Dura advertencia de la ONU al gobierno nacional por el ajuste social

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó a evaluar la posición del Estado argentino en el cumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales después de siete años. La mesa de examen abrió con un severo cuestionamiento preliminar sobre el impacto del ajuste impuesto en esas áreas por el gobierno de Cambiemos en sus casi tres años de gestión. Y sumó una advertencia formal sobre el potencial impacto negativo en los sectores más vulnerables que generará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

La recomendación de evitar nuevos recortes de derechos para cumplir las metas del organismo de crédito internacional quedó formalizada el viernes durante una audiencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la ONU. DESC es el órgano integrado por 18 expertos internacionales e independientes que evalúa periódicamente el cumplimiento de las obligaciones de los 169 Estados adheridos. En la Argentina, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene rango constitucional, lo que obliga al cumplimiento de las observaciones que realice el Comité. La comitiva oficial que participó de las audiencias en Ginebra estuvo encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el dictamen final se conocerá a mediados de octubre.

Los miembros del Comité pidieron precisiones a los representantes del Estado argentino después de estudiar los datos aportados por diferentes organizaciones de la sociedad civil –los denominados informes «sombra»–  que trazan un escenario desalentador en la situación de los grupos sociales más desprotegidos. Uno de esos trabajos reunió el diagnóstico de más de medio centenar de organizaciones sociales y sindicales, equipos de investigación, especialistas y organismos de Derechos Humanos y fue compilado y presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). 

El relevamiento denuncia una «situación crítica» en materia de derecho al trabajo, salud, seguridad social, tierra y vivienda, y advierte sobre un agravamiento de esas limitaciones estructurales a partir de medidas económicas y políticas adoptadas durante la gestión de Cambiemos. Según el informe que reúne siete trabajos por área, y al que tuvo acceso Tiempo, el modelo macrista  produjo «una transferencia de ingresos hacia los sectores privilegiados, un proceso de reprimarización del sistema productivo y la aceleración del endeudamiento público».

Ante las consultas del Comité, la delegación argentina evitó las precisiones. El discurso de Avruj transitó el tono político-electoral que suele elegir el macrismo frente a preguntas incómodas y el ya gastado recurso de la «pesada herencia» recibida en diciembre de 2015. «Estamos viviendo un cambio de paradigma. Después de una década de populismo asumimos una política que enfrenta nuestros problemas de verdad», contestó Avruj durante el intercambio. 

«Las advertencias que el organismo planteó en la audiencia de este viernes indican que el informe que se conocerá en unas semanas será severo», señaló el director ejecutivo del Cels, Gastón Chillier, a Tiempo.  «El Comité observa que el acuerdo con el Fondo puede tener un alto costo social. Funciona como una contracara del FMI porque le dice al Estado argentino que ese pacto financiero no puede implicar recorte de derechos sociales», evaluó.

Cifras y alarma.

La actualización estadística de los informes reunidos por el Cels señala que en la Argentina hay casi 2 millones de personas desocupadas, de las cuales el 39,2% lleva más de un año buscando trabajo. Según los datos del Indec del segundo trimestre de 2018, el desempleo golpea más fuerte entre las mujeres jóvenes (21,5 por ciento).

La aceleración del proceso inflacionario, puntualiza el trabajo, produjo una caída del salario real del 5,7% para los trabajadores formales del sector privado entre noviembre de 2015 y mayo de 2018. Para los empleados públicos ese tobogán descendente fue, en el mismo período, del 11,9 por ciento.

La desigualdad entre los sectores más ricos y más pobres de la sociedad argentina también tuvo un salto durante la gestión cambiemita. La brecha entre ambos universos  aumentó un 5,2% entre el primer trimestre de 2017 y el mismo período de este año.

El impacto del tarifazo en los servicios públicos contempla un capítulo independiente. Los datos compilados señalan que, entre 2015 y 2017, el gasto público se mantuvo en valores similares al PBI. Sin embargo, el peso relativo de los intereses de deuda trepó el 0,9%, mientras que el subsidio a los servicios públicos disminuyó un 0,8 por ciento. Esa reducción implicó un aumento del 1000% en los servicios públicos en la Ciudad y el Conurbano desde 2016; y de entre el 200 y 500% para el resto del país.

La reforma «regresiva» del sistema jubilatorio y de seguridad social fue otro de los aspectos sobre los que tomó nota el Comité. El informe advierte sobre un 10% de reducción en el poder adquisitivo de los haberes y denuncia el recorte de pensiones por discapacidad que, incluso antes de la resolución de ajuste conocida días atrás, excluyó del beneficio a casi 60 mil personas.

El capítulo de vivienda e infraestructura tiene como punto de partida la deuda estructural de la Argentina: más del 10% de las viviendas no está conectado a la red de agua potable y más del 30 carece de servicios de cloacas. Sin embargo, la inversión pública en ese rubro cayó del 2% (como porcentaje del PBI), en 2015, al 0,3% en 2017.

El objetivo del gobierno de llegar a “déficit cero” en 2019 con la profundización del ajuste articula otro apartado del informe. Advierte que, según las estimaciones oficiales, a fines de 2018 la inflación podría alcanzar el 42 % y la actividad económica sufrir una caída del 2,4. «Este escenario, sumado al ajuste que se profundiza con el respaldo del FMI, afectará el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, y agravará la pobreza con mayor impacto en las mujeres y en la población joven», concluye el trabajo. «