Su texto resolutivo la describe como una herramienta indispensable para «abordar de manera integral el extremismo violento, entendido como conducto hacia el terrorismo internacional, ya que ambos fenómenos socavan la paz y la seguridad internacional». Una temática algo forzada, dado que, desde 1994, no hay en los tribunales locales causas por terrorismo.
Pero el asunto puso al descubierto la puja por el control del Ministerio Público Fiscal (MPF) y el denodado empeño de su jefe transitorio por parecer más «amarillo» que el sol para así conservar el cargo en forma permanente o, al menos, ser recompensado con un nombramiento no menos venturoso.
Sin duda Casal es un «tiempista». Su engendro punitivo, lanzado el 13 de julio, preludió el aniversario del atentado a la AMIA. Y se anticipa a la cita en el Senado –fijada a fin de mes– de Inés Weinberg de Roca, la cuestionada candidata de Mauricio Macri para encabezar el MPF.
En la práctica, la SAIT posee el atributo de reunir en un mismo espacio a espías (de la AFI), policías (a las órdenes de Patricia Bullrich) y militares (al mando de Oscar Aguad). De hecho, su acta fundacional coincide en el tiempo con la incorporación de estos últimos a tareas de seguridad interior, potestad que será legitimada el próximo lunes, cuando la rúbrica del presidente anule el decreto 727 (firmado por Néstor Kirchner y Nilda Garré), que impedía el uso de las Fuerzas Armadas en conflictos de cabotaje.
En consecuencia, muy a tono con el acatamiento oficialista a la doctrina norteamericana de las «Nuevas Amenazas» (que en su catálogo incluye azotes tan diversos como el fundamentalismo islámico, el narcotráfico y los desastres climáticos), la SAIT en realidad se plantea como un utensilio de persecución y fisgoneo que bien podría alcanzar a cualquier habitante y/o colectivo; desde opositores políticos y ex funcionarios hasta organizaciones sociales, pasando por mapuches, estudiantes secundarios, sindicatos, vendedores ambulantes y competidores económicos de Macri.
Semejante estructura orwelliana depende de la Procuración Penal ante la Corte Suprema –que preside el propio Casal–, y al frente del área quedó nada menos que su ladero más conspicuo, Juan Manuel Olima Espel, quien ostenta el cargo de secretario de Coordinación Institucional del MPF.
Ese funcionario es el hijo pródigo de Juan Carlos Olima, el vicecanciller menemista procesado por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador.
Lo cierto es que en el equipo de Casal también resaltan otros personajes de notable linaje; entre ellos, el titular de la Secretaría Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas, vástago de Jorge Casanovas, el recordado ministro de Justicia bonaerense del gobernador Carlos Ruckauf, cuya cosmovisión lo situaba a la derecha de Atila. Y en la oficina de prensa tuvo el gesto de ubicar a un familiar de su amigo, el doctor Roberto Durreu, quien fuera secretario de Justicia durante la presidencia de Jorge Rafael Videla.
Casal mismo acarrea una historia singular.
En los pasillos de la Procuración todavía se lo recuerda por haber sido el «garrote» de Ángel Agüero Iturbe, quien supo comandar dicho lugar durante la presidencia de Carlos Menem, con quien compartía un estudio jurídico en La Rioja. Aquel hombre, muy cuestionado por diversas trapisondas, fue sucedido por otro menemista de fuste, Mariano Cavagna Martínez, al que Casal también sirvió con gran abnegación. Se puede decir que en el MPF él ya era parte del mobiliario. Y un amanuense de lujo para las peores causas. Por caso, haber favorecido a represores requeridos durante la década del noventa en Italia al escamotear las notificaciones de los juicios por crímenes de lesa humanidad expedidas por magistrados de Roma. Así obtuvieron el dulce beneficio de ser condenados «en rebeldía».
La caída de su antecesora, Alejandra Gils Carbó, propició su llegada a la cúspide. Y no dudó estrenar aquel regalo caído del cielo apartando al fiscal Félix Crous de la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin), un organismo en constante cortocircuito con la política de seguridad del PRO.
A espaldas de Casal se rumoreaba que su misión sólo consistía en hacer el trabajo sucio, una pretendida contrarreforma del MPF con la idea de que su reemplazante no arrastre el estigma de tan ingrata tarea. Su condición de viejo burócrata encajaba con semejante destino.
Por eso fue significativo que, tres meses atrás, cuando Macri anunció su preferencia por la doctora Weinberg, él haya intensificado sus méritos.
Primero desplazó a Juan Pedro Zoni de la fiscalía federal que tramita la causa por la escandalosa condonación de la deuda del Correo, que lo tiene al propio Macri como imputado. Luego ordenó a la obediente fiscal Laura Monti un dictamen favorable a la pretensión de la cadena Farmacity –fundada por el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana– de operar en el Gran Buenos Aires. A continuación bendijo el procesamiento dispuesto por el juez Claudio Bonadio contra el fiscal Carlos Gonella, ex titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), por difundir información sobre un expediente penal que involucra a la jueza oficialista María Lanz. Y no se privó de apoyar el pedido chileno de extradición del líder mapuche Facundo Jones Huala, entre otras obsecuencias.
Ahora, la puesta en marcha de la SAIT es la última jugada de este sujeto ya sexagenario para saciar sus tardías ambiciones. «
