Cyberdefensa: la nueva zona gris en la que actuarán los militares tras la reforma de las FF AA

«Nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo todavía, pero en otros países el nivel de intervención es realmente increíble. Lo vivimos en Israel, cuando fuimos de visita oficial y pudimos ver cómo se metían en nuestros celulares luego de pedirnos el PIN de cada aparato. Era increíble, tenían el control total del celular y lo vi con mis propios ojos», contó un alto funcionario del gobierno argentino, entre canapés y saladitos, en medio del brindis organizado por una importante embajada en Buenos Aires. La anécdota, enunciada como ejemplo ante una consulta periodística, refleja el nivel de conocimiento que tienen los funcionarios de la administración de Cambiemos, y especialmente de aquellos que responden a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sobre la tecnología que el Estado de Israel ha puesto a disposición de la administración del presidente Mauricio Macri para avanzar en materia de «Cyberdefensa», uno de los ejes menos advertidos de la reforma de las Fuerzas Armadas que impulsa el Ejecutivo para relanzar su política de Defensa y «reguardar las fronteras físicas y virtuales del país».

Parte de esa tecnología que dejó boquiabiertos en Tel Aviv a los funcionarios argentinos, ya fue adquirida por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, al complejo tecnológico israelí, por una compra inicial de 7 millones de dólares, «con la finalidad de garantizar la protección de las fronteras externas de Internet y evitar ataques del exterior a nuestros proxys», es decir, los programas o dispositivos intermedios que conectan a los usuarios locales, con los servidores del exterior.

Parte de esa hipótesis de conflicto es el eje articulador de una Comisión de Cyberdefensa que integran los ministerios de Modernización, Seguridad y Defensa y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), además del Estado Mayor Conjunto de las tres Fuerzas Armadas, en manos del general Bari del Valle Sosa. «Todo lo adquirido no es para controlar adentro del país, sino para protegernos de las agresiones externas», atajó una alta fuente de la Casa Rosada, ante las consultas de este diario, para diluir las crecientes sospechas sobre una mayor adquisición de tecnología, con el fin de construir una versión criolla de la poderosa Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, uno de los aparatos de inteligencia interior más intrusivos que tiene el gobierno norteamericano para monitorear las comunicaciones telefónicas y virtuales de su propia población, y también realizar intrusiones en el exterior.

«Si alguna vez hubo algo en Defensa para hacer intervenciones telefónicas adentro del país, eso pasó cuando el Ejército estuvo en manos (del General César) Milani», retrucó una fuente de Seguridad para negar que la adquisición de tecnología israelí esté destinada a reemplazar los equipamientos que los funcionarios de Cambiemos dicen no haber encontrado cuando llegaron al Edificio Libertador, apenas el radical Julio Martínez juró el 10 de diciembre de 2015, como primer titular de la cartera castrense que ahora conduce Aguad.

En el entorno del presidente Macri, el plan de lanzamiento de la «fuerza de cyberdefensa», dentro de la reforma de las Fuerzas Armadas, estaba previsto para el mes próximo, aunque por fuera de las presentaciones, la cartera de Seguridad ya lleva adelante «al menos cuatro simulacros de ataques externos sobre nuestro sistema informático», confirmaron en Balcarce 50, aunque los voceros de la ministra Bullrich eludieron sistemáticamente las consultas de este diario al respecto.

Las escuchas telefónicas estuvieron en manos de la ex SIDE hasta la muerte del fiscal Alberto Nisman. Desde enero de 2015, la vieja oficina de Observaciones Judiciales, bautizada como «Ojota», fue transferida al Ministerio Público Fiscal, por una decisión ejecutiva de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Apenas Macri asumió la jefatura del Estado revirtió ese proceso y puso el aparato de escuchas bajo el control de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo). Apenas comenzó a funcionar, la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), integrada por organismos como el CELS, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), y la Fundación Vía Libre (FVL), advirtieron que «este armado consolidó de un modo increíble y legalmente cuestionable otro de los aspectos clave de la crisis del sistema», porque «en el convenio firmado entre la Corte y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se restauró el viejo esquema de escuchas y, además, se convalidó la gestión e intervención directa de la estructura judicial federal en áreas y tareas de inteligencia, con apoyo directo de la AFI. Esto profundiza la relación de promiscuidad que existe desde hace décadas entre ambas y muestra que ante la crisis que estalla en 2014 el sistema se sigue apoyando en ese esquema en lugar de cambiarlo».

A ese creciente descontrol de las escuchas telefónicas, se sumó el nuevo decreto 683/18, que reglamenta nuevamente la Ley de Defensa Nacional y permite que las Fuerzas Armadas intervengan en tareas de asuntos de seguridad interior, donde define nuevas agresiones que «no sólo son de carácter estatal militar, sino que a veces toman otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y tienen efectos en él, afectando intereses que la Defensa puede y debe contribuir a preservar», sostiene el texto. Con ese nuevo concepto, que instituye el despliegue militar en territorio nacional por «objetivos estratégicos», la nueva fuerza de cyberdefensa hará lo propio, en la misma zona gris donde el gobierno intercalará la intervención de Fuerzas Armadas y de seguridad.  «