Los datos surgidos de un relevamiento realizado por la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires dejan en evidencia un plan sistemático de abandono de la infraestructura y mantenimiento escolar por parte del ejecutivo local
Desde la gestión de Aníbal Ibarra como jefe de gobierno porteño, pasando por la de Macri y hasta los primeros años en los que Esteban Bullrich fue el Ministro de Educación de la Ciudad, la Dirección General de Infraestructura Escolar contaba con una flota de trabajadores en planta permanente que realizaban a diario las tareas de mantenimiento en los 811 edificios escolares de todo el distrito porteño. Ante cualquier pedido de obra, la escuela llamaba a la Dirección de Infraestructura, ésta enviaba un arquitecto y disponían de la solución inmediata de la obra. Durante el primer gobierno de Larreta y la gestión de Soledad Acuña como Ministra de Educación, esa cuadrilla de cientos de trabajadores fue desmantelada. Actualmente estas obras están tercerizadas y se reparten entre muy pocas empresas que ganan todas las licitaciones del ejecutivo porteño.
De acuerdo con un informe realizado por la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires, relevados durante el 2020, en 114 edificios educativos públicos, es decir el 14,50% del total, los controles de la instalación eléctrica no se cumplieron; además, en 150 edificios con las mismas características, que representan el 19,84% del universo ingresado por la Dirección General de Mantenimiento Escolar para controles de rutina, se realizaron menos de 12; lo mismo sucedió en el rubro saneamiento y control de plagas. Además, a la fecha de cierre del informe en cuestión, no se han reemplazado la totalidad de los vidrios crudos existentes en establecimientos escolares que se hallan bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Ciudad.
“La realidad es que hay empresas que cobran contratos millonarios y cada vez que van a una escuela no cumplen con los mantenimientos preventivos, sobrefacturan sobre lo que tienen que hacer porque dicen que no está dentro del pliego y lo tienen que facturar aparte, y hasta que eso no esté aprobado no realizan ninguna obra”, denuncia el auditor de la Ciudad Lisandro Teszkiewicz, en diálogo con Tiempo. “Esto genera un círculo vicioso donde las empresas cobran por una obra que no realizaron, vuelven a cobrar la sobrefacturación y la obra siempre queda inconclusa”.
El ´’modus operandi’ de las empresas tercerizadas es siempre el mismo: Llegan a la escuela que tienen alguna falencia edilicia, en la mitad de la obra iniciada la empresa dice que se modificaron los costos y necesita hacer una reactualización de los mismos. Envía a la Dirección de Infraestructura Escolar el pedido de reactualización y determinación del precio, y paraliza toda la obra. Hasta que no termine el proceso de determinación del nuevo costo no vuelve a retomarla. “Entonces vos tenés escuelas que porque se les rompió un caño tienen un baño anulado durante 12 meses hasta que termina todo ese proceso, siendo que hay una empresa que está contratada y que cobra todos los meses un abono para garantizar el mantenimiento de las escuelas”, agrega Teszkiewicz.
Hay que tener en cuenta que el trabajo de la auditoría se centra sobre relevamientos realizados con datos del 2019, antes del contexto de pandemia, pero todo indica que esta misma situación coincidiría con el contexto del confinamiento y hasta la situación en curso. “¿Qué pasa si nos remitimos al contexto actual marcado por la pandemia del COVID-19?, ¿en qué condiciones puede estar un edificio para retomar las clases presenciales si en la gran mayoría de ellos no se realizaron rutinas ni los mantenimientos necesarios? Una vez más, estamos en presencia de la desidia y la falta de interés del gobierno de Larreta para la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires”, finalizó Teszkiewicz.
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