El crimen de Ismael, una muerte atravesada por la pobreza y la codicia

Por: Gastón Rodríguez

El hermano del chico asesinado en Sáenz Peña adelantó a Tiempo lo que declarará mañana a la Justicia: que lo mató un quinielero con parientes en la Federal. Para el abogado de la familia, hay "una situación de hambre que puede volver a detonar en cualquier momento". Las tarjetas de cobro retenidas y la inflación.

«El Colo», como lo conocen todos en el barrio Mataderos, en la periferia pobre de Presidencia Roque Sáenz Peña, mañana va a decirle a la Justicia de Chaco que él sabe quién mató a su hermano Ismael. Tiene apenas 17 años, y está intranquilo porque va a señalar al familiar de un policía retirado de la Federal, al que ya vio empuñar un arma y gatillar contra un chico. «Me da miedo –confiesa– que el hombre me mande a hacer algo, porque después de dispararle a mi hermano me siguió apuntando. Igual voy a contar lo que pasó porque quiero que se haga justicia».

El lunes pasado, alrededor de las siete y media de la tarde, el Colo –se reserva su identidad porque es menor de edad– e Ismael Ramírez estaban en la casa del padrastro de ambos, en el barrio 100 Viviendas, de la comunidad qom, cuando una invitación por celular a tomar tereré en la casa de la madre, en otra barriada alejada, les pareció mejor plan. En el camino se toparon con los disturbios frente a la fachada del supermercado El Impulso, en la esquina de las calles 21 y 14, entre los policías que custodiaban el comercio y un centenar de vecinos, entre los que había miembros de la comunidad originaria y «criollos», que reclamaban alimentos y amenazaban con entrar a la fuerza.   

«Había una fila de policías con escudos y de repente un hombre salió de atrás con una pistola, se corrió a un costado y disparó como si nada. No sé si nos quería dar a nosotros o si tiró a cualquiera. Eso alteró a los policías que también empezaron a disparar contra la gente», recuerda el Colo.

El principal testigo del crimen de su hermano dice que nunca antes había visto al tirador. Sin embargo, las filmaciones de los incidentes, en particular un video que se viralizó en redes sociales, permitió identificar al «Pelado» como el presunto autor del disparo fatal. Se trata del dueño de una quiniela ubicada en las inmediaciones del supermercado y que tiene parientes en las fuerzas de seguridad.

«El chico dice que el hombre que disparó contra su hermano es el mismo que aparece en el video. No nos cierra mucho porque en la filmación el supuesto autor está frente al supermercado y el relato del chico lo ubica a tres cuadras de ahí, donde Ismael recibió el tiro. Además, el proyectil que se extrajo del cuerpo no pertenece a un arma de puño», confiaron desde la fiscalía de Marcelo Soto, a cargo de la investigación. Ayer, el fiscal realizó junto con peritos científicos una reconstrucción de los hechos con la presencia del Colo. «Lo que aportó resultó creíble y nos permitió situar dónde ocurrieron los hechos. Pero nos quedaron dudas sobre cómo pudo identificar al que disparó. En ese lugar y a esa hora, ya estaba oscuro», explicó la fuente.

Se espera que mañana el joven declare formalmente en la causa como testigo y corrobore lo que ya contó en la intimidad. Jura que dice la verdad, por terrible que sea.

«Después de escuchar el disparo –cuenta– vi que mi hermano se quejó y volvió a correr para atrás. En ese momento lo perdí, y mientras lo buscaba, el hombre me seguía apuntando. Igual volví y vi gente amontonada. Cuando me acerqué, Ismael estaba en el piso, la gente me pasaba por el costado y no me ayudaba. Después de un rato lo subieron a un auto. En el viaje al hospital se me iba yendo en mis brazos, le hablaba pero él no me podía responder, yo sentía que se me iba».

«Hicimos un allanamiento en la casa del hombre que señala el chico y no encontramos nada de interés para la causa. En cambio, en el supermercado secuestramos armas de fuego, que el propio dueño entregó, y tarjetas alimentarias, que es lo que nos refirieron varios testigos y que explicarían el origen de los incidentes», reveló el vocero de la fiscalía.

Desde un principio, tanto los detenidos (ver recuadro) como los vecinos que se enfrentaron con la policía denunciaron que Orlando Porgoseleck, el dueño del supermercado El Impulso, les había retenido las tarjetas de cobro de jubilación o de la AUH. De esa manera, él anotaba en un cuaderno las ventas y luego se cobraba debitándolo de las tarjetas. Este sistema le resultaba «beneficioso» porque los clientes podían comprar aunque ya no tuvieran «fondos» y Porgoseleck se aseguraba el saldo de las deudas con los futuros depósitos. Sin embargo, la ambición del comerciante sobrepasó los límites. Empezó a especular con la suba de precios y cada vez que un cliente compraba algo, anotaba en un cuaderno el producto pero no el precio. De ese modo, cuando descontara de la tarjeta lo que el cliente se había llevado, lo haría a un precio actualizado y no al de aquel momento.

