno o dos servidores, la facilidad de ataque es mucho mayor”, explicó.

2001

Enrique Chaparro, miembro de Vía Libre, matemático y especialista seguridad sistemas de información, advirtió que el voto electrónico “va a democratizar el fraude”. Recordó que “la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE ODIHR) advirtió que nunca se debe implementar un sistema de cambio electoral para la próxima elección”. “Esta recomendación no es sólo válida para la implementación de un eventual sistema electrónico sino para cualquier cambio profundo. Hay que pasar una elección de por medio para evitar sospechas”, advirtió.
Otra de las cuestiones que señaló Chaparro, y que los senadores se empeñan en desconocer, es que “toda la industria de software emplea 80 mil personas y las mesas electorales son alrededor de 95 mil”.

«Lo que los jueces electorales no advirtieron el pasado jueves en el plenario de comisiones fue que la Justicia tiene que poner 17 mil delegados tecnológicos que conozcan el sistema. Y a su vez tiene que autorizar a los partidos a tener su propio fiscal tecnológico. Nos retrotraen a todos a la debilidad de las instituciones políticas del 2001”. «