Un día antes de abandonar el poder, un funcionario de Macri buscó dejar sin efecto la elección de autoridades de la única federación de trabajadores de prensa del país. A pesar de las pruebas, el repudio y el pedido de centrales sindicales, gremios y periodistas, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aún no se ha pronunciado. Quien firmó la medida ahora es diputado del PRO en Entre Ríos.
¿Qué razones llevan al actual ministro Moroni a mantener su indefinición sobre una polémica decisión de su antecesor, Dante Sica? El interrogante no sólo resuena dentro de la cartera laboral. También despierta intrigas sobre las razones que llevaron a Troncoso a poner la firma de una decisión administrativa cuando, en los papeles, ya había asumido su cargo legislativo. Es tan llamativa la maniobra, y el silencio del ministro Moroni, que el reclamo de la FATPREN ya sumó el apoyo de las dos Centrales de Trabajadores Argentinos, y la Corriente Federal de Trabajadores, que nuclea a más de 20 sindicatos nacionales que integran la Confederación General del Trabajo (CGT).
Antecedentes
La impugnación fue impulsada por Orlando Romero, secretario general de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires, una organización gremial de mínima representación, que accionó ante la administración del entonces ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, para impedir que se concretara el Congreso realizado el 13 y 14 de septiembre, donde fue elegida la nueva Comisión Directiva de la Federación, encabezada por Carla Gaudensi como la primera mujer que llega a la conducción de FATPREN con el apoyo de 13 sindicatos de prensa.
Un día antes de la realización del Congreso, Romero buscó excluir e impugnar a los sindicatos de Prensa de Santa Fe (APFS), Salta y de la Ciudad de Buenos Aires (SIPREBA), tres de las organizaciones que habían buscado acordar una lista federal de consenso para continuar el impulso de la Federación en el marco de una de las crisis más graves de la organización de los trabajadores de prensa, por la cantidad de pérdida de puestos de trabajo y el incremento sistemático de la precarización de las condiciones laborales.
En septiembre, con una velocidad inédita, menos de 24 horas, Romero consiguió que la DNAS hiciera lugar a su impugnación. La medida fue recurrida por la conducción de la FATPREN en forma inmediata. Esa respuesta permitió que el Congreso sesionara con la presencia de todos los sindicatos habilitados y de los veedores enviados por el entonces ministro Sica. Sin embargo, la vigencia de ese proceso fue anulada por los subordinados del ministro el 9 de diciembre de 2019, cuando les quedaban 24 horas en el poder.
Al día siguiente, el presidente Alberto Fernández designó a Claudio Moroni como nuevo titular de la cartera laboral. La medida fue recurrida por los abogados de FATPREN, pero tres meses después de la presentación de ese planteo, los funcionarios de Moroni lo han ignorado y el ministro ha eludido los pedidos de audiencia presentados por las autoridades de la Federación, tanto las vigentes como las electas en el congreso de septiembre que deberían asumir este mes.
La falta de respuesta al reclamo ha generado las primeras críticas de distintas confederaciones sindicales contra la administración de Moroni por mantener una polémica decisión que fue resuelta por la gestión anterior cuando estaba a un paso de dejar el poder. Tres meses después de la aplicación de esa medida, los gremios que integran la FATPREN aguardan que las nuevas autoridades laborales hagan lugar al recurso presentado y declaren la legalidad de la conducción elegida en septiembre pasado.
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