Porgoseleck llevaba dos semanas haciendo esta maniobra. El lunes de los incidentes, alrededor de las 4 de la tarde, un grupo de vecinos comenzó a protestar frente al local. La discusión con el dueño no llegó a buen término y los clientes prometieron volver más tarde. Después de hacer correr la voz en los barrios de que el comerciante los estaba estafando, más de un centenar de vecinos se concentró frente a El Impacto dejando en claro que no iban a volver a sus casas con las manos vacías. En simultáneo, Porgoseleck dio aviso a la policía de que se estaba preparando un intento de saqueo a su local.

Después, el desmadre donde perdió la vida Ismael y casi le hace perder un ojo a otro adolescente, culpa de una esquirla que le provocó hemorragias intraoculares.

«Hay una denuncia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia que solicita investigar la veracidad sobre la retención de las tarjetas por parte del dueño del supermercado, que sería una de las causas del descontento social. Pero acá existe un motivo que es anterior y más importante, y es que en Sáenz Peña hay una situación de hambre que provoca incidentes en los que muere un chiquito de 13 años y que puede volver a detonar en cualquier momento. Muchos de los integrantes de la comunidad aborigen cobran un plan social, pero ellos completaban ese ingreso con changas. Ahora ese extra ha desaparecido, la gente de clase media o media alta ya no da changas. Si antes contrataban a alguien para que les cortara el pasto, la crisis hizo que lo empezaran a cortar ellos mismos. Entonces, los ingresos disminuyeron, la inflación sigue aumentando y después del 15 del mes están a la buena de Dios», explica el abogado Mario Piccoli, quien representa a la familia de Ismael como querellante en la causa por su asesinato.

Piccoli deja en claro que Ismael no participó de los incidentes pero sabe que los desbordes sociales suelen dejar un tendal de víctimas inocentes. «Encima vivimos un paradigma represivo que predispone a que ocurra cualquier situación anómala», dice.

Cuando el Colo no va al colegio, se ofrece para cualquier trabajo: desde cavar un pozo hasta pintar una reja. Dice que lo hace para progresar y ayudar a su familia. Es un buen chico. Como lo era Ismael.

«Siento la discriminación»

«Coqui era un chico alegre que jugaba a la pelota, iba a la escuela, tenía un sueño de ser jugador de básquet.  Yo lloré un montón porque se dijeron muchas cosas de él, mostraban una foto de un pibe que no era, mi hijo no tenía tatuajes, ni pistolas. La única arma que tenía era una gomerita».

Alejandra Ciriaco está cansada. Dice que hace el esfuerzo de atender a Tiempo para que en Buenos Aires sepan la verdad. El asesinato de su hijo movió los cimientos de Sáenz Peña, una ciudad que todavía se ufana de su herencia eslava y que tal vez por eso no pueda asimilar su componente indígena.

«Yo no niego mi raza, soy toba, y mi hijo también porque era mi sangre. Siento la discriminación. ‘Mataron a un indio’, dicen. Yo me pregunto si el asesino de Ismael tendrá hijos, sobrinos, hermanitos. Cómo se siente él ahora. No sé qué más quieren».

Alejandra llegó de Rosario hace algunos años. Se instaló en Chaco sola con sus cuatro hijos más chicos. El mayor se quedó pero hace poco más de un año lo encontraron ahorcado en su casa. El dolor no es algo nuevo para ella. Tampoco la miseria. «Siempre salí a golpear puertas –cuenta–, a mí no me daba vergüenza decir: ‘Señora, ¿me deja barrer la vereda por unos pesos?’, con tal de tener para darles de comer a mis hijos. Cuando Ismael necesitaba un par de zapatillas para ir a la escuela, yo me iba a pedir, jamás lo mandé a él.

–¿Cree que la Justicia va a castigar al asesino de su hijo?

–Si no es la Justicia será Dios. Sé que él me va a ayudar. No me queda otra que pensar así. Tengo que salir adelante por mis otros hijos. Le voy a decir la verdad. Si no fuera por ellos, yo me iría con Coqui. «

Los trataban de «indios de mierda» y los tuvieron horas de rodillas

Además del expediente abierto por el asesinato de Ismael Ramírez, la fiscalía a cargo de Marcelo Soto tramita otra causa por los incidentes frente al supermercado «El impulso», que terminó con 18 detenidos –siete menores– y graves denuncias de abuso policial. «Al margen de la trágica muerte de Ismael, posteriormente se produjo una razzia policial con violación de domicilios, apremios ilegales, detenciones arbitrarias, que incluso no terminaron ahí, sino que continuaron en las respectivas comisarías donde fueron alojados los detenidos», se queja Silvio del Balzo, secretario del Comité de Prevención de la Tortura del Chaco. Tras los incidentes, visitó las comisarías 1ª, 2ª, 4ª y de la Mujer, de Sáenz Peña, para monitorear las condiciones de los detenidos y constató esos hechos.

«Algunos –dice Del Balzo– nos comentaron que los tuvieron desnudos en la comisaría gritándoles ‘indio de mierda’ y cosas así, otros nos dijeron que los tuvieron arrodillados al frente de la mesa de entrada durante cinco o seis horas hasta que los llevaron a las celdas. Todos fueron víctimas de abusos».

Los once mayores, integrantes de la etnia qom, ya liberados, fueron imputados del delito de robo agravado con resistencia y atentado a la autoridad. «La policía cometió delitos de oportunidad porque la crisis genera las condiciones para que las fuerzas de seguridad tengan vía libre para accionar y cometer excesos», concluye Del Balzo.

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