Jorge Luis De la Canale, señalado por los organismos de Derechos Humanos por sus vínculos con el aparato represivo, recibió un título al mérito deportivo. La iniciativa fue del bloque del FdT.
Pero De la Canale tiene un pasado que se remonta más allá de sus logros como dirigente deportivo, su apellido está vinculado a los años más oscuros del Terrorismo de Estado en “La felíz”. Cómo abogado, formó parte de la pata civil que fue un engranaje clave en el secuestro y desaparición de personas, algunas de ellas colegas suyos del foro judicial. Su nombre fue citado durante los históricos Juicios por la Verdad en 2001, primero por Amílcar González, reconocido periodista del diario La Capital durante la década del 60 y 70 y titular del Sindicato de Prensa por aquellos años, que luego fue secuestrado por su militancia peronista y obligado a un duro exilio. Durante su secuestro, González permaneció durante varios días en el destacamento 9 de Julio de la policía bonaerense. Estando ahí y en un asado entre sindicalistas y policías, pudo encontrarse al doctor De la Canale.
–¿Qué hace usted en esta comisaría? –preguntó González.
–Yo acá tengo amigos – Le respondió de forma altanera De la Canale, para luego abandonarlo a su suerte.
Según consta en el expediente Nº 12017274/2012, ya retornada la democracia, De la Canale intimidó a Cecilia Boeri, secretaria por entonces del Juez Pedro Hooft, otro miembro de la justicia que enfrenta una causa por su participación en la última dictadura. Además, varios testigos afirmaron que por aquellos años “De la Canale iba armado a Tribunales”.
Años más tarde, Etelvina García, suegra de Raúl Hugo Alais, abogado laboralista desaparecido en la llamada “Noche de las Corbatas”, nombró a De la Canale durante su declaración en la causa “Molina”, un proceso de mucha trascendencia que tuvo a Gregorio Rafael Molina como el autor material del asesinato de los abogados Norberto Centeno y Jorge Candeloro, además de haber sido el verdugo del resto de los letrados de esa fatídica jornada. Fue la primera condena a reclusión perpetua y efectiva en cárcel común de un torturador en todo el país y De la Canale fue mencionado en varias oportunidades durante ese juicio como parte de la agrupación de ultraderecha CNU (Concentración Nacional Universitaria) que actuó en los años previos al Golpe.
En el año 2008, la Comisión Provincial por la Memoria, desclasificó y gestionó un archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que confirmaba la participación de civiles en el aparato represivo de Mar del Plata” – Justamente el legajo Dipba nº 151 – Mesa Estudiantil, cita a Jorge De la Canale como integrante de la patota que ingreso el 6 de diciembre de 1971 al rectorado el día que asesinaron a la joven estudiante de arquitectura Silvia Filler, y un informe de la Delegación Regional de Inteligencia del año 1985 da cuenta que De la Canale fue un miembro de la CNU que, cómo Ullúa, Cincotta y Durquet, “colaboró con el ejército en la lucha antisubversiva” después del 24 de marzo de 1976.
Reciclarse y volver
Otorgar una distinción a un ex miembro de la CNU es grave en términos histórico políticos, pero que la propuesta ingresara al Honorable Concejo Deliberante de la mano del titular de la Comisión de Derechos Humanos es inentendible, tanto como que la ordenanza haya sido votada por unanimidad bajo la atenta mirada de los rostros de los detenidos/desaparecidos que colman las paredes de ese recinto desde el año 2011. Rápidamente distintos organismos pusieron en alerta el “error” cometido por los ediles marplatenses y tanto la Comisión Municipal de la Memoria como la Asamblea por una Sociedad Sin Fascismo presentaron documentación que ahora, a través de un nuevo expediente que aún no ha sido tratado ni mucho menos sancionado, intenta dar marcha atrás con un reconocimiento que nunca tendría que haber existido.
Cuando la impunidad se perpetúa en el tiempo permite que sombríos personajes puedan reciclarse con actos “camaleónicos” para así volver a la sociedad como distinguidos señores. Se crean entonces paradojas que hacen que víctimas y victimarios compartan un mismo espacio en la vida social como si nada entre ellos hubiera ocurrido. Tal es el caso del actual Juez Hooft que enfrenta una causa por graves delitos de lesa humanidad y que aún hoy continúa administrando “justicia”, o del ex Fiscal Federal General Gustavo Modesto Demarchi, recientemente fallecido, Jefe de la CNU, propietario de varios bingos y que logró ser candidato a intendente por el justicialismo en 1983, o de Pedro Asaro, que se desempeñó como Presidente de la Cámara de Libreros e intervino activamente en la organización de varias ediciones de la Feria del Libro y que en la actualidad cumple condena por su participación en el secuestro y asesinato en 1975 de la decana de la Facultad de Humanidades, la licenciada María del Carmen Maggi, o el mismo Jorge De la Canale que con sus gestiones políticas en el ámbito deportivo llegó a presidir la Asociación Marplatense de Atletismo, logrando de alguna manera que parte de la sociedad olvide su pasado como activo colaborador de la dictadura.
Este año se cumple el 50 aniversario del asesinato de Silvia Filler en manos de la CNU y por esas cosas del olvido, del destino, del amparo, de la impunidad y de cierta memoria selectiva, quien fuera parte de la banda que la asesinó, disfruta de sus últimos años con un reconocimiento que nunca debió existir.
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¿Este abogado es el mismo que ejerció la defesa de Carlos Monzón en el asesinato de Alicia Muñiz?
Sí Marcelo, el mismo. No sólo lo defendió a Monzón sino que en un momento admitió que su defendido "habló demasiado" e intentó reducir la condena alegando exceso de alcohol, potenciado luego por el tranquilizante que tomó al llegar a la casa y las agresiones recibidas en la discusión previa con Alicia Muñiz