Durísimo informe del Cels sobre el estado de los DD.HH. en la Argentina

“Este Informe se cierra en una coyuntura muy particular en materia de derechos humanos”, describió en el inicio del prólogo Gastón Chillier, director ejecutivo del Cels. “Una cantidad de decisiones, medidas y hechos afectan negativamente cuestiones críticas de la agenda y los mecanismos de protección de derechos en la Argentina -prosigue-. No se trata de hacer una caracterización global del proyecto que lleva adelante la alianza Cambiemos, sino de señalar una preocupante convergencia de acciones y decisiones políticas y judiciales que erosionan aspectos nodales del sistema de derechos humanos en el país”.

Chiller expone que el contexto está marcado por el Caso Maldonado: “Santiago fue visto por última vez con vida mientras huía de la persecución de la Gendarmería. Con el paso de los días el caso se volvió central en la agenda pública y acaparó la atención nacional e internacional. Permaneció desaparecido cerca de tres meses. El 17 de octubre un cuerpo sin vida fue encontrado en el río Chubut, en el marco de un rastrillaje ordenado por un nuevo juez a cargo de la investigación, y fue luego identificado como Santiago Maldonado. Los primeros resultados parciales de la autopsia revelan que es menos probable que el cuerpo haya sido objeto de agresiones directas, como heridas causadas por armas. Sin embargo, hay resultados de diferentes estudios pendientes así como la reconstrucción precisa de las circunstancias que rodearon su muerte”, recopila el informe. “Mientras que las causas exactas de la muerte no han sido esclarecidas, algunos hechos son contundentes: la respuesta del gobierno nacional, a cargo de la fuerza de seguridad que intervino, y la investigación inicial para encontrar a Santiago Maldonado e identificar las responsabilidades de su desaparición fueron muy deficientes”, explica Chiller.

El informe cuestiona el modo en el cual el Estado abordó el caso. “A trece días del hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado, el presidente Mauricio Macri declaró: ‘Para mí es tan inocente un gendarme como un ciudadano común’. Esta forma de presentar el conflicto como una disputa entre particulares con iguales derechos y obligaciones -explica Chiller- busca desdibujar las responsabilidades diferenciales del Estado. Deberes que son, además, específicos para los funcionarios de seguridad que tienen el mandato de proteger a las personas y de hacer un uso responsable de la fuerza estatal que ejercen como agentes. Toda la concepción del derecho internacional de los derechos humanos parte de esta diferencia que el jefe de Estado pretende desconocer”.

Para el Cels, “el discurso oficial legitimó la represión presentando a la comunidad como una amenaza al sistema y un enemigo interno, una fórmula que se inscribe en la insistencia en introducir “la cuestión del terrorismo” como si fuera uno de los problemas centrales de la Argentina. Desde que asumió el gobierno colocó el reclamo de comunidades mapuches por la tierra y el problema del narcotráfico entre los peligros principales de la seguridad nacional. Esto es parte de una de las líneas más consolidadas en el programa de Cambiemos: la reinscripción del país en la agenda global de las “nuevas amenazas”.

El informe puntualiza que la reacción del Gobierno frente al caso Maldonado “deriva del realineamiento con los Estados Unidos y la relación preferencial con Israel, y coloca a la seguridad nacional y al orden público como bienes principales a ser protegidos. Tiene graves consecuencias en el diseño de las políticas y en las prácticas de las fuerzas de seguridad, ya que sus efectos no se limitan a las relaciones internacionales, sino que impactan en la concepción de la seguridad interior”.

En ese aspecto, el prólogo del informe concluye que “un planteo central de la agenda de “las nuevas amenazas” es identificar enemigos internos que justifican la militarización de las intervenciones. Esto se traduce en el endurecimiento de la represión policial, incorporando otras lógicas y/o armamentos. Otra vía que impulsa esta agenda a nivel global, prohibida en nuestro país, es la habilitación para que las Fuerzas Armadas actúen en cuestiones internas, como sucede en países como México y Colombia provocando verdaderas tragedias en materia de derechos humanos. De hecho, desde 2015, de diferentes formas y en distintos momentos, algunos voceros del gobierno han puesto en duda la pertinencia de sostener el principio de demarcación entre seguridad interior y defensa nacional”.

