El juez Ramos Padilla tiene en sus manos los datos recabados por el falso abogado con fines extorsivos o de espionaje político. Corresponden a 2015, cuando "Nicolasito" visitó El Calafate.
El juez de Dolores precisó: “Entre esos datos reservados, se destaca la obtención de registros migratorios (…) de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del actual presidente de Venezuela”.
“Nicolasito” Maduro Guerra fue uno de los objetivos de D’Alessio. ¿Desde cuándo? Desde que en 2015 el difunto juez Claudio Bonadio descubrió, en un allanamiento realizado en El Calafate con efectivos de la Policía Metropolitana (entre los que estaban Leandro Araque y Jorge “Turco” Sáez, luego incorporados a la AFI y hoy procesados por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos), que el hijo del presidente de Venezuela había estado allí, alojado en el Hotel Los Sauces.
El 20 de septiembre de 2015, el diario Clarín publicó que “El hijo de Maduro estuvo en El Calafate, invitado por Barreiro y La Cámpora”. Según el artículo, “de la visita al hotel de Cristina se encargó La Cámpora y Ricardo Barreiro, conocido como ‘El Jardinero’ de los Kirchner”.
Barreiro estuvo preso por orden de Bonadio por la Causa Cuadernos hasta que la Cámara Federal lo desvinculó de ese expediente. Su hijo, Pablo Erasmo Barreiro, quien fue secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner, fue uno de los objetivos de la organización de D’Alessio. Le hizo creer, con la ayuda de periodistas que dijeron públicamente que era “inminente” su detención, que debía “arrepentirse” y “declarar contra Cristina” para evitar la cárcel.
“Los gastos de esa estadía corrieron por cuenta de Ricardo Barreiro, un ladero de Néstor y Cristina en El Calafate. Así lo prueban documentos secuestrados en los allanamientos del 13 de julio pasado (2014), por orden del juez Claudio Bonadio, a los que tuvo acceso el diario Clarín”, decía la nota.
D’Alessio sabía todo de Nicolasito Maduro. Había pedido y obtenido información migratoria y así determinó cuándo y con quién viajó a la Argentina. El abogado defensor de D’Alessio, Claudio Fogar, le pidió al juez Ramos Padilla que le muestre toda la prueba que existe sobre el espionaje al primogénito venezolano. Entre esa documentación está la plancha con los viajes de Maduro hijo.
¿Qué más sabía? Sus cargos, sus gustos, sus proyecciones políticas. Y un dato clave: su designación por parte de su padre como una suerte de auditor de las obras de la multinacional brasileña Odebretch, sospechada de corrupción en varios países de la región. Ese halo de sospecha incluye a la Argentina; al gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, pero también a las empresas de la familia Macri.
Maduro Guerra fue jefe del Cuerpo de Inspectores de la Presidencia, coordinador de la Escuela Nacional de Cine, economista recibido en la Universidad Experimental de la Fuerza Armada, delegado a la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, actualmente diputado (elegido en los comicios de diciembre pasado) y músico aficionado.
No se trata de un clásico “hijo de papá”. Su figura se ha proyectado desde aquella primera incursión en política, en 2013, como dirigente de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. El 6 de diciembre pasado se presentó como cabeza de lista en las elecciones parlamentarias por La Guaira, una provincia costera lindante con Caracas. Incluso se insinúa como candidato a gobernador por ese estado en las elecciones regionales previstas para este año.
Pese a que nunca ocupó oficialmente un rol de embajador sin cartera, sus viajes al exterior (incluso el de la Argentina) pudieron tener ese objetivo. La prueba de ello es que en julio de 2019 viajó a Corea del Norte, fue recibido por la plana mayor del gobierno de Pyongyang y participó de actos encabezados por el líder local Kim Jong-un. Ese viaje solidificó las relaciones entre Caracas y el gobierno norcoreano, uno de los principales sostenedores de Maduro padre.
A mediados de 2020, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, estableció una serie de sanciones contra dos colaboradores de Nicolasito, Santiago José y Ricardo José Morón Hernández. La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro norteamericano los acusaba de manejar supuestos negocios ilegales, especialmente con oro. D’Alessio se presentaba ante propios y extraños como agente de la DEA y con aceitados vínculos con la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. «
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