El juez federal Daniel Rafecas procesó hoy al detenido ex ministro de Planficación Julio De Vido y al ex secretario de Energía Daniel Cameron por «negociaciones incompatibles con la función pública» a raíz de haber favorecido a la constructora brasileña Odebrecht en la adjudicación de dos contratos para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur entre 2006 y 2008.

Se trata del primer procesamiento dictado en la justicia argentina en una de las causas vinculadas al escándalo del pago de sobornos en distintos países por parte de la constructora brasileña.

Los contratos para ampliar los gasoductos, remarcó el magistrado, «debían ser negociados libremente por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa)» pero «en cambio fueron acordados bajo el condicionamiento establecido a través de las acciones singulares y conjuntas» de los entonces funcionarios ahora procesados, según el fallo de 308 carillas.

La megaobra con un presupuesto de 2.300 millones de dólares estuvo a cargo de Odebrecht, la constructora implicada en el escándalo brasileño del «lavajato» por multimillonarios pagos de sobornos en distintos países para obtener obra pública.

Para Rafecas, «todo el proceso licitatorio habría estado enderezado desde un principio a la adjudicación del negocio a Odebrecht», aunque aclaró que en su investigación no está comprendido el supuesto pago de sobornos, sino que esta parte del delito forma parte de otra causa a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

En la investigación de Rafecas se dio por probado que hubo negociaciones incompatibles, un delito que prevé hasta seis años de prisión, y se dictaron embargos por un millón de pesos a los procesados.

Desde el Ministerio que conducía De Vido, se creó el «marco normativo necesario» y, luego, desde la Secretaría de Energía, a cargo de Cameron, se negoció con Odebrecht y se llamó a una «licitación privada» a través de Cammesa, sostuvo el juez.

«En el caso de De Vido, la delegación de la toma de las decisiones hacia funcionarios de su dependencia junto con la ausencia de todo accionar en favor de la correcta prelación de los intereses estatales en juego, constituyó un aporte esencial a la actuación delictiva de los funcionarios dependientes de su cartera que benefició indebidamente a la empresa internacional de mención» y por ello lo procesó como «partícipe necesario».

En la investigación, se dio por probada «la existencia de una apreciable desvío de poder por parte de De Vido, Cameron» y otros dos procesados, los ex subsecretarios de Combustibles y Energía Eléctrica Cristian Folgar y Bautista Marcheschi.

El desvío fue «en dirección al involucramiento ilegal de Odebrecht en la adjudicación de la obra pública, maniobra formalizada el 6 de diciembre de 2006, con la suscripción del contrato entre la firma mixta Cammesa SA y Odebrecht».

De Vido «no pudo carecer de conocimiento -cuanto menos, de los trazos más gruesos, respecto del modo y la vía por la que la Constructora Norberto Odebrecht ingresó al desarrollo de las obras de infraestructura», agregó el juez.

A lo largo de la pesquisa se encontraron «persistentes comunicaciones» desde la Secretaría de Energía a Cammesa «recordando» el interés de Odebrecht en ser contratista de la obra. Además, se firmó un memorando de entendimiento entre la constructora y la Secretaría de Energía, que fue enviado a Cammesa.

Cameron y los ex subsecretarios fueron procesados como autores del delito en tanto que De Vido está acusado de «partícipe necesario».

De Vido está detenido en otra causa penal por un supuesto multimillonario fraude en el uso de fondos públicos destinados a reconvertir el Yacimiento Carbonífero Río Turbio, en Santa Cruz.