Diciembre será un mes clave porque, además de la sentencia Obra Pública, se retomarán dos causas en las que se intentará imputar a la vicepresidenta. Un calendario intencional y amañado.
Las cuentas indican que eso podría ocurrir a principios de diciembre, acaso cuando buena parte de la sociedad tenga su atención parcial o totalmente capturada por el Mundial de Fútbol. La sensación instalada es la de condena. Cierto es que las movilizaciones en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner no pasaron inadvertidas. Pero después de tamaña sobreactuación, sobre todo en la última semana, difícilmente el tribunal se permita de cara a la corporación judicial una imagen de flojera. No parece quedarles a los jueces más alternativa que condenar.
Esa circunstancia, previsible y conmocionante, se conjugará con otras dos situaciones que se definirán por las mismas fechas. Como en esos juegos de PlayStation en que el atacante dispara persistentemente hasta que la posición enemiga cae, el Poder Judicial prepara una suerte de plan de demolición por apabullamiento.
La Cámara Federal de Casación Penal dejó trascender que para fin de año estará en condiciones de dictar un fallo sobre la causa conocida como “ruta del dinero”. Es el expediente en el que resultó condenado el empresario Lázaro Báez a una pena de (vaya casualidad) 12 años de prisión por lavado de dinero.
El tribunal casatorio informó informalmente –valga el juego de palabras- que comenzó las audiencias de conocimiento con los condenados y advirtió que ese es el “último paso previo a la sentencia”. El tribunal está integrado por los jueces Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Mariano Borinsky. Los condenados en primera instancia son 23, entre ellos los hijos de Lázaro Báez, el financista arrepentido Leonardo Fariña, su ex amigo Federico Elaskar y el contador Rodolfo Pérez Gadín.
Pese a que se la conoce como “ruta del dinero K”, en esa causa no hay ningún Kirchner entre los condenados. La Cámara Federal presiona todo el tiempo al juez Sebastián Casanello para que involucre a Cristina Fernández de Kirchner, pero no lo ha logrado. No obstante, la posibilidad sigue abierta.
Para antes de fin de año, Báez debería comparecer en otro juicio por lavado, relacionado con el anterior. Se trata de la compra de unos campos en Uruguay, que quedaron afuera del primer debate. En dos oportunidades la Cámara de Casación urgió al tribunal oral a “comenzar en lo inmediato” con ese juicio.
Báez está condenado por “lavado”; esa figura necesita de un “delito precedente”, que haya generado el dinero ilegal que es necesario introducir al circuito financiero con apariencia de legalidad. No se lava dinero legal. Por eso el lavado necesita de un delito previo.
¿Qué dijo el tribunal oral que condenó a Báez? Que el dinero que supuestamente el empresario lavó provino de la obra pública en Santa Cruz. Ese es el principal “delito precedente”, según el voto mayoritario que dispuso la condena.
¿Qué es lo que se está juzgando actualmente en la causa en la que el fiscal Diego Luciani pidió (casualmente) 12 años para CFK? La obra pública en Santa Cruz.
Un simple silogismo permite establecer que si Báez lavó dinero proveniente de la obra pública, si la vicepresidenta es considerada la jefa de una asociación ilícita que “saqueó” (Luciani dixit) con la obra pública, y “Báez era Néstor Kirchner y Cristina Fernández” (Luciani dixit II), entonces Cristina Fernández de Kirchner también quedará involucrada en el delito de lavado de dinero. Por una vía indirecta, casi que por la ventana, quedaría enredada también en esa maraña judicial.
Hay un tercer expediente que también se definirá probablemente a fin de año: el pedido de reapertura de las causas Los Sauces y Hotesur. La Cámara de Casación citó a una audiencia para el 10 de noviembre para resolver si ratifica el sobreseimiento o lo revoca y ordena que se realice el juicio. Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída en ese expediente en el que, justamente, se juzgaba si había habido o no “lavado de dinero”.
El voto mayoritario sostuvo que no existió el delito de “lavado” porque todas las operaciones relacionadas con la obra pública adjudicada a Báez fueron legales, bancarizadas, registradas y con dinero trazable. Pero esa ecuación podría desmoronarse si la alquimia judicial resolviera en un juicio que hubo delito con la obra pública, en otro que el producto de ese delito fue “lavado” por Báez y que una de las formas de lavarlo fue a través de los alquileres de los hoteles de Los Sauces y Hotesur.
Para el caso de que una sola audiencia no fuera suficiente para la exposición de todas las partes, el tribunal fijó como fecha de una eventual segunda jornada la del 22 de noviembre. Las fechas, de nuevo, coinciden.
De tal manera, en el tramo final de 2022, CFK podría recibir tres fallos negativos desde Comodoro Py 2002.
Y todavía queda por delante la Causa Cuadernos. Allí la situación es mucho más compleja: la etapa de presentación de pruebas (previa al inicio del juicio propiamente dicho) se dilata casi indefinidamente porque hay tantas, pero tantas irregularidades, que la idea de convocar a debate también para fin de año -que en algún momento asomó como frutilla del postre- parece hoy virtualmente imposible.
La Causa Vialidad es solo una parte de la historia. No tan lejos en el horizonte se está gestando la tormenta judicial perfecta. Y si todo sale como fue planificado, estallará cuando esté comenzando a subir la temperatura del termómetro electoral 2023. «
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