Varios referentes comunitarios advierten sobre el despliegue de la PSA, Gendarmería y Policía Federal en la zona.
Los referentes comunitarios entienden que el proceso en marcha implica tres etapas: primero la judicialización para quitarlos del territorio y luego la demonización (criminalizar y deshumanizar) a través de los medios de comunicación para aislarlos y construir consenso social.
Ahora, alertan, dio comienzo una tercera fase, la represiva, con el despliegue en la zona de tropas de Gendarmería y Prefectura, y las policías Federal y Aeroportuaria con el fin de enfrentar cualquier reclamo ambiental, sindical o indígena que afecte la producción.
“Aquí la fase represiva ya comenzó: la militarización es un hecho palpable como un conflicto de baja intensidad que ha ido creciendo y ahora eclosiona”, explica Lef Nawel, coordinador de la zonal XawvnKo de la Confederación Mapuche de Neuquén.
Lef Nawel es Lonko y también abogado de comunidades en conflicto. Está adentro y vive a diario cómo “la Gendarmería produce situaciones de violencia y hostigamiento, nos están apuntando con armas todo el tiempo. Es una incitación permanente al conflicto para ver cómo pueden generar situaciones de violencia”, alerta.
Denuncia el estado de indefensión y vulnerabilidad que padecen “frente a la agresión permanente. Eso nos va a llevar a tener que defendernos por la fuerza; es la situación a la que nos quieren llevar (Patricia) Bullrich y (el presidente Javier) Milei, al enfrentamiento y la muerte”. Advierte que este panorama abre cursos de acción impredecibles porque “las comunidades se van a defender y puede haber una radicalización de los pueblos con resultados impredecibles; eso se ha visto en otros países con consecuencias nefastas”.
Y reflexiona: “El tema es qué nos queda por hacer ahora, hacia dónde avanzamos. Claramente nuestra postura es de unidad con el pueblo argentino ante esta situación de saqueo, violencia y espanto generalizado”, que padecen no solo los mapuches. «
El jueves 29 de agosto la localidad de Ingeniero Jacobacci, Río Negro, amaneció vallada y rodeada por medio millar de Policías, como amenazante fuerza de ocupación. Policías a caballo, en moto, en patrulleros, en camionetas, con perros; policías de la Guardia de Infantería y de Fuerzas Especiales, todos armados, se adueñaron por tres días del pequeño pueblo de 8 mil habitantes en el suroeste provincial.
Los había enviado el gobernador Alberto Weretilneck porque al día siguiente se realizaría allí una audiencia pública por el proyecto megaminero de oro y plata de Calcatreu, a 50 kilómetros de Jacobacci, de la empresa canadiense Patagonia Gold.
No era la primera vez, ya había sucedido lo mismo un año antes en Sierra Grande para la audiencia por un oleoducto de Vaca Muerta Sur.
“La presión y la violencia que desatan para imponer el modelo extractivista es central en este proceso. Por eso denunciamos la violación de los Derechos Humanos en el empobrecimiento de las familias y su desplazamiento forzoso de las tierras, porque es una condición para la minería el tener el territorio vacío”, alertó el vocero (werken) del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo.
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