El mismo tiene el objetivo de promover una mayor participación de la industria nacional en las compras públicas y de generar un aumento en el empleo.
La Ley actual (27.437), sancionada en 2018, tiene «grandes limitaciones para que el Estado pueda utilizar su poder de compra como herramienta para el desarrollo», explicaron las fuentes al fundamentar la presentación de esta iniciativa por parte del Ejecutivo. De acuerdo con lo apuntado, el proyecto tiene los «beneficios» de «aumentar la producción nacional; generar mayor empleo en las empresas proveedoras del Estado y de incrementar la inversión en Desarrollo e Innovación (I+D+i de empresas alcanzadas por las compras para la innovación)».
También, se asegura que tendrá un «impacto federal positivo en empresas proveedoras de todo el país», como así también promoverá el «desarrollo de proveedores en sectores estratégicos como hidrocarburos o minería», y un «crecimiento de nuevos sectores productivos vinculados a la demanda del Estado». En tanto, las fuentes indicaron que el «impacto económico» será de «30.000 nuevos empleos privados; de $40.000 millones adicionales de inversión en investigación, desarrollo e innovación al año y de US$ 300 millones de ahorro de divisas anuales».
Las principales modificaciones de la actual ley, de acuerdo a la evaluación del Gobierno, son «ampliar el alcance de la ley a nuevos sujetos, crear la herramienta de compras públicas para la innovación; y establecer herramientas de altos impacto que estimulen el desarrollo de la industria nacional». Asimismo, el proyecto tiene el objetivo de «promover el desarrollo de la industria nacional a través de las compras públicas en sectores estratégicos; ampliar el alcance de los acuerdos de cooperación productiva (ACP) y mejora del funcionamiento de la herramienta; y garantizar el acceso a información para fortalecer el cumplimiento del régimen y planificar la promoción de la provisión local».
La nueva normativa tiene el propósito de «mejorar las condiciones financieras para favorecer el acceso de la industria local a las compras públicas; promover la articulación entre oferentes locales y organismos contratantes; fortalecer el plan de desarrollo de proveedores nacionales; y unificar el valor del módulo que se aplica en la Ley con el de ONC».
De acuerdo al informe, las compras públicas son aquellos bienes y servicios que realiza el Estado Nacional, sus organismos o las empresas públicas y «representan alrededor del 13% del PBI, por lo que tienen un peso significativo en la economía nacional». «Son una herramienta de desarrollo productivo porque el Estado, con su poder de compra, puede apoyar el crecimiento y desarrollo de empresas nacionales, sobre todo en sectores estratégicos e innovadores», se apuntó. En ese plano, se describió que «el 65% de los proveedores del Estado son empresas privadas nacionales y el 97% de esas empresas proveedoras son PyMES».
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