Jaru Alexander Rodríguez es migrante venezolano, trabaja en una app de delivery y vive hace siete años en la Argentina. Desde entonces participa en distintas organizaciones sociales, colaborando en ollas populares y espacios comunitarios. Actualmente, forma parte de un comedor y huerta comunitaria de una de las fracciones del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).
El 10 de marzo participó de la manifestación que se realizó en las afueras del Congreso Nacional, en contra del acuerdo con el FMI, que fue aprobado en la Cámara de Diputados y que este jueves se trató en el Senado.
El lunes último, allanaron su domicilio y fue detenido, acusado de haber sido partícipe del ataque organizado con piedras al despacho de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Sus amigues y familiares difundieron un comunicado en el que señalan que, si bien el joven estuvo en la movilización, no participó de los hechos de los que se le imputan y reclaman su libertad. «Nada más alejado de la realidad, por la cual Jaru se encontraba allí marchando. Afirmamos que Jaru es inocente de todos los hechos a los cuales lo vinculan en esta causa», sostiene el comunicado difundido por redes sociales.
«Cuando se estaba yendo le piden ayuda para mover un tacho de basura, para impedir el avance de la policía que había comenzado a reprimir, y así poder desconcentrar de la plaza, pero en ningún momento generó ningún hecho de violencia. Las pruebas reflejan exactamente lo que él dice», cuenta a Tiempo su abogado, Martín Alderete.
La imputación por la que está detenido en la Comisaría 8 de Villa Lugano es que forma parte de una asociación ilícita que tiene por objeto «cometer desmanes» y, según explica su abogado, nombra al MTR vinculando a la organización con la protesta de diciembre de 2017, en el marco de la reforma del sistema previsional que impulsó el gobierno de Mauricio Macri. Al joven de 29 años se le imputa, además, atentado a la autoridad, lesiones, daño agravado y «todas las contravenciones que se te ocurran», detalla el abogado. «No explican por qué se le imputa eso porque no se lo ve haciendo ninguna acción delictiva. Jaru estuvo dispuesto a contestar y la fiscalía no quiso preguntar; evidentemente, no tiene interés en conocer la verdad».
La fiscalia pidió prisión preventiva y este viernes se realizará la audiencia juzgado Nº 23, que marcará como sigue la situación del imputado.
«Desde el punto de vista judicial, deberían investigar los delitos concretos y, si tienen la tesis de que hay una asociación ilícita, deberían tener elementos que lo prueben. Lejos de investigar los delitos concretos, desde lo judicial crean una imputación gravísima y, tanto desde el gobierno como de la oposición, utilizan esto para avanzar sobre las organizaciones sociales. Y eso es lo preocupante porque lo que han hecho desde el 2000 hasta acá es organizar a los sectores más vulnerables y tratar de darle un cauce a los reclamos justos que tenían», sostiene Alderete.
Por su parte, sus amigues y comapañeres de militancia difundieron un comunicado en el que reclaman su libertad. «Esta situación la leo como un chivo expliatorio para criminalizar la protesta social y esconder el verdadero problema, que es lo que se votaba dentro del Congreso. Se elige un ser inocente para armarle una causa con alto contenido xenófobo», dice a Tiempo Andrés, amigo del detenido.
El derecho a la protesta y los programas sociales
Luego de la serie de detenciones, todas ligadas al MTR, Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, anunció a través de Twitter que el detenido era beneficiario del Programa Potenciar Trabajo y que luego de la detención, «le dieron de baja», a contramano del principio de inocencia, en un caso donde ni siquiera hay imputados, sino sospechados.
El tweet fue citado por la propia Patricia Bullrich, presidenta del PRO, quien festejó que «le saquen el plan» y reclamó que hagan lo mismo con las personas que se manifiestan «cortando rutas».
Distintos medios de comunicación confundieron la información y adjudicaron la detención de Jaru Alexander Rodríguez, con la quita del programa social. Su abogado lo desmintió: «Jaru no cobraba ningún plan. Era un militante solidario que se vinculaba con la problemática social del país, a través del trabajo social directo. Pero este marco se utiliza para sacarle lo poco que tienen a los sectores vulnerables y estigmatizar a las organizaciones sociales y a sus militantes», concluyó.
