El Gobierno tomó argumentos de Facebook para una cautelar.
Es el caso de Priscila, mamá de una nena de 1 año, que inscribió a su hija en octubre del año pasado a través del sistema On line del Gobierno de la Ciudad.
Iniciamos los reclamos en el mes de noviembre al día siguiente de la asignación de vacantes, nuestra hija quedó en el puesto 43 de la lista de espera de la primera opción de colegios que seleccionamos, señala Priscila en una nota brindada a este diario.
La damnificada relató lo ocurrido a partir de ese momento: realizamos reclamos en todas las entidades posibles y finalmente pusimos un recurso de amparo. Nos otorgaron una cautelar favorable el día 20 de marzo.
El encargado de dictar este recurso fue el juez Lisandro Ezequiel Fastman, al mando del juzgado 14, secretaría 27. La cautelar indica que nos debe dar una vacante en el sistema educativo local, agrega Priscila.
Por este hecho el Ministerio de Educación, que dirige María Soledad Acuña, apeló esta cautelar, alegando que ellos están obligados a dar un vacante a partir de los 4 años – yendo a contramano del artículo 24 de la constitución de la Ciudad- y solicitan que se interrogue al empleador de Priscilla (Hospital Alemán) acerca de cuál es el monto que le otorgan por guardería.
Cabe aclarar que ese beneficio está contemplado en el convenio colectivo de trabajo, ya que el nosocomio no posee un jardín maternal propio.
Si bien la elección de las familias de enviar a sus hijos a un colegio público no debe ser soslayada por este punto, lo más preocupante es que el Gobierno de la Ciudad tomó como referencia una publicación en Facebook de Gustavo, padre de la nena y marido de Priscila, para redactar la contestación de demanda.
Por otro lado, también surge de la página de internet del progenitor de la niña www.facebook/gustavoteruel, que la niña ya se encuentra concurriendo a un jardín, situación que excluye el peligro en la demora, indica el escrito enviado de la cartera educativa.
Los medios de prueba que ofrece el Ministerio de Educación son canallescos, advierte Yamila Cirigliano, abogada de la familia, al mismo tiempo que denuncia que lo que están haciendo en realidad,es incumplir el artículo 24 de la constitución de la Ciudad.
Cirigliano observa con preocupación este hecho porque básicamente la cartera educativa, le dice al juzgado que entre al Facebook del papá de la nena donde se muestran fotos, que prueban que está escolarizada porque él la está llevando a un jardín privado.
La letrada adelanta que la respuesta legal al Ministerio de Educación, será oponerse a ambas pruebas porque acá no estamos discutiendo una cuestión económica, pareciera que para el gobierno de la Ciudad hay que estar debajo de la línea de pobreza para poder acceder a una vacante, lo cual es también canallesco, y agregó, no hay que demostrar quién es más pobre para poder acceder a la educación gratuita, es una locura. Cualquier padre que elije mandar a sus hijos a un colegio público lo tiene que hacer, están amparados por la ley nacional de educación, también.
A la crisis educativa en la Ciudad de Buenos Aires por las casi 22 mil familias que no consiguieron su vacante en colegios públicos, se le suma esta forma siniestra de espionaje cibernético, para tratar de justificar a quién se le da o se le quita una vacante: me da temor que recurran a algo así cuando encima están incumpliendo la ley ( .) claramente demuestran que estos son recursos que ellos consideran válidos, lo cual me parece bastante grave, señaló Priscila, refiriéndose a esta oscuro hecho.
Por último, desde el colectivo de familias auto organizadas, La Vacante Es Un Derecho, repudiaron este accionar del Gobierno de la Ciudad a través de un documento publicado en la web: el Ministerio de Educación que dirige Soledad Acuña, se ha dedicado a rastrear en las redes sociales los detalles de la intimidad de cada familia para usarlos en su contra y sostener quien es merecedor y quien no del acceso a este derecho, sentencia el comunicado.
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