La resolución del juez federal a cargo de la denominada Causa Gestapo, que dictó el procesamiento de funcionarios y agentes de inteligencia, confirma la cadena de complicidades políticas durante el gobierno de Cambiemos.
El fallo muestra que la génesis de esa maniobra tiene un punto de referencia el 4 de mayo de 2017. Ese día, según los registros de la agenda del ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas y de los registros de ingresos a la Casa Rosada, muestran que hubo una reunión en la que participaron varios funcionarios interesados en encarcelar a Medina, entre ellos el propio Villegas, Gustavo Arribas, Patricia Bullrich, Germán Garavano y Mauricio Macri. En esa reunión, según reconoció Villegas, se habló de Medina.
Poco después, el 26 de mayo mantenida entre Villegas, el ex ministro de Infraestructura bonaerense Roberto Gigante y el titular de la UOCRA nacional, Gerardo Martínez, otro personaje clave en la trama. El periodista Hugo Alconada Mon contó al declarar como testigo ante el juez Kreplak que Martínez se había reunido “con la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, y luego con el presidente Mauricio Macri, en los cuales se habría hablado acerca de la posibilidad de ‘avanzar contra Juan Pablo Medina’”.
El acto relevante inmediatamente posterior fue la reunión del 15 de junio en las oficinas del Banco Provincia en la Capital Federal. Según el fallo, los funcionarios sabían que allí había agentes jerárquicos de la AFI. Kreplak lo ejemplificó de varias maneras; una de ellas, la siguiente: “En el minuto 00:26 de ‘Carpeta B. VIDEO 6’, se observa el ingreso de Julio Garro al salón, quien saludó a todos los participantes y luego intentó sentarse en una silla que tenía sobre su respaldo un abrigo, entre Villegas y Gigante, pero por sugerencia de (Darío, jefe de Gabinete de la AFI) Biorci, tomó una silla y se sentó junto a los integrantes de la AFI, entre medio del nombrado Biorci y (ex jefe de Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián (De Stéfano, en la cabecera de la mesa. Debe señalarse que ello resulta una clara muestra acerca del conocimiento previo que existía entre el Intendente de la ciudad de La Plata y esos agentes, en correlato con la visita que había realizado Garro dos días antes de esa reunión, a la sede de la AFI”.
Los empresarios –beneficiados con falta de mérito por el juez, pese a que cumplieron con lo acordado en la reunión en el Banco Provincia- presentaron escritos ante el Ministerio de Trabajo provincial contando las penurias a las que, decían, los sometía el Pata Medina.
Allí ingresa en escena otro personaje del que poco se habla en esta historia: el juez federal de Quilmes, Luis Armella. Recibió en su juzgado una denuncia anónima sobre el Pata Medina y le pidió opinión a la fiscal Ana Russo, quien consideró que no era competente para intervenir en esa causa. Armella rechazó por “prematura” a esa opinión, y entonces la fiscal requirió medidas de instrucción.
El fallo explica que “el día 22 de agosto siguiente, el magistrado dispuso la adopción de las medidas propuestas por la Fiscal, y agregó otra que no había sido solicitada, que consistió precisamente en librar un oficio al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires a fin de consultar si obraban”. Para que quede claro: Armella ordenó una medida de prueba que la fiscal no había pedido. ¿Cuál? Preguntarle al Ministerio de Trabajo si tenía presentaciones administrativas contra Medina. Casualmente lo que habían acordado con los empresarios en la reunión del Banco Provincia.
¿Fue una casualidad? El juez Kreplak anotó en su resolución: “Ese mismo día a las 11:27 horas, el Juez Armella se comunicó durante 53 segundos con Villegas. (…) Un día después, a las 9:54 horas y a las 10:33 horas, Villegas se comunicó con Armella telefónicamente y media hora más tarde se presentó en el Juzgado Federal de Quilmes, conforme surge de su agenda. Ese mismo día se registró el ingreso del ex Ministro Villegas a la Casa Rosada autorizado por el ex Presidente Mauricio Macri, según surge de los registros de ingreso de la sede del Gobierno Nacional incorporados en autos”.
