Milei puso el Presupuesto 2025 y las extraordinarias en la mesa de negociación

En medio de las negociaciones a contrarreloj con la oposición dialoguista, el Gobierno Nacional no descarta sumar la discusión por el Presupuesto 2025 en el llamado a sesiones extraordinarias. El cambio se dio en el mismo momento en que en el Congreso se convocaba a la sesión para tratar el proyecto que buscaba rechazar el DNU 846/2024, que flexibiliza las condiciones para que el ministro de Economía, Luis Caputo, realice canjes de deuda en moneda extranjera sin aval del Congreso. Finalmente la sesión se cayó por falta de quórum.

Si bien aún no está confirmado, puesto que aún todo está en una discusión por demás dinámica, el cambio de postura del oficialismo es notorio. Hasta la semana pasada, altísimas esferas de la gestión nacional daban por descontada cualquier instancia de negociación con los gobernadores, puesto que estos buscan que el gobierno desembolse alrededor de 3700 millones de dólares que el oficialismo insiste en no tener.

En la reunión que llevaron adelante en el CFI la semana pasada, los mandatarios provinciales acordaron llevar a la mesa de discusión con el gobierno cinco puntos claves para incluir en el Presupuesto. La deuda por cajas previsionales que mantienen trece de las veinticuatro provincias; la vuelta de la distribución del fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que el oficialismo cortó desde que llegó al poder en diciembre; la posibilidad de coparticipar el impuesto a los combustibles, limitar la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal y garantizar la compensación del Pacto Fiscal firmado en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri.

Con la insistencia de estos reclamos, días atrás el gobierno cerró toda posibilidad de negociación. La justificación que daban por entonces era que la cifra que exigían las provincias ponía en jaque el plan de déficit cero que el presidente no está dispuesto a entregar bajo ningún término. Sin embargo, algo cambió en las últimas horas.

Esta mañana en Casa Rosada estuvieron reunidos cerca de dos horas toda la mesa chica del oficialismo. Con Karina Milei a la cabeza, el asesor todoterreno Santiago Caputo, el viceministro del Interior, Lisandro Catalán, el vicejefe de gabinete, José Rolandi y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman discutieron la necesidad imperiosa que tienen los gobernadores de destrabar las negociaciones por la Ley de leyes antes del cierre del Congreso.

En esta reunión de emergencia se acordó convocar uno por uno a los gobernadores y dialogar individualmente con quienes estén dispuestos a hacerlo para así atender las necesidades específicas de cada provincia. De esta forma, el oficialismo no sólo se garantiza el quiebre de la unidad que los popes provinciales habían logrado conseguir en el último tiempo, sino que además contará con la carta de poder ofrecer recompensas de manera discrecional para aquellos que se alineen sin chistar a las medidas que tome el presidente.

Según pudo saber este medio, ya fueron convocados a dialogar el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el correntino Gustavo Valdés (UCR); el entrerriano Rogelio Frigerio (PRO), y el catamarqueño Raúl Jalil (UxP). A pesar de no cumplir con los cinco puntos, el gobierno dejó abierta la puerta de netear las deudas que las gestiones provinciales tienen con Nación -y viceversa- un gesto que podría ablandar las exigencias de los gobernadores.

Si bien aún no están confirmadas, en el gobierno no descartan que esta semana se lleven adelante nuevas reuniones en Casa Rosada y avanzar en línea recta con estos acuerdos. Este martes, por caso, estuvo reunido con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero. Lo propio hicieron la semana pasada el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y su par pampeano, Sergio Ziliotto.

Todavía sin mayores confirmaciones, puesto que esta negociación se modifica minuto a minuto, en el gobierno dan por sentado que, de convocar a sesiones extraordinarias, también se tratarán los proyectos de la eliminación de las PASO, la modificación del financiamiento de partidos políticos y la privatización de Aerolíneas Argentinas.