El FPV volvió a denunciar la escalada represiva y la falta de control político sobre las fuerzas de seguridad.
Cuando se cumplen cinco meses del asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel, en manos del grupo Albatros de Prefectura Naval, el Bloque FPV-PJ lanzó formalmente un dispositivo para el abordaje integral de casos de violencia cometidos por las fuerzas de seguridad.
Según detallaron, la red de contención se extiende a lo largo de todo el país y cuenta con profesionales de la salud y abogados, entre otros profesionales.
Pietragalla remarcó la necesidad de visibilizar cada uno de los casos para que estás cosas no vuelvan a pasar.
Queremos volver a un país donde la violencia institucional era hechos aislados, reclamó el diputado y agregó: Hoy desde la política se aplauden estos hechos en lugar de sancionarlos.
A su turno, Raquel Wittis, denunció que han desarmado todas las áreas para la asistencia de las víctimas. Tanto las de salud mental como la de acompañamiento en los litigios, y sentenció: Los programas de la secretaria de Derechos Humanos para las victimas están vaciados.
Desde el bloque del FPV señalaron que debido al vertiginoso retiro por parte del Estado y la ausencia progresiva de actuación de las diferentes áreas que hasta el 2015 hacían de las políticas en derechos humanos una verdadera política de Estado, el bloque FPV-PJ pone en funcionamiento un dispositivo que tiene como objetivo dar una respuesta contundente para paliar esa ausencia, que permita llevar adelante el rol de protección de los derechos humanos que el Estado dejó de cumplir.
En ese contexto especificaron que en los dos años y medio del gobierno de Cambiemos se verificó un fuerte incremento de la militarización el Estado, las detenciones arbitrarias son cada vez más comunes, no sólo en el caso de militantes populares sino sobre todo en los sectores más humildes de la población. Se verificó un aumento significativo de los casos de violencia institucional y un fuerte incremento en la tasa de encarcelamiento a nivel federal y de las provincias. El hecho más grave tiene que ver con la fuerte habilitación política que el gobierno de Cambiemos otorga como respuesta a los abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Ya no contamos con un gobierno que detecta y sanciona los casos de violencia, sino que ahora el poder político incita y festeja la mano dura, como demuestra el desarrollo de la doctrina Chocobar.
Al respecto Rossi manifestó que lo que ha sucedido en estos meses va a seguir sucediendo porque no hay control, y aseveró: Cuando se recibe a Chocobar, y casi se lo condecora, lo que se dice es hay licencia para matar.
La red será impulsada por los diputados del FPV-PJ, que integran la Comisión de Derechos Humanos para funcionar como caja de resonancia para estos abusos abordando las distintas problemáticas vinculadas a la violación y restricción de derechos y conformando un espacio de confluencia para los organismos defensores de los Derechos Humanos.
Al respecto Pietragalla afirmó: Aspiramos a realizar un abordaje integral, que contará con profesionales del campo de la salud mental, abogados, un número de teléfono que permita una atención y recepción de denuncias, articulando con los organismos y los profesionales pero también los militantes de todo el territorio, incluyendo a la Red Federal de Derechos Humanos lanzada el año pasado y que cuenta con referentes en todo el país.
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