Cómplice civil de la dictadura pero con el beneficio de la prisión domiciliaria, Smart vulneró su reclusión sin recibir ningún apercibimiento por parte del juez a cargo de controlarlo.
El juez federal de La Plata Nelson Jarazo aceptó la justificación y resolvió mantener la prisión domiciliaria y, más aún, concederle anticipadamente un nuevo permiso para que salga de su casa, esta vez para ir al dentista.
Tiempo informó en la víspera que Smart se ausentó sin permiso de su prisión domiciliaria entre las 15.21 y las 18.02 del 26 de julio, situación ante la que el juez Jarazo intimó a su defensa oficial a que explicara las razones de esa situación. “El nombrado solo contaba con autorización para asistir a un turno médico a las 12:00 horas”, consignó el magistrado.
El defensor oficial del represor condenado, Gastón Ezequiel Barreiro, respondió a la intimación del juez: “hago saber que en comunicación mantenida con nuestro defendido nos informó que realizó la salida en esa franja horaria para concurrir al turno que tenía pautado con la Lic. Escalante, que estaba programado para las 16 hora., pero al requerir la gestión de la autorización a este Ministerio Público consignó equivocadamente por un error de tipeo que era a las 12 horas”.
La defensa oficial aportó también una constancia de esa supuesta visita: “se adjunta la constancia que acredita su concurrencia el día 26 de dicho mes al consultorio de la Licenciada Victoria Escalante, psicóloga, donde mantuvo una consulta con la mencionada profesional”.
Según la página de internet www.mundopsicologos.com.ar, “la Licenciada Victoria Escalante atiende a pacientes con enfermedades como Angustia, Baja autoestima, Dependencia emocional, Depresión en adolescentes, Desorden de ansiedad por separación, Duelo, Estrés laboral, Maltrato psicológico y abandono infantil, Trastorno de adaptación, Trastorno de ansiedad generalizada (TAG), Trastorno del desarrollo del lenguaje expresivo, Trastorno obsesivo compulsivo (TOC), Dislexia, Déficit de atención, Agorafobia, Anorexia, entre otros”.
“La salida obedeció únicamente a los efectos mencionados, por lo tanto no se ausentó del domicilio a las 12 horas según estaba autorizado, ya que como se mencionó, equivocadamente creía que el permiso había sido extendido para las 16 horas”, indicó el defensor oficial.
Además, pidió una nueva autorización porque Smart “debido a un problema odontológico debió gestionar un turno de manera telefónica para recibir atención en esa especialidad, el cual le fue otorgado para el 1º de agosto de 2022 a las 9 horas”.
El juez Jarazo aceptó todo. Sobre la violación de la prisión domiciliaria, resolvió: “ténganse presentes las explicaciones brindadas en relación a la salida efectuada el día 26 de julio del en curso, y agréguese copia en el incidente de detención domiciliaria de Smart”.
En cuanto al “problema odontológico”, decidió: “autorícese al imputado a concurrir por sus propios medios el día 1° de agosto de 2022, a las 9 al consultorio (situado en San Isidro) a los fines de asistir al turno odontológico otorgado. El traslado lo deberá realizar en compañía de su fiadora, sin desviarse del trayecto existente entre su domicilio y el lugar referido, ni realizar paradas intermedias, debiendo posteriormente acompañar la constancia respectiva”.
En noviembre del año pasado la Corte Suprema había revocado la domiciliaria, pese a lo cual el condenado (en tres oportunidades y actualmente afronta otro juicio) continuaba en su casa.
Smart fue juez en los tempranos 70 e integró el tribunal especial conocido como “el Camarón” para juzgar actos atribuidos a la “subversión” en los tempranos 70, durante la dictadura de Roberto Marcelo Levinsgton.
Smart se recicló en la dictadura que se instauró el 24 de marzo de 1976, fue ministro de Gobierno bonaerense, muy cerca de Ramón Camps y Miguel Etchecolatz.
Smart fue condenado a prisión perpetua en los juicios conocidos como “Circuito Camps”, “La Cacha” y “Brigada de San Justo”. Actualmente comparece como acusado en el denominado “Juicio Brigadas”, por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la zona sur del Gran Buenos Aires.
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