El organismo interamericano publicó los argumentos del fallo que hizo lugar a la medida cautelar de la defensa de la dirigente social jujeña.
La descripción sobre cómo está Milagro Sala hoy luce cruda y descarnada en las 17 páginas de la Resolución 23/2017 de la CIDH, la medida cautelar del organismo humanitario que depende de la OEA, que todavía no se ha concretado.
El documento describe situaciones de extremo peligro para la vida de la dirigente social. Una vicedirectora de la Unidad, tras tener serias diferencias con la señora Milagro Sala, le habría manifestado en una ocasión que si a esa negra de mierda no la han matado afuera yo la mato acá.
Una suerte de articulación para quebrar a Sala es moneda corriente en el penal en el que está encerrada. Una de las formas de esas presiones son las constantes sanciones que padece por cualquier cosa, por alzar la voz, a cada rato. Además, cada vez que la señora Sala recibiría una notificación en lugar de recibirla en la propia Unidad o a través de sus abogados, es trasladada en vehículos bajo un fuerte esquema de seguridad al juzgado, lo cual se realizaría con el ánimo de hostigarla, someterla al escarnio público y exhibirla a la prensa de manera repetida. Ni siquiera los propios carceleros saben cuántas sanciones le aplicaron: tras preguntar a las autoridades penitenciarias sobre el número de procesos disciplinarios que se tendrían abiertos en contra de la señora Milagro Sala, los funcionarios no pudieron portar el número e indicaron que, en general éstos se debían por desobedecer o por faltar al respeto a la autoridad.
Al menos una de las agresiones que sufrió Sala fue tácitamente admitida por los carceleros. Sala denunció haber sufrido agresiones físicas por parte de una autoridad penitenciaria consistente en bofetadas y una patada. Dicha autoridad penitenciaria la habría a su vez amenazado de muerte. Esta persona ya no trabaja en el centro de detención.
El informe añade que otra de las formas del intento para quebrarla consiste en la catarata de causas nuevas en su contra que le comunican estando encerrada. La Comisión observa que a la señora Sala se le han notificado nuevas causas de manera prácticamente simultánea y en circunstancias en las cuales prima facie podría afirmarse que pudieran perjudicar significativamente el estado de salud mental de una persona, lo que se agravaría frente a la fuerte convicción de la señora Sala en cuanto a que el ejercicio de poder punitivo del Estado constituye una persecución del poder instituido en la Provincia en su contra.
El documento también denuncia presiones contra otros integrantes de la Túpac para que la incriminen. La Comisión advierte que, según la información aportada por la señora Sala, como resultado de una presunta estrategia para desarticular el movimiento de la Túpac Amaru mediante la criminalización de su persona, miembros de la asociación se encontrarían siendo hostigados o amenazados para declarar en su contra. La delegación tomó conocimiento del caso de una persona que presuntamente fue hostigada para revelar dónde estaría el supuesto dinero recibido por la Túpac Amaru y Milagro Sala.
La Comisión considera que el hecho objetivo de continuar privada de la libertad a pesar del pronunciamiento de un organismo internacional del cual Argentina es parte constituye un posible indicio que reforzaría lo alegado por los solicitantes en cuanto a la presunta intención de criminalizar su liderazgo social, de tal forma que la continuidad de la privación de la libertad calificada como arbitraria tiene un especial impacto en la integridad personal de la señora Sala, resume el documento.
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