Todos los involucrados directamente o no en la causa por las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno están sorprendidos. No terminan de entender a título de qué los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo pidieron la prisión preventiva del poderoso empresario Paolo Rocca. Desde lo jurídico, el dictamen se explica por sí mismo: si por igual delito a Juan le dictaron la preventiva y Pedro ya está preso, no hay razones para que José tenga un trato preferencial. Igualdad ante la ley, se llama.
Si ese principio, el de la igualdad ante la ley, rigiera plenamente en la Argentina, no habría más que explicar. Pero –pruebas a la vista– ello no ocurre. En un sistema judicial que mantiene libres a condenados y presos a meros sospechados sin condena, que al que confiesa un delito le permite la libertad y al que lo niega lo encarcela, la igualdad ante la ley es un sofisma. «El juez afirma la existencia de riesgos procesales sin revisarlos y dicta prisiones preventivas, y a la vez mantiene la libertad a los imputados que cedieron al apriete vía ley del arrepentido. Mientras, aquellos que ejercieron su derecho constitucional de defensa fueron derecho a Marcos Paz o, a lo sumo, están en prisión domiciliaria», reflexionó el defensor de un procesado que no está en una cárcel.
En ese contexto, el pedido de prisión preventiva para Rocca es un enigma. Un mensaje encriptado, cuyo texto y destinatario son aun incomprensibles para los propios protagonistas. Stornelli y Rívolo formularon el pedido pero con la salvedad de permitirle al empresario seguir en libertad. ¿Un oxímoron? Claramente no; se trata de algo más.
Como en una partida de póker, los tahúres parecen medir sus cartas. Rocca insinúa que podría precipitar con una decisión de retiro de inversiones una crisis económica que tardaría tres, dos, uno… en llevarse puesto al gobierno. ¿Por qué le mojan la oreja a Rocca?, ¿por qué lo torean con una eventual detención?
El origen, las cercanías políticas extra e intrajudiciales de Stornelli, la sincronía con que hasta ahora se manejó con el juez Claudio Bonadio en el expediente, descartan que el pedido de preventiva sea sólo un ingenuo reclamo de igualdad con otros involucrados. Si ello fuera así, no se explica por qué la fiscalía no apeló, ni buscó profundizar seriamente la investigación contra el empresario Marcelo Mindlin. En el ámbito empresario es mucho más grave que esté preso Rocca que Mindlin. ¿En la esfera política es al revés?, ¿proteger a Mindlin es más barato que encarcelar a Rocca?
Si esa es la ecuación, entonces se están moviendo en bambalinas intereses y proyectos de futuro difíciles de imaginar. Menos aún en los albores de un año electoral.
Planteado como está, el escenario es el de una bomba de tiempo colocada en las puertas de la Cámara Federal porteña, en definitiva la encargada de resolver si Rocca irá o no preso. Ese tribunal fue el que parió la doctrina que permite meter presos a funcionarios ensanchando los límites de los «riesgos procesales». No sólo eso: uno de los camaristas que podría eventualmente tener que intervenir en la apelación de los fiscales sobre Rocca es justamente Martín Irurzun. Por su «doctrina», el exministro Julio De Vido está preso por un incomprobable y fácilmente refutable «poder residual» para entorpecer una investigación. Si De Vido, como diputado opositor al gobierno de Cambiemos y en jaque permanente, conservaba poder para torcer el rumbo de una investigación, ¿el poderoso Rocca no tiene esa misma capacidad? Los dos están en la misma escena en la causa, uno sospechado de pagar, el otro de cobrar. Uno está preso; sobre el otro pesa un pedido para que también lo esté. Otra vez, la igualdad ante la ley en el tablero.
Cierto es que Irurzun parece atravesar un momento de opacidad en la Cámara. Y quienes deben resolver el pedido de los fiscales son dos hombres que se referencian en el «oficialismo judicial»: Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi (Irurzun sólo sería convocado ante un eventual empate). «Es imposible que prospere. El costo político de cara al mundo, por Vaca Muerta, sería devastador», opinó el abogado de un empresario arrepentido ante la consulta de Tiempo.
Lo que resuelvan los camaristas –el pronóstico indica bajas probabilidades de detención de Rocca– habrá que leerlo, como todo en estos tiempos, con un prisma político antes que judicial.
Porque la relación entre la política y los fallos es como los fantasmas. Aún los que aseguran que no existen reconocen en la intimidad: «que los hay, los hay». «
