El fiscal Di Lello rechazó la denuncia aunque falta la decisión de Bonadío.
Di Lello resolvió rechazó las acusaciones contra Macri, Garavano y Morales al concluir que las heridas que se provocó la referente de la Tupac «no resultan suficientes para sustentar el impulso de la acción penal». La denuncia había sido presentada por el Comité el 20 de octubre pasado y tras la desestimación fiscal deberá decidir el juez Claudio Bonadío, en quien recayó la presentación.
Los funcionarios fueron acusados del delito de instigación al suicido de la dirigente social y diputada del Parlasur producto del incumplimiento de la medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras resoluciones internacionales y del permanente hostigamiento que sufre. La presentación había sido motivada luego de que tras ser notificada del rechazo de un nuevo recurso de habeas corpus en su favor, Sala se auto infligió lesiones en un nuevo intento de quitarse la vida.
El habeas corpus correctivo que pedía que la referente regrese a su lugar de detención en la casa de El Carmen, fue rechazado por el Juez de Control Nº 4 Isidoro Cruz el 19 de octubre. Ayer la Cámara de Apelaciones de Jujuy ratificó ese rechazo, con lo que convalidó la decisión del juez Pablo Pullen Llermanos, quien resolvió incumplir la orden de la CIDH y regresar a Sala a la cárcel, donde el organismo internacional advirtió que se ponía en riego su vida y su integridad.
Al apelar, los abogados de Sala advirtieron que la decisión de Cruz pone en riesgo la integridad física de Sala, su vida y constituye un daño directo a su acceso a la Justicia.
Pero además de rechazar el habeas corpus, los camaristas Gloria María Mercedes Portal de Albisetti, Emilio Carlos Cattan, y Néstor Hugo Paoloni, también llamaron la atención a los abogados defensores Paula Álvarez Carreras, Luis Paz y Néstor Ariel Ruarte por utilizar lenguaje peyorativo contra los jueces Cruz y Pullen Llermanos.
El llamado de atención lo hizo la presidente Portal de Albisetti, que antes de preocuparse por la diputada del Parlasur se escandalizó porque los defensores calificaron la decisión de los magistrados de mantener a Sala en prisión como una amenaza ilegal -también dijeron ilegítima y arbitraria- a su vida y su integridad psicofísica.
En el mismo fallo, la Cámara de Apelaciones ratificó la postura del poder judicial de Jujuy de resistirse a cumplir la resolución de la CIDH que reclamó que Sala sea puesta en libertad o derivada a prisión domiciliaria por el riesgo de vida que corre en prisión. La presidenta de la Cámara insistió en que la Comisión solicita pero no ordena al Estado Argentino a cumplir sus reclamos.
En tanto, Milagro Sala fue internada el martes en la clínica Los Lapachos para realizarse estudios médicos, tal como habían pedido los defensores, cuando Pullen Llermanos decidió poner fin a la domiciliaria en El Carmen. El esposo de Sala, Raul Noro, dijo que si bien aún no tienen los informes médicos de los estudios, la dirigente no está bien, sobre todo anímicamente.
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