El gobierno endurece sus políticas y resiente garantías constitucionales

La era del gradualismo para sincerar el programa político de Cambiemos parece haber llegado a su fin. Dentro de la Casa Rosada, los colaboradores más cercanos al presidente Mauricio Macri admiten que la verdadera gestión de gobierno está por comenzar, y que su señal de largada ocurrió la noche del 22 de octubre cuando el oficialismo revalidó los títulos en las elecciones legislativas de medio término. Con victorias en los cinco principales distritos del país, el oficialismo reeditó un alcance electoral que no sucedía desde 1985, pero legitimó a las posiciones internas más duras y alimentó las demandas extremas del establishment concentradas en apurar las reformas que faltan. 

En el primer piso de Balcarce 50, los funcionarios afectos a las intrigas de palacio recuerdan que, seis meses después de asumir y en una reunión con parte de su Gabinete (atravesado entonces por las primeras expresiones de «halcones» y «palomas» respecto de la aplicación del ajuste en marcha), Macri anotó en una servilleta los nombres de las figuras de Cambiemos que realmente reflejaban su pensamiento. Un dibujo íntimo y curioso (quizás premonitorio) de aquellos escuderos que el presidente ponderaba por apartarse de la corrección política del gradualismo adoptado por entonces. En aquella servilleta, Macri había anotado al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; a su par de Energía, Juan José Aranguren; a la titular de la Oficina Anticorrupción (AO), Laura Alonso; al diputado nacional por Mendoza Luis Petri; y al mandatario de esa provincia, el radical Alfredo Cornejo. También aparecían el jefe de Gabinete, Marcos Peña; sus dos vicejefes, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui; y el titular del Banco Central, Federico Sturzzenegger.

Los testigos del encuentro admiten que la lista era incompleta, pero que contenía al sector más duro del oficialismo. «A los inconfesables», recordó una fuente consultada por Tiempo.

En aquel contexto, Bullrich y Petri eran dos de los más firmes defensores de jujeño Morales por la detención de la dirigente social Milagro Sala. El caso de Aranguren era parecido: se trataba del ex CEO de Shell que había sobrevivido a la aplicación del ajuste en las tarifas de energía y que, a pedido del presidente, debió desprenderse de sus acciones en la misma empresa a la que benefició como ministro. Para Peña, como sucedía en la Ciudad, su rol era homologado al de «un hijo», y sus dos «controllers», como se ventilaría después, eran «sus ojos».

El pensamiento de Macri

De aquella anécdota no han pasado dos años. Sin embargo, parte de los nombrados en esa lista son los funcionarios que hoy tienen el mayor respaldo del presidente para que endurezcan su posición ante las polémicas medidas de gobierno que enfrentan y defienden públicamente, pero sin decir que, en rigor, expresan la naturaleza del pensamiento «de Mauricio». La última experiencia de ese juego de espejos data de esta semana, cuando Bullrich le informó a Macri que la Policía Federal había recibido un pedido del juez federal Claudio Bonadio para realizar distintos operativos con el fin de detener al exsecretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; al dirigente social Luis D’Elía; al referente de la comunidad islámica Jorge «Yussuf» Khalil; y al exlíder de Quebracho, Fernando Esteche. La nómina de detenciones preventivas, y sin sentencia, estaba encabezada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para quien el magistrado, a un paso de jubilarse, solicitó el desafuero como senadora de la Nación.

La nueva doctrina de trasladar al mundo de la política el sistema de detenciones preventivas sin sentencia que se aplican masivamente en el fuero penal data de un fallo del camarista Martín Irurzun, pero cuenta con el activo apoyo de otros dos numerarios de la servilleta que garabateó Macri: el legislador del Mercosur y operador judicial Fabián «Pepín» Rodríguez Simón; y el jefe de asesores de la Presidencia, José Torello, quien estuvo a un paso de ser designado titular de la AFI en diciembre de 2015, pero declinó el ofrecimiento.

La novedad de las detenciones llegó a los oídos presidenciales un día antes de la espectacularidad de los operativos, pero los exégetas del jefe de Estado se encargaron de negar lo que sucedió realmente: un presidente que estaba realmente dispuesto a incluir en su pedido de sesiones extraordinarias el pedido de desafuero que le había enviado Bonadio.

«Cristina Kirchner tiene que rendir cuentas ante la Justicia. Tiene muchas denuncias y tiene que someterse a la Justicia, dar las explicaciones y los jueces decidirán. El presidente no tiene por qué meterse en eso», contrastó públicamente en una entrevista con la CNN que se difundirá hoy. 

Secuencia y antecedentes. 

La cautela que Macri finalmente ordenó adoptar con las últimas detenciones sin sentencia fue directamente proporcional a la audacia para aceptarle al jujeño Morales el plan para canalizar su inquina personal contra la líder de la Tupac Amaru. Esa decisión implicó afrontar una durísima controversia en la Cancillería y un posible castigo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En el caso de Bullrich, Macri redobló, por su intermedio, el respaldo permanente a las fuerzas de seguridad federales, en un vínculo de confianza que creció al calor de las crisis que le tocó atravesar a la mujer desde que asumió el cargo.

Con dos muertos a manos de las fuerzas que conduce como principal responsable política, Bullrich comenzará su tercer año de gestión luego de un proceso de reforma de las fuerzas de seguridad federales que tuvieron como principal eje a la vieja Policía Federal. En los dos primeros años de gobierno de Cambiemos, esa fuerza protagonizó la reforma más importante desde su creación a fines de los ’40 y fue despojada de sus 53 comisarías capitalinas para la creación de la Policía de la Ciudad. 

Bullrich también buscó mimetizar su voz de mando con sus subalternos e impulsó un proceso de endurecimiento represivo que comenzó con la implementación de un protocolo antipiquetes. Sin embargo, ese manual casi no ha sido utilizado en la Capital por las diferencias con el alcalde Horacio Rodríguez Larreta (como jefe de la Policía porteña) con Bullrich, respecto de los costos políticos de la represión. A pesar de la controversia, el jefe porteño no se opuso a que su nueva policía protagonizara virtuales cacerías contra manifestantes luego de masivas movilizaciones en Plaza de Mayo que, curiosamente, siempre terminaron en incidentes violentos y pobladas por decenas de efectivos de civil.

La dureza de la nueva Policía porteña tuvo su correlato en la Gendarmería Nacional, especialmente durante la represión en Esquel que derivó en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. También en la Prefectura Naval Argentina, cuyo cuerpo de élite, Albatros, ahora quedó directamente involucrado en el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, ultimado por la espalda dos días después de un desalojo violento contra la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, en la localidad de Villa Mascardi. 

El rastrillaje de los «Albatros» –ciegamente defendido por Bullrich– estuvo motorizado por la misma decisión política de respaldar los procedimientos policiales de flagrancia que dispararon las cifras de detención y enjuiciamiento en los últimos dos años. 

La estrategia del «ataque preventivo» que la cartera de Seguridad tolera y promueve como línea directriz, también fue ejecutada esta semana por la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior. El líder de la ONG noruega AttacNorge, Petter Titland, y la periodista británica Sally Burch, de la agencia ALAI, fueron deportados tras llegar al país para participar de las deliberaciones de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que comenzará formalmente hoy en Buenos Aires.  

El «protocolo» funcionó bajo la tutela de Bullrich, pero con un influyente asesoramiento internacional que llegó para quedarse y que Macri agradece, mientras sus «inconfesables» lo ejecutan en su nombre, para evitar los costos políticos que lo dejarían a la derecha de una parte de su electorado.  «