Un estudio comparó la capacidad de compra de los programas en la etapa de la paridad entre el dólar y el peso y sus equivalentes actuales. Hace 17 años se adquirían 5,28 canastas alimentarias mínimas, y en la actualidad, 4,77. Los movimientos sociales piden que se reúna el Consejo del Salario.
Dicho de modo simple: la licuación del peso producto de la devaluación récord que convalidó el gobierno de Macri –una devaluación que no pudo frenar o que expresamente quiso que sucediera- hizo retroceder el poder de compra de los programas sociales.
Estos resultados surgen de un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que encabeza el economista Hernán Lechter. El think tank formado por economistas heterodoxos comparó el precio de los productos de la canasta alimentaria de noviembre de 2001, cuando aún regía la Convertibilidad y el peso equivalía al dólar, con los precios de los mismos productos en junio de 2018. Los datos de 2001 provienen de un relevamiento oficial de la gobernación de la provincia de Santa Fe, cuya lectura está disponible en la web: (https://es.scribd.com/document/55429411/Evolucion-Precios-Mayooristas-y-Minoristas-2001-2010). A partir de los productos que figuran en ese estudio, se elaboró una canasta alimentaria mínima que permitió establecer una comparación con el presente. Los precios vigentes este mes fueron tomados de un estudio propio de CEPA con el complemento de algunos datos obtenidos del sitio web de una cadena de hipermercados (COTO Digital): para hacer posible la comparación, los precios de 2018 fueron convertidos a dólares según la cotización vigente al 19 de junio.
Una primera conclusión muestra, a simple vista, que entre 2001 y 2018 los precios de los alimentos de la canasta básica subieron casi todos, con alguna excepción (el arroz blanco). De hecho, en ciertos productos -papa, naranja, pan francés y nalga-, el incremento es bastante significativo. Pero el dato más importante del estudio es el cálculo del precio total de la canasta alimentaria tanto en 2001 (26,50 pesos/dólares) como en 2018 (1006,90 pesos) y la relación de esas cifras con el importe recibido por los beneficiarios de programas sociales en ambas fechas: como se dijo más arriba, en 2001, quienes recibían los planes de la Alianza cobraban entre $ 120 y 160; en 2018, el programa social vigente implica una retribución mensual de $ 4800 (U$S 170).
Tomadas estas cifras como parámetro (con la salvedad de que para 2001 se eligió el monto de $ 140 como promedio entre la variación de $ 120 y 160 que cobraban en aquel entonces los beneficiarios), el CEPA calculó para cuántas canastas alimentarias alcanzaba, en el año de maduración de la crisis, la remuneración del programa social. En 2001, con 140 pesos/dólares mensuales, quienes recibían planes sociales podían comprar 5,28 canastas alimentarias al mes (el valor de la canasta era de 26,50 pesos/dólares). Diecisiete años después, en este presente atravesado por la devaluación brusca, los argentinos que cobran $ 4800 pueden apenas comprar 4,77 canastas alimentarias al mes (el valor de la canasta alcanza los 1006,90 pesos).
Pasando en limpio, esto significa que el poder de compra de los programas sociales para el rubro de alimentos hoy está un 10% por debajo de la capacidad adquisitiva que tenían los planes sociales del año 2001.
La comida de los argentinos
La preocupación por el deterioro del poder de compra de los planes sociales circula como una de las prioridades de los investigadores especializados. No es casualidad que al mismo tiempo que el CEPA pone el foco sobre las consecuencias de la devaluación en la capacidad adquisitiva de los programas de ayuda social, un efecto que se potencia por la inflación, entre las organizaciones de la economía popular se reclame una convocatoria urgente del Consejo del Salario. Sucede que desde la sanción de la ley de Economía Social, en 2016, los programas que se instrumentan desde las carteras de Desarrollo Social y Trabajo –Hacemos Futuro, que no prevé una contraprestación productiva sino de capacitación, y Salario Social Complementario, para quienes están ligados a algún emprendimiento cooperativo en la economía de subsistencia- deben representar la mitad del salario mínimo.
Una de las primeras advertencias sobre este punto llegó a través de Cecilia Gómez Mirada, directora de políticas públicas de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Licenciada en Comunicación Social (UNLP), Gómez Mirada es también secretaria de organización del MUP. «En los ’90, (Armando) Caro Figueroa, ministro de Trabajo de (Carlos) Menem, lanzó el Plan Trabajar, primer plan social destinado a los trabajadores desocupados. Se pagaba $ 120 por titular desocupado a cambio de contraprestaciones en obra pública de baja escala. Esos $ 120 equivalían a U$S 120. En 2018, el Argentina Trabaja o el Salario Social Complementario, de similares características al Plan Trabajar, se acercaron a esos dólares de los ’90. Los $ 4800 que perciben los titulares son equivalentes a U$S 167. Una cifra que no alcanza para estar por encima de la línea de la pobreza», aseguró en diálogo con Tiempo.
Lechter, titular del CEPA y concejal de Unidad Ciudadana en San Martín, coincidió con esa lectura pero, al mismo tiempo, destacó la incidencia de la suba de precios de la canasta producto de la desregulación en el rubro alimentos. «El eje central de lo que está pasando con los programas sociales está claramente a contramano de lo que el gobierno repite en distintos medios: que quiere proteger a los sectores sociales más vulnerables. De hecho, supuestamente incluyó en el acuerdo con el Fondo un apartado en ese sentido. Sin embargo, las políticas de Cambiemos –queda claro- van a contramano de todo lo que dice. Primero, porque el valor en dólares del plan social viene en franco retroceso. Segundo, y sobre todo, porque el poder de compra de los programas de ayuda ha perdido sensiblemente contra la inflación», señaló a este diario.
Exministro de Desarrollo Social bonaerense, el diputado Daniel Arroyo también puso el foco sobre los efectos de la licuación del peso en la capacidad de compra de quienes reciben planes sociales. Un escenario difícil que se agrava con el incremento sostenido de los precios. «La situación alimentaria empeoró, sin duda, respecto de la de 2001. Pero no sólo por el costo de los alimentos sino también por las dificultades que hoy tienen los comedores escolares y los lugares en los que presta asistencia alimentaria. Porque, además, antes había más red, más capital social: había a quien acudir. A un comerciante, a un vecino, a alguien del entorno que podía ayudar. Ahora todos tienen agotados sus recursos, en el barrio están todos mal. Por eso decimos que en los barrios hay menos red de contención», evaluó Arroyo ante la consulta de este diario.
El estudio del CEPA contiene más información, pero el eje con más impacto en la vida cotidiana es que el beneficiario de programas sociales de noviembre de 2001, incluso con un plan social menor en dólares, tenía un poder de compra 10% superior en materia de alimentos. Un alerta para los argentinos que reciben los $ 4800 mensuales (U$S 170) del Hacemos Futuro o del Salario Social Complementario. Ellos no volvieron a 2001, están incluso peor. «
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