Tras las masivas protestas y el rechazo social y político que provocó, Rodolfo Suárez decidió hacerlo, dijo, "para garantizar la paz social". Pero la norma sigue vigente. Le exigen que la derogue.
Alrededor de las 13, en el cuarto piso de la Casa de Gobierno, el gobernador Suárez confirmó en rueda de prensa que no iba a reglamenta la ley 9209, que modificó la histórica ley de minería 7722 que “protegía el agua de los mendocinos”
Escoltado por el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor ibáñez Rosas; el vicegobernador, Mario Abed; el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié; y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, Suárez argumentó que “el primer deber que tiene un gobernador es garantizar la paz social del pueblo. Todos sabemos que ante los acontecimientos a raíz de la ley N° 9209, que ha habido hechos de violencia en la provincia, que hay cortes de ruta, que hay una queja de ciertos sectores, algunos muy violentos, donde muchos funcionarios, como pasa con todos en mi casa, estamos padeciendo amenazas y hostigamientos, y queremos evitar que eso pase a mayores”.
El funcionario insistió en que «es mentira que, porque hay explotación minera hay contaminación” y agregó que “los mendocinos somos capaces de hacer las cosas bien; se tenía que llevar adelante el desarrollo minero, preservando por sobre todas las cosas nuestro recurso más preciado que es el agua porque estamos viviendo una época de sequía”.
Sin embargo, enseguida aclaró que “la ley 9209 es una decisión legal, pero aparentemente no tendría la legitimidad del pueblo mendocino, y no voy a hacer nada que no sea legitimado por el pueblo”.
En ese sentido, reflexionó que “existe la posibilidad de una consulta popular vinculante”, aunque destacó que “queremos llegar en base al diálogo, dejando de lado la violencia por sobre todas las cosas”.
El retroceso del gobierno mendocino fue celebrado tanto en las calles como en redes sociales, no obstante, todos coinciden en advertir que se trata de una “victoria parcial”.
“No existe la posibilidad jurídica de suspender una ley, salvo jurídicamente. La única salida del gobernador Suárez es convocar a sesiones extraordinarias a la legislatura provincial y derogar –con otra ley– la 9209 (que modificó 7722)”, alertó en su Twitter el abogado ambientalista Enrique Viale.
Entre los mensajes de rechazo al proyecto que favorecía los intereses de las mineras, en las últimas horas se sumaron los de Residente, de Calle 13, y de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia. “No hay nada que festejar, sin agua no hay Vendimia”, amenazaron.
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