Los seis altos dirigentes del PRO que, según confirmaron en tribunales, fueron espiados por agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) durante la presidencia de Mauricio Macri, repiten un mensaje en común.
Dicen que no creen que el líder del partido amarillo haya ordenado las operaciones ilegales y clandestinas sobre ellos, presuntamente dirigidas por el entonces director de operaciones especiales de la AFI, Alan Ruiz, junto a la banda «Super Mario Bros». «Al menos, por ahora, no creemos que Mauricio haya ordenado ni recibido la información», aseguró a este diario uno de los colaboradores de las víctimas del macrismo. Horacio Rodríguez Larreta; Diego Santilli; María Eugenia Vidal; Cristian Ritondo; el extitular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y su delfín y exjefe de la bancada del PRO, Nicolás Massot, fueron los espiados.
Los seis no sólo están unidos por la investigación penal que conmueve a Juntos por el Cambio. También comparten una coincidencia que los inquieta: protagonizaron las principales disidencias políticas con Macri y las incrementaron durante los años de su presidencia. Esas discrepancias se dispararon después del pedido de auxilio al FMI, mayo de 2017, y dieron a luz un plan para desdoblar las elecciones bonaerenses de las presidenciales, con el objetivo de evitar que la estrepitosa caída de la imagen de Macri arrastrara la posible reelección de Vidal y dañara de muerte el futuro de Cambiemos en el poder. Todos ya son querellantes, aún no iniciaron la acción penal, pero ya vieron las pruebas que hay dentro del expediente que estuvo hasta el viernes en manos del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena.
La Cámara Federal de La Plata hizo lugar a una serie de recusaciones contra el magistrado y la causa quedó en manos de su par Juan Pablo Augé, que indagaba las operaciones de espionaje realizadas en 2018 y 2019 contra el Instituto Patria y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco previo de la realización de la cumbre del G-20. Al parecer, esa cumbre fue el pretexto para que el entonces gobierno investigara ilegalmente a periodistas, organizaciones sociales y opositores, como parte de las operaciones de custodia coordinadas por el Comando Unificado de Seguridad, que incluyó a la AFI, bajo la conducción de la entonces ministra Patricia Bullrich. Los seis macristas espiados se encontraron con seguimientos e intromisiones en su vida privada, pero también con rastros sobre los contactos políticos que mantenían con distintos referentes.
De acuerdo a lo que vieron en el expediente, las operaciones comenzaron en marzo de 2018, cuando las discrepancias internas con Macri ya habían quedado muy expuestas, especialmente en torno a las consecuencias políticas y económicas que tendría para el entonces oficialismo la aplicación del ajuste acordado con el FMI. Las diferencias evolucionaron con fuerza hasta noviembre de 2018, cuando la entonces gobernadora Vidal puso en marcha su iniciativa para separar las elecciones provinciales de las nacionales. Desde entonces comenzó el intento de llegar a un acuerdo con la Casa Rosada que nunca prosperó. En su lugar creció el distanciamiento de Vidal con Macri y con el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña. Ante las consultas de este diario, los dirigentes espiados respondieron con cautela.
De acuerdo a las pruebas recolectadas, los espías comenzaron a seguirlos en marzo de 2018. «Las discusiones del desdoblamiento fueron posteriores», contestó una fuente vinculada a los abogados de las víctimas para sostener que las fechas no coinciden. Pero reconoció que cuando surgió el plan de desdoblar las elecciones bonaerenses, sus impulsores ya sumaban siete meses de persecuciones ilegales sobre su vida privada y sobre los contactos políticos que mantenían. Villena, que les mostró las pruebas antes de ser removido, fue el juez que en 2018 habilitó el espionaje a CFK a partir de un pedido presentado por la AFI, donde argumentaba contar con información vinculada a presuntas acciones terroristas que ponían en peligro a la entonces expresidenta y también a Vidal. Durante el tiempo que estuvo en el caso, Villena detuvo a 22 espías y exfuncionarios. (Hoy casi todos con arresto domiciliario). También allanó al exsecretario privado de Macri Darío Nieto y arrestó a la jefa de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, que tuvo 12 reuniones en la Rosada con los espías.
La llegada del juez Augé al caso ahora podría ir más allá de la responsabilidad de Ruiz y de sus subordinados ahora presos. Pero los elementos que hay en el expediente podrían golpear las puertas de los tres principales destinatarios de las sospechas del PRO: la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani; su superior, el escribano Osvaldo Arribas; y su amigo personal que lo llevó al cargo, es decir, Macri.
En la intimidad del macrismo espiado temen que las pruebas lleguen al líder del partido. «Eso será una cuestión de la Justicia. Nosotros seguimos pensando que no tiene nada que ver», insistió una importante fuente vinculada a cuatro de los seis dirigentes que se negaron a firmar la carta de apoyo a Nieto que difundió Juntos por el Cambio la semana pasada, a partir de llamados personales del exsecretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, que también podría quedar complicado si la investigación avanza en los responsables políticos del espionaje.
