La Cámara de diputados aprobó con 227 votos afirmativos un proyecto de ley que establece la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. La iniciativa obtuvo dos votos negativos, Francisco Sánchez (Pro) y Carolina Píparo (Avanza Libertad); y 3 abstenciones, de Gustavo Hein (Pro), Marilú Quiroz (Pro) y Carlos Zapata (Ahora Patria).
La sesión que comenzó pasadas las 13 horas y el debate continuó hasta pasada la media noche con otros proyectos en el recinto. La apertura del largo debate estuvo a cargo del salteño Lucas Godoy (FdT), quien señaló: “Estamos hablando de una política pública que como tal se desarrolle a largo plazo y tienda a brindar las soluciones que propone la normativa: generar condiciones dignas y de calidad para los sectores populares, en aquellos barrios que merecen una atención profunda para su transformación por parte del Estado”.
En ese sentido recordó que, en 2016, se realizó ese relevamiento que dio nacimiento al ReNaBaP. Con ello “se reconoce la existencia de barrios populares en 2017 y se sanciona finalmente la Ley 27.453 en octubre de 2017”.
El diputado oficialista agregó que “esta ley planteaba la creación de un fondo, un fideicomiso” y remarcó que “una norma de esta naturaleza cae en letra muerta si en definitiva no tiene los recursos para generar esas políticas, para implementarlas y transformar en la realidad la calidad de vida de miles y cientos de miles de personas”.
Godoy detalló que “ese fondo se integra con el 9% del impuesto PAIS y el 15% del Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas. Para implementar, entre otras cosas, la transformación, la integración urbana, la vivienda, el plan Mi Pieza, que significó que más de 170 mil mujeres fueran seleccionadas; una inversión de casi 39 mil millones de pesos y que se alcance a cerca de 4.200 barrios en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires”.
“En ese momento se relevaron más de 4.400 barrios populares –puntualizó-. Se conoció además que el 68% de esos barrios no accede a la energía eléctrica, que casi el 90% no accede al agua corriente. Casi el 100% no accede a red cloacal, con todo lo que significa eso para la salud de las familias que allí viven. Y el 99% no accede al servicio de gas natural”.
Godoy destacó además que “la ley planteó declarar de interés público el Régimen de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares y suspendió los desalojos. Pero previamente declaró la utilidad pública y sujeto a expropiación de las tierras donde se encuentran asentados estos barrios. Suspendió los desalojos por 4 años, facultó la creación de un fideicomiso y estableció que al menos el 25% de la obra pública que allí se realice debe ser ejecutada por cooperativas y trabajadores de la economía popular. Pero también pensando en los que residen en los mismos barrios las realicen”.
El dipuitado puntualizó que la modificación propuesta tiene que ver con ampliar de 4.416 barrios a 5.687; que fueron también relevados y determinados en el decreto 88/21. Agregó que la modificación prorroga la suspensión de desalojos por el plazo de 10 años y que ese lapso dura la declaración de utilidad pública.
En más de cinco horas de debate, quienes más tuvieron voz en el recinto fueron los legisladores del oficialismo que pertenecen a organizaciones sociales. Desde el Frente Patria Grande, Natalia Zaracho manifestó: “Tener un certificado de vivienda te permite acceder a algo tan básico como el DNI, el correo cuando no tenés un domicilio no llega, la ambulancia, el patrullero, la educación y la salud tampoco”.
Su compañero de bancada, Federico Fagioli, por su parte señaló: «Es importante saber que la integración socio-urbana tiene que ver con pensar y discutir cómo queremos que se desarrolle nuestro barrio. Los problemas son multicausales, por eso necesitamos una planificación a largo plazo».
Por su parte, Juan Marino –titular del Partido Piquetero- expresó que “este proyecto de ley consagra y amplía derechos para vecinos de barrios populares, prorrogando los desalojos, ampliando el listado, y logrando que haya un porcentaje fijo del presupuesto para que garantice el tratamiento de esta política”.
La Ley 27.453 -aprobada en 2018- puso un plazo hasta el próximo 15 de octubre para frenar los desalojos, con lo cual urge la aprobación de la prórroga.
La iniciativa declara la emergencia socio sanitaria y ambiental en los barrios identificados por el ReNaBaP por 2 años, a los fines de agilizar los distintos procedimientos administrativos. Además incorpora la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de la vivienda y una asignación específica al destino de los fondos. Asimismo apunta a agilizar los procedimientos administrativos, procesos de urbanización más completos y mejoras en el acceso a los servicios públicos.
