Dolores Etchevehere: «Mis hermanos tienen tal voracidad por el dinero que no frenan nunca»

Por: Gastón Rodríguez

La hermana del expresidente de la Sociedad Rural y exministro de Agricultura de Macri resiste junto a integrantes del Proyecto Artigas. "Estos patoteros siguen afuera, avasallando mis derechos".

Lo íntimo se hizo público. No es más que eso. “Estos patoteros –dice Dolores Etchevehere, desde el interior de la estancia Casa Nueva– siguen afuera, y ahora, además, pusieron un candado en la tranquera. Es gravísimo, porque están avasallando los derechos hereditarios de una persona que son inalienables. Pero la verdad es que no me sorprende porque es lo mismo que ocurría cuando estaba sola con ellos. Me pasaba tal cual”.

Dolores es la única hija de Luis Félix Etchevehere, patriarca de una de las familias terratenientes más ricas e influyentes de Entre Ríos. Desde la muerte del padre, hace ya once años, soportó el desdén de sus hermanos varones. Tanto Luis Miguel, el mismo que supo ser presidente de la Sociedad Rural y ministro de Agricultura del gobierno de Macri, como Sebastián y Juan Diego, la excluyeron de los negocios del clan y le negaron el acceso a sus derechos hereditarios: nunca recibió dinero ni tiene, aún hoy, alguna propiedad a su nombre. Tanta alevosía se explica por el género.

“Sienten un profundo desprecio por las mujeres, las descartan. No lo hicieron solo conmigo, eso está presente en el trato que tienen con cualquier mujer, incluso, sus vínculos personales dejan mucho que desear. Y esto no es un chisme, sino una realidad muy seria”, explica Dolores y agrega otra razón íntima que los mueve: “Premeditan como robarle el dinero al que tienen al lado. Mis hermanos han defraudado al Estado, pero también al sector privado pidiendo créditos subsidiados para sembrar soja. Tienen esa voracidad por el dinero, no frenan nunca”.

La costumbre de los Etchevehere quedó expuesta cuando Dolores donó el 40% de su herencia para el Proyecto Artigas, un emprendimiento agroecológico a desarrollar en una parte de las 1600 hectáreas que tiene la estancia ubicada en la localidad de La Paz.

“Vamos a construir un proyecto distinto, justamente en Entre Ríos, que tiene uno de los índices de contaminación con agrotóxicos y de concentración de la tierra más altos del país. Dolores ha sido muy audaz y valiente, sabiendo a lo que se enfrentaba. Igual investigó y probó la actitud mafiosa de sus hermanos. Ya cuando Luis era ministro de Macri lo denunció porque le pagaba a sus peones 500 pesos y una bolsa de comida por quincena”, destaca Lautaro Leveratto, dirigente del MTE Rural que, pese a las presiones de los ruralistas, permanece junto a Dolores en la estancia.

Por el candado en la tranquera, los integrantes del Proyecto Artigas presentaron una denuncia penal por privación de la libertad, coacción agravada, extorsión y usurpación agravada, y pidieron la detención de Luis Miguel Etchevehere. Además, le solicitaron “a los hombres y mujeres de campo que entren en razón. Etchevehere no los representa, es un señor mafioso que intenta utilizarlos como fuerza de choque para resolver sus problemas particulares”.

Violencia patronal

El viernes, el juez subrogante de La Paz, Raúl Flores, rechazó el pedido de desalojo presentado por la madre y los hermanos de Dolores y destacó que, contrariamente a lo denunciado por el clan Etchevehere y amplificado por dirigentes de la oposición y sus medios afines, “el ingreso al establecimiento fue pacífico y sin violencia, por haberse atravesado el guarda-ganado para ingresar al campo desde la ruta, que permanece abierto y sin obstáculos al libre acceso”.

El magistrado también descartó que el ingreso de Dolores al predio haya sido a través de un “engaño”, ya que “la señora dio su nombre y apellido sin ambages, y los empleados saben que los patrones son la familia Etchevehere” y les pidió a los hermanos “pensar una solución pacífica, armónica”.

Lo que se vio, en palabras de la socióloga y escritora Maristella Svampa, fue “el nivel de violencia patronal que refleja lo peor de nuestra historia oligárquica: es abiertamente racista, patriarcal y clasista”.

El miércoles, un desfile de camionetas y tractores se apostó en la entrada de la estancia con el claro objetivo de amedrentar. Durante esas horas de tensión, que llevó a las organizaciones sociales a marchar de urgencia a la Casa de la Provincia de Entre Ríos en la Ciudad, para exigir a las autoridades que garanticen la integridad física de Dolores y los integrantes del Proyecto Artigas, se difundió un audio donde un ruralista reconoció la ansiedad “de más de uno de ir armado” para entrar al campo donde “hay 40 piojosos”; también circuló el video donde se ve a unos hombres ofrecerle a Dolores un “salvoconducto” para retirarse “pacíficamente”, evidenciando el poder de los dueños de la tierra. Más recato mostró la diputada cordobesa de Juntos por el Cambio Patricia De Ferrari, quien borró el tuit donde pedía por los “Falcon verdes” (en alusión a uno de los métodos del terrorismo de Estado) para “impartir justicia” sobre Juan Grabois, representante de Dolores en su reclamo por la herencia.

“Con mi caso -concluye Dolores- quedó expuesto que una parte de la sociedad se expresa a través de la violencia, incluso odian a personas que no conocen. Eso me parece tremendo. Para mí es una lástima que odien tanto”. 

El exministro puso candado a la tranquera y fue denunciado

El 15 de octubre, el Proyecto Artigas plantó la primera semilla de un emprendimiento agroecológico en la estancia Casa Nueva, en La Paz, Entre Ríos. Dolores Etchevehere les donó el 40% de esas tierras correspondientes a su herencia.

Los hermanos varones de Dolores, Luis Miguel, exministro de Agricultura del gobierno de Mauricio Macri, Sebastián y Juan Diego, rodearon la estancia, acompañados de decenas de ruralistas, para amedrentarlos.

El viernes, el juez subrogante de La Paz, Raúl Flores, rechazó el pedido de desalojo y destacó que, contrariamente a lo denunciado por el clan Etchevehere, el ingreso al establecimiento fue pacífico y sin violencia, además de descartar que se hayan usado armas de ningún tipo.

Pese a la resolución, los ruralistas continuaron rodeando la estancia, intimidando a quienes entraban y salían del predio, pretendiendo revisar sus automóviles, y hasta colocaron un candado en la tranquera, lo que motivó una denuncia contra Luis Miguel Etchevehere por «privación ilegítima de la libertad, coacción agravada, extorsión y usurpación agravada».

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