Trece diputados sostuvieron que el acuerdo con la empresa de la familia presidencial generó "un perjuicio fiscal que afectaría gravemente al patrimonio estatal".
En sus fundamentos los legisladores sostienen que el acuerdo realizado en junio del año pasado generó un perjuicio fiscal que afectaría gravemente al patrimonio estatal. En ese sentido, sostienen que de haberse homologado hubiese redundado en una suma inadmisible, que lisa y llanamente, importaría una condonación de la deuda.
Cabe recordar que el acuerdo suspendido preveía el pago del cien por ciento de la deuda reconocida en 15 cuotas anuales con una tasa de interés inimaginable en estos tiempos del 7 por ciento anual. Es por ello que en los fundamentos de la solicitud de juicio político, los legisladores indican que en la propuesta que aceptó el letrado apoderado del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa (por instrucciones de Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad) el 50 por ciento de la deuda de la familia Macri con el Estado se pagará en el 2033 con una quita de 70.163 millones de pesos, que surgen de tomar el plazo y la tasa de interés aceptada por el Estado en lugar de lo que correspondería, que es la tasa de interés activa del Banco Nación. Por lo tanto el Estado Argentino cobraría después de tres décadas sólo el 1,18 por ciento de la deuda que debería percibir.
Ante ello los legisladores consideran que el presidente debería ser destituido por mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. El detalle del proyecto presentado es que no cuenta con la firma del presidente del bloque, Héctor Recalde. Aún así los legisladores entienden que se está frente a una conducta reñida con la transparencia que afecta al Estado en sus instituciones, pero también fundamentalmente al vínculo entre los funcionarios y el pueblo.
La presentación del proyecto representa el comienzo y complicado camino que incluye, como primer escollo a salvar, la convocatoria a una reunión de la comisión de Juicio Político que, a la sazón, preside el peronista-macrista, Álvaro González.
El pedido de juicio político lleva las firmas, además de las de Solanas y Gioja, las de Carlos Castagneto, Lautaro Gervasoni, Juan Manuel Huss, José Ciampini, Carolina Gaillard, Adrián Grana, Juan Manuel Pedrini, Jorge Barreto, Marcos Cleri, Eduardo Seminara, Guillermo Carmona, Martín Doñate y Juan Carlos Díaz Roig.
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