Por un allanamiento, mantuvieron encerrados a empleados y forzaron cajones. Desde el FPV sostienen que se trata de un intento por "ensuciar" la imagen de su administración.
El operativo, ordenado por la justicia federal de Quilmes, comenzó a las 9 de la mañana, un horario en el que el edificio estaba funcionando con todo su personal que, según trascendió por los mensajes que pudieron enviar los trabajadores, fueron mantenidos encerrados en sus oficinas. El episodio fue leído como un caso de persecución política. Son formas que nada tiene que ver con la democracia, se quejó el diputado provincial del FPV y ex intendente de la localidad, Juan José Mussi.
El operativo se realizó -durante, por lo menos, siete horas- en el edificio de Av. Rigolleau 3150 por orden del juez federal del Tribunal Nº 1 de Quilmes, Luis Antonio Armelia, y se originó tras una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra el intendente Patricio Mussi, del Frente para la Victoria (FPV), y otra por presunta malversación y defraudación sobre los Planes Argentina Trabaja que coordinaba el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El propio magistrado informó a la agencia estatal Télam que la denuncia provino de un médico de apellido Nadaz y la radicó en el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, y aclaró que es posible que realicen otros operativos para hallar información.
Dicen que el procedimiento es por una denuncia anónima. Cerraron todo, encerraron al personal. Sacaron paneles de los techos, forzaron cajones, narró el diputado Mussi a Tiempo. En ese contexto, explicó que fue un operativo parecido a los de la época de los militares, y detalló que no encontraron nada, que sólo se llevaron papeles.
El allanamiento llamó la atención porque fue realizado en un horario y un día en el que confluía la mayor cantidad de gente, porque es un día de cobro de sueldos y tasas. Además, remarcaron el hecho de que el intendente Patricio Mussi estaba de licencia desde hace dos días, y que la comuna estaba a cargo del intendente interino Juan Carlos Valor.
Fuentes del gobierno de la Nación informaron que el procedimieto fue parte de un megaoperativo de 10 allanamientos, 4 en domicilios particulares, 4 en comerciles, el de la Municipalidad y otro pedido de información al Ministerio de Desarrollo Social.
De todas formas, el legislador y padre del intendente adelantó que van a tomar las instancias legales posteriores que correspondan. Y contó que el intendente estuvo al tanto de lo que ocurría desde un primer momento.
A través de mensajes de Whatsapp, el concejal de Berazategui Fernando Tévez reveló que el allanamiento fue a raíz de denuncias de concejales opositores, y que los gendarmes se llevaron documentación y algunas PC. También destacó que no hubo funcionarios detenidos ni situaciones de violencia durante el operativo.
En línea con el diputado Mussi, Tévez sostuvo que se trata de una búsqueda desesperada por ensuciar la imagen de una administración intachable, con una gestión que solo ha hecho de Berazategui un Pueblo Próspero y a su gente digna. Cosas que este Gobierno y el Partido Judicial cómplice no nos perdonara Jamás.
Por su parte, trabajadores municipales dijeron que durante el allanamiento dieron vuelta todo buscando papeles de manera brusca y rompiendo cajones» y analizaron que «ya realizaron este año dos allanamientos por un tema relacionado con el agua. Es evidente que es una persecución política».
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