El Presupuesto es la proyección de ingresos y gastos que realizará el gobierno en el siguiente año, y a la vez delinea las políticas públicas con un horizonte plurianual. Requiere de la proyección de las principales variables macroeconómicas. En cuanto al PBI, se espera que en 2021, superado lo peor de la pandemia, habría un crecimiento del 5,5%, luego de la caída que habría este año (-12,1%). En este marco, se proyecta un aumento de las importaciones (+16,3%). Las exportaciones también crecerían, pero menos (+10,2%). Si bien el saldo comercial seguirá en valores positivos, unos 15 mil millones de dólares, habrá que cuidar las reservas internacionales para no ahogar el proceso de recuperación de la economía. Es lo que está en el espíritu de las medidas cambiarias adoptadas. De paso, una gran ayuda es la exitosa reestructuración de la deuda, que descomprime las necesidades de divisas para los próximos años.
Con las medidas tomadas, también se deja en claro que no se persigue una devaluación cambiaria, que implicaría un nuevo golpe para el bolsillo de los argentinos y las argentinas. La titular de la AFIP lo dijo con todas las letras: “si no hubiera regulaciones, sería el mercado el que decidiría cuánto vale el dólar”.
El Presupuesto recoge todas estas cuestiones y vislumbra una inflación en descenso, que se proyecta en el 29%, lejos del 53,8% del 2019. Respecto del tipo de cambio, se prevé una variación acorde a los precios internos del 25,8%, es decir, que se mantienen los niveles de competitividad actuales. Lo repito, no hay motivos para una devaluación como la que se trata de instalar.
Las últimas medidas cambiarias están enfocadas principalmente en las operaciones financieras, ya que las de comercio exterior se mantienen con idéntico acceso al mercado de cambios.
Por un lado, se regula la operatoria de cancelación de financiaciones en dólares por parte del sector privado no financiero, una de las principales fuentes de salida de reservas. En particular, se establecen lineamientos y bases para la reestructuración de deudas financieras del sector privado en dólares. Aquellas empresas que poseen vencimientos mensuales que superen el millón de dólares sólo podrán acceder al mercado cambiario por el 40% de los vencimientos. El resto deberá ser refinanciado, en línea con la política de deuda del gobierno nacional.
Por los montos involucrados, las PyMEs no se verán incluidas. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) señaló que “son adecuadas en el actual contexto para asegurar las divisas y canalizar el ahorro al sistema productivo, las PyMEs y la generación de empleo, resguardando a la economía de la verdadera inseguridad jurídica, que es la especulación financiera”.
Entre otras medidas, los no residentes no podrán realizar en el país ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera. La idea es, según comentó el BCRA, “restringir la realización de maniobras especulativas llevadas adelante por fondos de inversión no residentes en el país y su impacto sobre la dinámica de los mercados financieros y de cambios”.
En cuanto al anticipo del 35% en el caso de las compras con tarjeta en el exterior, quedan exceptuadas del pago a cuenta aquellas relacionadas con servicios de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros, gastos asociados a proyectos de investigación. Otra muestra de que se trata de asignar estratégicamente recursos públicos y escasos, como son las reservas.
Dos modelos
El Presupuesto es, por sobre todas las cosas, un plan de gobierno. Refleja cierta visión, los objetivos, y las políticas que se impulsarán para tratar de alcanzarlo. Traducido a los términos que suelo utilizar: son los “qué”, acompañados de los “cómo”.
Estos temas aparecen en el tradicional mensaje del Ejecutivo, que precede al articulado. Para no perder la perspectiva, puede resultar útil recuperar lo principal del contenido del mensaje del Presupuesto del año 2018 (presentado en 2017), antes de que el proyecto de Cambiemos terminara de resquebrajarse. Permite ver la esencia de aquel modelo y ayuda a contrastar con lo que se acaba de presentar.
Ya el primer párrafo comenzaba con toda una definición: “Sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay trabajo, y sólo generando trabajo podremos eliminar la pobreza”. Es decir, “efecto derrame” en su máxima expresión. Ninguna referencia a la importancia del mercado interno ni a los problemas estructurales del país, entre otros.
Acto seguido se señalaba: “tenemos que recorrer este camino sin tomar atajos que incuben futuras crisis”, una afirmación que quedaría refutada unos pocos meses después, con la devaluación y el regreso al FMI. En el detalle de los “cómo” se afirmaba: “lograr que la inversión crezca de manera sostenida requerirá de estabilidad macroeconómica, reglas de juego simples y estables, y políticas que fomenten la competencia (…). La inserción inteligente al mundo también será clave para fomentar la inversión (…). El nuevo marco legal de Participación Público-Privada (PPP) contribuirá también fomentando la participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura que el país necesita”. Un mensaje bien cercano a los decálogos de propuestas del Foro de Convergencia Empresarial.
También se decía: “el cumplimiento de las metas fiscales permitirá estabilizar los ratios de deuda pública en nivel históricamente bajos”. Nada que ver con la realidad de un proceso de endeudamiento desmedido que tornó la deuda impagable, y que obligó al actual gobierno a refinanciarla, con un resultado exitoso.
La comparación no deja dudas. En el actual mensaje 2021, ya desde el primer subtítulo (Los objetivos estructurales del Gobierno Nacional) se afirma que el país debe “experimentar profundos cambios estructurales para conformar una economía sustentable que le garantice a cada trabajadora y trabajador la posibilidad de tener un empleo con derechos y a cada empresa que se desempeñe en nuestro país la posibilidad de acceder al crédito, invertir, impulsar la producción, las exportaciones y el empleo agregados en un horizonte despejado”. Lo contrario de la especulación financiera del esquema previo.
Luego se mencionan cinco condiciones estructurales necesarias para avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable en términos económicos, sociales y políticos (inclusión, dinamismo, estabilidad, federalismo y soberanía), que se asientan en “la convicción de que el Estado cumple un papel fundamental, esencial e indelegable a la hora de impulsar un proceso de desarrollo”. Como menciona el mensaje, “aquí, como en cualquier otra parte del mundo, la retracción del Estado en los procesos económicos y sociales a lo largo de la historia solo ha provocado mayores niveles de desigualdad que terminan socavando la sostenibilidad política y económica del desarrollo”.
En síntesis, nada de efecto derrame y Estado “canchero” y una fuerte apuesta al mercado interno y al cambio estructural que se necesita. Este es el rumbo a transitar.
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