El ajuste en el Estado agudiza las tensiones en la alianza Cambiemos

Por: Claudio Mardones

Los dos mandatarios provinciales del PRO, la bonaerense, María Eugenia Vidal, y el porteño Horacio Rodríguez Larreta, resisten la transferencia total del financiamiento de los subsidios que Macri le prometió a los gobernadores peronistas. Carrió versus Cornejo, y Dujovne contra Etchevere, las otras disputas.

“La alianza está asegurada. Y los radicales harán lo que nosotros digamos. Tienen que reconocer que están con una ex miembro que los maneja desde afuera. Es divino. Es el mayor castigo por misóginos. Nos mandaban a las convenciones a servir empanadas y ahora los manejo yo desde afuera”, disparó la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y revivió el novelón con el partido centenario. La histérica disputa pública entre los dos socios menores de la alianza Cambiemos sumergió en un provisorio segundo plano a la serie de internas que atraviesan al PRO, a la mesa que rodea al presidente Mauricio Macri y a su gabinete de ministros.

La decisión presidencial de reendeudar al país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para salvar a su administración, profundizó las contradicciones de su entorno más próximo. Pero también obligó a sus protagonistas a dirimir sus diferencias en el marco de la escasez económica, impuesta por el ajuste fiscal acordado con el organismo internacional. La más pública de esas tensiones gira en torno al diseño del recorte entre el Estado Nacional y los dos mandatarios provinciales que tiene el PRO: la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que resisten la transferencia total del financiamiento de los subsidios estatales  al transporte público, a los servicios de luz y gas, además del posible traspaso de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).

El Pacto Fiscal firmado en 2016 establece la eliminación de las diferencias del boleto en todo el país y cumple con el reclamo de distintos gobernadores peronistas y radicales para que los porteños y bonaerenses dejen de pagar un viaje en colectivo menos costoso que los valores que se pagan en las provincias. Ahora, ajuste del FMI mediante, ese esquema se acelerará, y la resistencia de los caciques territoriales del PRO tiene una puntera como Vidal, que no quiere resignar parte de los 65.000 millones que recibirá el año que viene por la restitución del Fondo del Conurbano. Una salida que barajan dentro de Balcarce 50 para evitar que la Provincia pierda ese salvavidas sería renegociar la letra chica de la coparticipación federal.

En el caso de AYSA, ex Obras Sanitarias, es considerada dentro del Gobierno como una herramienta clave de gestión. También de intervención electoral. Depende del Ministerio del Interior, conducido por Rogelio Frigerio, integrante del «ala política» del gabinete y uno de los menos interesados en resignar un instrumento que le permitió a Cambiemos multiplicar las obras de agua y cloaca en todo el país.

Los negociadores del recorte con Vidal y Larreta son el jefe de Gabinete Marcos Peña, sus dos secretarios Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, además del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, que también protagoniza otras tensiones determinantes sobre la geografía futura del ajuste, pero especialmente sobre de qué recursos echar mano, como su intención de postergar la reducción de retenciones a los agroexportadores.

La discusión de Vidal y Larreta sobre quién, cómo y hasta dónde se hacen cargo del mega ajuste, frente a los secretarios y ministros que responden a Peña y Macri, no registra avances al cierre de esta edición.  Su estancamiento le impide a la Casa Rosada avanzar con el esquema siguiente: negociar con los tres gobernadores radicales que ahora se están peleando con Carrió, es decir, el jujeño Gerardo Morales, el correntino Gustavo Valdés y el mendocino Alfredo Cornejo, que preside el Comité Nacional de la UCR y mandó a todos los referentes partidarios que le responden a defenestrar a Carrió. Cerca del titular boiniblanco especulan que las palabras de la chaqueña expresan el pensamiento vivo de Macri y Peña respecto a sus socios radicales. Creen que no les perdonan haber cuestionado en voz baja el acuerdo con el Fondo, haber alimentado la tormenta económica con sus dardos verbales contra el tarifazo y acusado al entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, de «hacer meter varias veces la pata a este Gobierno».

ELos reemplazos del ex CEO de Shell y Francisco Cabrera, que dejó el sillón del Ministerio de Producción, expresaron parte de la interna que cruza al Gabinete desde el inicio de la primera corrida cambiaria. Sin embargo no fueron los radicales quienes extirparon a Aranguren del Ejecutivo, sino Larreta, Vidal y el amigo personal del presidente, Nicolás Caputo. El magnate siempre integró la mesa chica de Macri y como accionista de la eléctrica Edesur, entre otras empresas, sostiene en privado la inviabilidad del ajuste y la necesidad de que los demás empresarios del sector energético tengan un gesto político con Macri para evitar que el tarifazo debilite más a su Gobierno y lo saque del juego electoral para disputar su reelección.

Las energéticas, junto al agro y los bancos, son los sectores más beneficiados por el gobierno de Cambiemos, y el ala política que rodea a Macri considera que deben ser moderados en sus expecativas de negocios para garantizar la «durabilidad» del Gobierno después de 2019. A pesar de los cambios en la cartera de Energía, el nuevo ministro Iguacel no cosechó una respuesta unánime de los empresarios del sector. Estarían tan divididos como Cambiemos: algunos, como Caputo (EDESUR) y Alejandro Mac Farlane (EDELAP) promueven atemperar las ambiciones, pero los demás jugadores le habrían planteado a Iguacel su resistencia. Una respuesta similar hicieron las petroleras, que reivindicaron la decepción que espetó Aranguren sobre su desplazamiento y pidieron la confirmación del cronograma de aumentos previsto con la postergación de los incrementos de los últimos dos meses que comenzarán a aplicarse.

Así como Aranguren amenazó con el portazo cuando le pidieron la primera postergación del tarifazo, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere siguió sus pasos apenas Dujovne planteó echar mano a las retenciones al agro para afrontar el déficit, y postergar su cronograma de reducción prometido en las presidenciales de 2015. La eliminación total de las retenciones a las exportaciones agrarias es la base de sustentación de la relación que mantiene la Mesa de Enlace con Cambiemos, también sembrada por millonarios aportes de campaña. Luego de un mes de tensiones internas con los agroexportadores, este viernes el ministro del área confirmó que no habrá cambios. Como gesto, los farmers liquidarían más rápido los dólares que reciben por las exportaciones, según deslizó el presidente de la Sociedad Rural este sábado en declaraciones radiales. «Los exportadores tienen un plazo quizá demasiado largo para liquidar los dólares que generan las exportaciones de granos», dijo Daniel Pelegrina al programa El Lobby. El empresario encabeza el poderoso agrupamiento que le obsequió un bono de 500.000 pesos a Etchevehere por su gestión como titular de la SRA, una de las razones que desató otra interna, también protagonizada por Peña. Etchevehere es afiliado a la UCR, pero no tuvo el respaldo del partido centenario en esta disputa, sino del propio Macri.

Con el ajuste como mar de fondo, las internas atraviesan a buena parte del Gabinete que responde a Peña, el principal destinatario de una sucesión de cuestionamientos que llegaron hasta las versiones de su reemplazo, una posibilidad que algunos funcionarios multiplican, mientras otros la descartan porque, según aseguran, «Peña es Macri», para graficar el atávico y reducido entorno que utiliza el Presidente para tomar decisiones. «

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