La escena parecía de un western con bajo presupuesto: una horda de jinetes disfrazados de gauchos al cargar a rebencazos sobre un grupo de mapuches. Ocurrió en la ciudad de El Bolsón durante el anochecer del 21 de noviembre, cuando estos últimos protestaban por el asesinato a balazos de un integrante de aquella etnia, Elías Garay, de 29 años, y las graves heridas sufridas por otro, Gonzalo Cabrera, de 22.
Eso había sucedido horas antes en el paraje Cuesta del Ternero, donde se encuentra la Lof de Quemquemtreu, que tanto preocupa a la gobernadora rionegrina Arabela Carreras.
Uno de los impostores antropológicos de tal caballada tan ridícula como peligrosa le soltó a la prensa: “Nos dimos el gusto. Esos no son mapuches. ¡Mapuches eran los de antes!”.
En tanto, se presentaba en sociedad una presunta falange parapolicial, autodenominada “Comando de Restauración Nacional”, la cual, en un nítido homenaje a la Triple A, difundió un simpático comunicado para amenazar a la dirigente mapuche de Bahía Blanca, Olga Curipán. “Vos y tu comunidad están sentenciados (sic) a muerte. ¡Fuera de Argentina!”, expresa el panfleto, junto a un retrato del coronel Mohamed Alí Seineldín.
Lo cierto es que estos actuales adoradores de la Campaña del Desierto ponen un especial cuidado en las efemérides. Porque aquel combo de hechos y circunstancias coincide con el cuarto aniversario del deceso de Rafael Nahuel (asesinado por la espalda en manos de prefectos ahora acusados de “homicidio en defensa propia”), un hecho que a su vez coincidió con el entierro de Santiago Maldonado (cuyo crimen fue convertido en un “accidente” por el juez federal Gustavo Lleral).
Pero si bien en esas dos muertes resalta, dada la condición uniformada de sus hacedores, el sello del terrorismo de Estado macrista, en el asesinato de Garay y en sus celebraciones de El Bolsón y Bahía Blanca, aparece en primer plano el carácter civil de sus autores. De hecho, tal carácter lo comparten los dos energúmenos que balearon a Garay y Cabrera, los gauchos matreros de El Bolsón y los émulos bahienses de López Rega.
Todo indica que se está en presencia de lo que el sociólogo Boaventura de Souza Santos bautizó “fascismo societal”. Un fenómeno ideológico que, en contraposición a los procesos de extrema derecha en la Europa de la primera mitad del siglo XX, no es cincelado por la política ni el Estado sino que surge en las entrañas del cuerpo social. Una oleada técnicamente pluralista, sin jefes, pero provista de objetivos disciplinantes y civilizatorios. Es el fascismo que nace en las filas de los bancos; es el típico fascismo de algunos taxistas. Es el fascismo de los que ni siquiera saben lo que es el fascismo. Una bandera que ciertos espacios políticos e institucionales no piensan desaprovechar.
Por lo pronto, Martín Cruz Feilberg, uno de los presuntos homicidas de Garay, encaja como anillo al dedo con tal tipología.
Ya se sabe –tal como los medios difundieron desde su arresto– que él y su cómplice, Diego Ravasio, están enlazados a los hermanos Alberto Osvaldo y Rolando Rocco, que tienen concesionado para un emprendimiento maderero la zona de Cuesta del Ternero ocupada por el asentamiento mapuche. Además figura como socio de una empresa forestal –General Simon SRL–, inscripta en el Boletín Oficial, aunque de dudosa existencia fáctica dado su irrisorio capital (50 mil pesos). También trabajó para las empresas de seguridad Teamseg SA y Zeus Seguridad SRL y Grupo Teamseg, changas por las que pudo registrar la tenencia y portación de armas cortas y largas.
El tipo no disimula su afición por aquellos adminículos en las redes sociales. Pero además deja constancia en estas de su perfil ideológico: el tipo se ubica –diríase– a la derecha de Atila. Prueba de ello son las imágenes de Donald Trump que suele subir. También se ufana, en Facebook, de haber sido “un asesino en una reencarnación anterior”, confidencia que desata una opinión de otro usuario sobre quienes merecerían ser liquidados en esta sociedad: “Odio los delincuentes en todos los niveles y no tengo lástima por la basura social (chorros, violadores, asesinos)”. A lo que Feilberg contesta: “¡Totalmente de acuerdo! Pero la basura también incluye a la casta política, hoy”. Una hermosura de persona.
La detención de Feilberg y Ravasio hizo que la gobernadora Carreras se jactara por el profesionalismo de su policía. La información oficial señala que ellos fueron identificados “a partir del registro de un dron”. Pero esa mazorca está en realidad bajo la lupa por su posible complicidad con el ataque.
Hay quienes afirman que esa dupla ingresó al asentamiento a bordo de un Fiat Duna Rojo, tras saludar efusivamente a los uniformados que sitiaban el predio desde fines de septiembre. Y que esos mismos efectivos, después de oír alegremente los disparos, dejaron que se fuera, a sabiendas de lo sucedido.
¿Acaso les soltaron la mano? Sí. Pero por razones ajenas a su voluntad. En otras palabras, no pudieron encubrirlos por un exceso de celo burocrático: en el cuaderno de registro del puesto policial quedaron anotados los datos de los asesinos. A veces, los crímenes no son perfectos. «