Tras varios meses de intentos, el oficialismo logró sentar en sus bancas los números necesarios para hacer ley la ampliación para jubilaciones. Juntos por el Cambio, crítica pero presente en el hemiciclo.
Después de casi tres meses, el Frente de Todos logró reunir 129 diputados en el recinto. Con asistencia perfecta, aportaron al quórum los diputados misioneros Diego Sartori y Carlos Fernández. También los cuatro integrantes del Frente de Izquierda Romina del Plá, Miriam Bregman, Alejandro Vilca y Nicolás del Caño. Del interbloque Federal, aportaron Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño junto a los socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez. Fue clave para la selección del temario la incorporación del proyecto que propone digitalizar las historias clínicas, iniciativa que impulsa la rosarina Fein.
Los representantes de Juntos por el Cambio ingresaron al hemiciclo una vez que comenzó la sesión y plantearon cuestiones de privilegio. Además, antes de tratar dos de los 28 proyectos que pidió Alberto Fernández, se aprobó la renuncia del diputado del Pro Waldo Wolff, que pasó a ser funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Luego tomó juramento a su reemplazante, Gabriel Sebastián Mraida.
Entre los reclamos que se escucharon por parte de la oposición mayoritaria estuvo el pedido de citación al Parlamento para que el ministro de Seguridad Aníbal Fernández brinde explicaciones sobre la situación que vive Rosario con el narcotráfico.
Otro de los planteos que se coló en el recinto fue el trabajo de la Comisión de Juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de la Nación. Tanto Juan Manuel López (Coalición Cívica) y Silvia Lospenatto (Pro) denunciaron que el oficialismo la convirtió en un “organismo ilegal de inteligencia” en donde “se violan garantías constitucionales y múltiples tratados de derechos humanos”.
En ese sentido, López denunció: “Comenzaron con una excursión de pesca para ver si encuentran algo”, dijo, y advirtió: “A muchos de nosotros ya no nos parece un circo; es un peligro para la intimidad de cualquier ciudadano argentino. Con este antecedente, una mayoría política se va a poder meter en la vida de cualquiera”.
“Ahora le sumamos una comisión de inteligencia de hecho en la Cámara de Diputados”, remarcó López, para quien representa un hecho de “gravedad sin precedentes” la creación de esa comisión que comenzó a funcionar. Y precisó: “La comanda (Leopoldo) Moreau, que a su vez preside la Comisión de Control de Organismos de Inteligencia”.
Sin dudas, el tema más importante del día es el proyecto del plan de pago de deuda previsional. El Frente de Todos contaría con los números necesarios para poder convertirla en ley. La iniciativa, que ya tiene sanción del Senado, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008 inclusive con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.
Además, contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.
Mediante un comunicado, los legisladores de Juntos por el Cambio marcaron su postura en contra de la iniciativa. “El kirchnerismo reparte recursos que no existen. En vez de generar más derechos con un crecimiento económico sostenible, con más inversión y más empleo de calidad registrado, por el contrario, genera más déficit fiscal y luego, para reducirlo, recorta el gasto previsional con la aplicación de una movilidad jubilatoria que siempre es inferior a la altísima inflación que hoy tenemos en la Argentina”, expresaron.
“La pérdida del poder adquisitivo de los haberes jubilatorios es constante y somete a la mayoría de nuestros adultos mayores a niveles de indigencia. En la Argentina los jubilados pagan con el deterioro de sus haberes la mayor parte del déficit fiscal”, manifestaron.
Por otro lado, consideraron que “esta situación es doblemente injusta porque el sistema contributivo debe guardar un sentido de equidad: debe haber una correlación entre los beneficios otorgados en la práctica y el esfuerzo contributivo que cada ciudadano ha realizado. Si quienes más aportaron no ven ese esfuerzo contributivo reconocido en su beneficio, se destruye la lógica del sistema”.
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