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Dicen que no creen que el líder del partido amarillo haya ordenado las operaciones ilegales y clandestinas sobre ellos, presuntamente dirigidas por el entonces director de operaciones especiales de la AFI, Alan Ruiz, junto a la banda «Super Mario Bros». «Al menos, por ahora, no creemos que Mauricio haya ordenado ni recibido la información», aseguró a este diario uno de los colaboradores de las víctimas del macrismo. Horacio Rodríguez Larreta; Diego Santilli; María Eugenia Vidal; Cristian Ritondo; el extitular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y su delfín y exjefe de la bancada del PRO, Nicolás Massot, fueron los espiados.
Los seis no sólo están unidos por la investigación penal que conmueve a Juntos por el Cambio. También comparten una coincidencia que los inquieta: protagonizaron las principales disidencias políticas con Macri y las incrementaron durante los años de su presidencia. Esas discrepancias se dispararon después del pedido de auxilio al FMI, mayo de 2017, y dieron a luz un plan para desdoblar las elecciones bonaerenses de las presidenciales, con el objetivo de evitar que la estrepitosa caída de la imagen de Macri arrastrara la posible reelección de Vidal y dañara de muerte el futuro de Cambiemos en el poder. Todos ya son querellantes, aún no iniciaron la acción penal, pero ya vieron las pruebas que hay dentro del expediente que estuvo hasta el viernes en manos del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena.
La Cámara Federal de La Plata hizo lugar a una serie de recusaciones contra el magistrado y la causa quedó en manos de su par Juan Pablo Augé, que indagaba las operaciones de espionaje realizadas en 2018 y 2019 contra el Instituto Patria y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco previo de la realización de la cumbre del G-20. Al parecer, esa cumbre fue el pretexto para que el entonces gobierno investigara ilegalmente a periodistas, organizaciones sociales y opositores, como parte de las operaciones de custodia coordinadas por el Comando Unificado de Seguridad, que incluyó a la AFI, bajo la conducción de la entonces ministra Patricia Bullrich. Los seis macristas espiados se encontraron con seguimientos e intromisiones en su vida privada, pero también con rastros sobre los contactos políticos que mantenían con distintos referentes.
De acuerdo a lo que vieron en el expediente, las operaciones comenzaron en marzo de 2018, cuando las discrepancias internas con Macri ya habían quedado muy expuestas, especialmente en torno a las consecuencias políticas y económicas que tendría para el entonces oficialismo la aplicación del ajuste acordado con el FMI. Las diferencias evolucionaron con fuerza hasta noviembre de 2018, cuando la entonces gobernadora Vidal puso en marcha su iniciativa para separar las elecciones provinciales de las nacionales. Desde entonces comenzó el intento de llegar a un acuerdo con la Casa Rosada que nunca prosperó. En su lugar creció el distanciamiento de Vidal con Macri y con el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña. Ante las consultas de este diario, los dirigentes espiados respondieron con cautela.
De acuerdo a las pruebas recolectadas, los espías comenzaron a seguirlos en marzo de 2018. «Las discusiones del desdoblamiento fueron posteriores», contestó una fuente vinculada a los abogados de las víctimas para sostener que las fechas no coinciden. Pero reconoció que cuando surgió el plan de desdoblar las elecciones bonaerenses, sus impulsores ya sumaban siete meses de persecuciones ilegales sobre su vida privada y sobre los contactos políticos que mantenían. Villena, que les mostró las pruebas antes de ser removido, fue el juez que en 2018 habilitó el espionaje a CFK a partir de un pedido presentado por la AFI, donde argumentaba contar con información vinculada a presuntas acciones terroristas que ponían en peligro a la entonces expresidenta y también a Vidal. Durante el tiempo que estuvo en el caso, Villena detuvo a 22 espías y exfuncionarios. (Hoy casi todos con arresto domiciliario). También allanó al exsecretario privado de Macri Darío Nieto y arrestó a la jefa de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, que tuvo 12 reuniones en la Rosada con los espías.
La llegada del juez Augé al caso ahora podría ir más allá de la responsabilidad de Ruiz y de sus subordinados ahora presos. Pero los elementos que hay en el expediente podrían golpear las puertas de los tres principales destinatarios de las sospechas del PRO: la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani; su superior, el escribano Osvaldo Arribas; y su amigo personal que lo llevó al cargo, es decir, Macri.
En la intimidad del macrismo espiado temen que las pruebas lleguen al líder del partido. «Eso será una cuestión de la Justicia. Nosotros seguimos pensando que no tiene nada que ver», insistió una importante fuente vinculada a cuatro de los seis dirigentes que se negaron a firmar la carta de apoyo a Nieto que difundió Juntos por el Cambio la semana pasada, a partir de llamados personales del exsecretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, que también podría quedar complicado si la investigación avanza en los responsables políticos del espionaje.
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