El informe hace mención también de una “posición restrictiva” del gobierno frente a la protesta social, que “tiene lugar en un contexto de diversificación de los colectivos que salen a la calle a protestar y de aumento de la conflictividad social. Entre los colectivos movilizados, la novedad principal la constituye el movimiento de mujeres convocadas en torno a la consigna “Ni una menos”, que ha protagonizado masivas marchas, contra las que también se han desplegado la violencia policial y la persecución penal”.

Para el Cels, “el aumento de la conflictividad social está asociada al empeoramiento de indicadores socioeconómicos, entre los que se destacan los niveles de desocupación y subocupación más altos de los últimos diez años, una caída de siete puntos en la participación de los asalariados en el ingreso y un aumento de casi tres puntos de la diferencia de ingresos entre el decil más rico y el más pobre. Los datos surgen tanto de fuentes oficiales como de centros de investigación como Cifra”, precisa.

El informe también es crítico con “el nivel de concentración de medios al que se ha llegado”, que considera “mayor que el anterior a la derogada ley audiovisual”. “Este es el trasfondo de la homogeneidad creciente en los discursos dominantes y de la agenda de problemas públicos que se presenta en la prensa escrita, radial, televisiva y digital”.

El informe también marca como puntos críticos las políticas económicas, la modificación de la ley de migraciones y la “marcada convergencia entre medidas de gobierno y decisiones del Poder Judicial”.

En ese aspecto, Chiller puntualiza que “la represión de la protesta tiene un correlato en la persecución penal de manifestantes y referentes sociales. Esto muestra una afinidad de criterios y acciones entre autoridades políticas y sectores judiciales para limitar la acción colectiva. El encuadramiento penal de acciones que son propias del acto de manifestar no sólo procura limitar la protesta, sino que resulta instrumental a una persecución más amplia de la organización social, política y sindical. Muchos referentes con amplia representación y legitimidad están sometidos a proceso, acusados de una variedad de figuras penales. Algunas acusaciones son muy graves y prevén penas altas. Los procesos abiertos son suficientes para afectar la organización y la movilización de diferentes colectivos. Tanto de los que están directamente involucrados en las causas como de aquellos que se ven intimidados por este accionar judicial”.

Chiller usa como ejemplo de esa situación el caso de Milagro Sala: “Fue encarcelada por hechos vinculados a una protesta social el 16 de enero de 2016, aunque el encadenamiento de causas por las que se busca justificar la prolongación de su prisión preventiva tiene motivaciones muchísimo más amplias. Su detención arbitraria activó un proceso de persecución social, política y judicial sin precedentes contra todo el colectivo al que pertenece. El espectro de acciones utilizadas contra la Túpac Amaru –entre otras: sometimiento a procesos judiciales, acciones legislativas persecutorias, restricciones en las políticas públicas, uso de la fuerza policial, estigmatización y descrédito públicos– muestra la convergencia de acciones de los diferentes poderes del Estado provincial”.

“En un contexto regional e internacional que –más allá de los colores políticos– es adverso a los acuerdos globales en materia de derechos humanos, la respuesta del gobierno argentino ante la desaparición de Santiago Maldonado y su muerte, las represiones y los discursos puestos a circular sobre las amenazas del presente y hechos del pasado, junto con decisiones judiciales que apuntan contra algunos pilares de la democracia argentina como la lucha contra la impunidad por los crímenes de lesa humanidad y el compromiso con los sistemas internacionales de protección, ponen en alerta los núcleos de la agenda de derechos humanos en la Argentina”, resume el prólogo del informe, que concluye con una advertencia: “Esta situación exige resguardar y proteger principios en materia de derechos humanos de la dinámica de polarización política general. Esa es la mejor tradición social y política construida en la Argentina desde el fin de la dictadura y la base desde donde es posible defender los acuerdos de la democracia”.