“Se verificó una sucesión de llamadas, que incluyó – entre otras- comunicaciones de funcionarios del Poder Ejecutivo provincial con el Juez de la causa y el Secretario a cargo de la Secretaría en que estaba radicada” la causa que se había iniciado con un anónimo contra Medina.
¿Villegas hablaba por esos días con alguien más? Dice la resolución de Kreplak: “se destacan tres llamados realizados por Villegas el 16/8/17, al teléfono de la entonces Subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani. Luego se registra una sucesión de llamados ocurridos al día siguiente, el 17/8/17, entre el nombrado y De Stéfano. Inmediatamente después, este último se comunicó con Armella, y luego Villegas habló con el nombrado juez en dos oportunidades”. Por si pasó inadvertido, se reitera: el jefe de Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano, uno de los asistentes a la reunión del Banco Provincia, se comunicó en dos oportunidades con el juez Armella cuando estaba estallando la causa contra el Pata Medina.
“Villegas sabía de la participación en el caso por parte de la AFI, sino también que interactuó con integrantes de ese órgano durante el proceso de diseño y de ejecución de la estrategia. En este sentido se interpreta la reunión que mantuvo con la entonces Subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani y con Adrián Grassi, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 12/06/2017 -tres días antes de que se llevara a cabo la reunión del Banco Provincia”, añade la resolución de Kreplak.
El entrecruzamiento de llamados mostró otro dato demoledor. “El día 30/8/17 el imputado Villegas volvió a tener otras comunicaciones con Armella y con la nombrada Majdalani, y al día siguiente desde el Juzgado de Quilmes se ordenaron diversas medidas probatorias, entre las que se encuentra el llamado a prestar declaración testimonial a diversos miembros del sector de la construcción, algunos de ellos participantes de la aludida reunión del 15/6/17”.
La resolución de Kreplak sólo llega hasta los procesamientos de los funcionarios y los espías. Pero de su lectura se desprende que hay otros involucrados a los que inevitablemente debería convocar para que den explicaciones.
Todas las defensas argumentaron que “algo había que hacer con el Pata Medina”, porque sus prácticas sindicales excedían –según su opinión- la defensa de los trabajadores. La ex gobernadora María Eugenia Vidal bramó reiteradamente que Medina debería explicar su supuesta fortuna y lo denostó por sus conductas, a las que atribuyó carácter delictivo.
¿Eso justifica la persecución y el armado de causas? Por otra parte, ¿la persecución indica que Medina es una carmelita descalza?
El fallo de Kreplak explica que su actuación se vio acotada “por el ámbito de conocimiento que tuvieron –y en ciertos casos aún tienen- otros magistrados, vinculados en cambio con las supuestas conductas delictivas de Medina y su entorno o representantes sindicales de UOCRA-La Plata”.
“En definitiva, no se trata aquí de valorar o revisar decisiones que se han adoptado en esos procesos relacionados con los hechos allí investigados, que incluso han contado en varios casos con la revisión de tribunales de alzada”.
El juez no se pronuncia sobre la responsabilidad penal o inocencia de Medina, porque eso tramita en otros juzgados. “No corresponde aquí considerar si las denuncias o declaraciones testimoniales prestadas en esos expedientes (contra Medina, ndr) resultan verídicas, o si existió mérito suficiente para adoptar las decisiones o medidas que en esos casos se adoptaron”. En todo caso, y a partir de esta trama ahora revelada en un fallo judicial, serán otros jueces los que deberán determinar si Medina es, efectivamente, el más malo de los malos; si quedó enredado en una sórdida interna político sindical de la que participó también Gerardo Martínez, o ambas cosas.
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