A medida que se van conociendo más detalles de cómo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires utiliza recursos de las y los porteños para la campaña electoral de “Juntos”, al mismo tiempo que obliga a trabajadores tercerizados de la línea 147 a llevar adelante la campaña por los precandidatos de ese espacio político tanto en la Ciudad como en la Provincia; se suma otro grave incidente que va en el mismo sentido, pero que ocurre a 300 kilómetros del distrito porteño, en la localidad bonaerense de Azul
En esas tierras gobierna el intendente de Juntos por el Cambio, Hernán Bertellys, quien en 2019 se presentó por un nuevo mandato y obtuvo un importante triunfo con el 57,23% de los votos. “El intendente se rodea de personas leales, y todo lo que hacen está habilitado por él”, señala a Tiempo un estatal del municipio de Azul que pidió mantener su anonimato. Una de las personas “leales” de Bertellys es la directora de Recursos Humanos de ese municipio, María Cristina Álvarez, quien en las últimas horas fue acusada de amenazar a trabajadores y trabajadoras municipales con dejarlos sin trabajo si no militaban a los candidatos del actual intendente para las elecciones del domingo. Álvarez, diagramó varios grupos con estatales precarizados del municipio para repartir las boletas del oficialismo local.
La noticia se conoció cuando empezó a circular un mensaje de audio de WhatsApp, donde se la escucha a la funcionaria macrista, con tono amenazante hacia los trabajadores, por no haber realizado el reparto de las boletas electorales: “Yo no admito que al día de la fecha no hayan repartido las boletas de la primera ronda, no lo admito”, comienza el audio. “Porque yo estuve continuamente en contacto y les estoy pidiendo que me informen, entonces, todos los que estamos acá en el grupo, salvo algunos que lo están haciendo para ver si en algún futuro van a trabajar, el resto, todos tenemos que, de una parte o de otra, que luchar por esa boleta, porque de ahí depende nuestro laburo”.
La titular de Recursos Humanos, habla de la boleta oficialista que encabezan Alejandro Vieyra, actual secretario de Gabinete de Azul, y que ahora va como precandidato a Concejal; Diego Robbiani, quien actualmente se desempeña como secretario de Desarrollo Humano de Olavarría, y que aparece como precandidato a senador por la séptima sección; y por último, Lucrecia Egger, actual senadora y dirigente de Juntos Azul, que va en la lista que encabeza Diego Santilli como primer precandidato a Diputado Nacional bonaerense.
El mensaje de Álvarez se viralizó rápidamente entre vecinos y vecinas del municipio y todos coinciden que es la voz de “Cata”, como se la conoce en el distrito. “Ya saben para quién va a el mensaje, yo cuando alguien me dijo ´hoy no puedo Cata´, le busqué reemplazante, para eso está este grupo”, agrega la funcionaria macrista. “Así que si hay alguna otra de las cuadrillas que yo armé que no pudo repartir las boletas, por favor me lo dicen ya, porque hoy o mañana tienen que estar todas las calles repartidas porque a partir del jueves tenemos que hacer la segunda ronda. ¡Mañana tienen que estar todas las calles hechas!”, termina.
El rechazo de los estatales no tardó en llegar, quienes repudiaron enfáticamente y adviritieron que van a realizar las presentaciones pertinentes en la Justicia y en el Ministerio de Trabajo: “Esto es gravísimo porque en el audio, Álvarez, dice que si quieren continuidad laboral tienen que militar para el intendente y entregar esas boletas”, manifiesta a Tiempo Eduardo Bercovich, secretario General de la seccional de ATE de esa localidad. “Esto tomó mucha trascendencia porque apareció el audio, pero ya se sabía extraoficialmente de que el intendente lleva adelante estas prácticas. Son más de 30 trabajadores y trabajadoras que actualmente están siendo obligados a militar por Juntos, sino se quedan sin trabajo. Es lamentable, son casi todos trabajadores del estacionamiento medido del municipio que no están en planta permanente. Les prometen estabilidad laboral y si no lo hacen los amenazan con dejarlos sin laburo”
Según el responsable sindical de la zona, esos trabajadores son contratados por el municipio y obligados a afiliarse al STMA, que es el sindicato que responde abiertamente al Ejecutivo local, y es el gremio que firma salarios a la baja en cada encuentro paritario. Por este tema, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales del Partido de Azul (SOEMPA), hizo pública su denuncia, al manifestar en un comunicado que, el municipio al mando de Bertellys junto a sus aliados “violan las leyes constantemente en todos los temas, nada les importa, se creen impunes y juegan con las necesidades de los más vulnerables”. Asimismo el SOEMPA exigió al jefe municipal a “instruir a sus funcionarios para cesar estas prácticas, y liberar a los trabajadores a su libre albedrío”, y terminan advirtiendo que de no hacerlo “no dudaremos en realizar la denuncia correspondiente a la violación a la Ley N° 23.592”, sobre diferentes actos que hacen a la discriminación.
